El resultado fiscal mejora, los acreedores quieren que les paguen más y surge el debate por el destino del superávit

El Gobierno festeja los récords en la recaudación y el sobrecumplimiento de las metas con el FMI; especialistas y funcionarios explican que al país no le sobra el dinero y advierten que comenzar a comprometer un mayor gasto público a raíz del buen resultado de caja alcanzado en enero equivaldría a tomar por un sendero demasiado peligroso
Alejandro Rebossio
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29 de febrero de 2004  

Si el propietario de una vivienda en alquiler se entera de que su inquilino moroso está cobrando más sueldo, seguramente le exigirá que se ponga al día. Si ese inquilino tiene hijos con carencias materiales, posiblemente gaste los nuevos recursos en ellos. De este modo o del otro suelen ilustrar el problema del excedente fiscal de la Argentina los tenedores de bonos en default y los funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner.

En el primer mes del año, el ahorro fiscal total, que se destina al pago de los servicios de la deuda regularizada, ascendió a $ 1588,4 millones, unos $ 488,4 millones más que lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el período enero-marzo. Se espera que la cifra trimestral oscile entre $ 2500 millones y $ 2700 millones, muy por encima de los $ 1100 millones.

La discusión se centra en qué debe hacer el Gobierno con el dinero de los ciudadanos. Debe calmar los reclamos de los tenedores de bonos que le prestaron al país y así solucionar uno de los principales problemas pendientes de la economía, el default de la mitad de la deuda argentina. El Estado ha de asistir mejor a la mitad de la población que vive en la pobreza o emprender más obras para generar empleo y mover la actividad real. Existen terceras vías que pueden incluir a esas dos alternativas o incorporar otros elementos, como saldar otras deudas que no entraron en la reestructuración, evitar la emisión de más títulos o cumplir con la promesa formulada al FMI de rebajar el distorsivo impuesto al cheque.

El superávit fiscal primario (ingresos menos gastos, antes del pago de la deuda) se destina en primer lugar al pago de intereses. Lo que sobra se dedica a saldar amortizaciones. Con el excedente se pueden otorgar préstamos a las provincias o rescatar bonos. "No es cierto que se use para pagar más sueldos o para hacer obras", aclara una alta fuente del Ministerio de Economía, que prefirió guardar el anonimato.

Las apetencias de distintos sectores por ahora se enfrentan ante un gobierno cuidadoso de las cuentas, según reconocen hasta los economistas más críticos. El presidente Néstor Kirchner consulta todos los días los resultados de la recaudación tributaria, incluso cuando viaja, como esta semana a Venezuela.

En el Palacio de Hacienda aclaran que el superávit extraordinario del mes pasado se obtuvo porque el Gobierno adelantó el pago del aguinaldo de principios de enero a fines de diciembre. Esta partida supone unos $ 1000 millones, por lo que el ahorro fiscal supondría en realidad $ 588,4 millones, la mitad de lo previsto para el primer trimestre.

La cartera que conduce Roberto Lavagna además intenta ser prudente antes de decidir qué hacer con el excedente, según el alto funcionario consultado. "El superávit de un mes no permite marcar una tendencia. No se puede pensar que cada mes tendremos 500 millones de más. Primero tenemos que ver si cumplimos lo pactado", explicó.

"Que haya un fuerte superávit en enero no significa que se repita en los dos meses siguientes", advierte el economista Fernando Marongiu, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). "Este gobierno muestra voluntad de tener cuentas fiscales que cierren, pero en la historia argentina siempre ha pasado que se gasta de más. No cantemos victoria antes de tiempo", alerta Marongiu. "No hay excedente todavía, es coyuntural y muy reciente para afirmarlo", coincide Eduardo Rodríguez Diez, investigador de la Fundación Capital.

El resultado de enero fue impulsado por la recaudación de impuestos, que marcó un récord, $ 7160 millones, y una baja del gasto. Según una planilla del sector público, en enero se registraron ingresos corrientes por $ 7763,7 millones y gastos corrientes por $ 6056,1 millones.

Por el régimen actual de coparticipación federal de impuestos, un tercio de la recaudación se gira a las provincias. Por lo tanto, un 33% del sobrante debe transferirse necesariamente a los gobernadores. El debate se centra entonces sobre qué debe hacerse con los dos tercios restantes.

El martes pasado, cuando Lavagna anunció los datos del ahorro, el ministro explicó que el Estado aprovechó los recursos inesperados para cancelar las deudas por reintegros a las exportaciones y con las universidades. Reiteró que el excedente no abre el camino para flexibilizar la oferta de quita del 75% a los tenedores de bonos en default, sino que se utilizará para atender compromisos ya establecidos, como el pago de Boden y de Bocon, en lugar de refinanciarlos.

En el Palacio de Hacienda agregan que deberán usar los fondos para compensar los US$ 250 millones de un crédito para ajuste fiscal que el Banco Mundial iba a aprobar este mes, pero cuya concesión se demoró hasta que el FMI termine la segunda revisión del acuerdo. El 9 del mes próximo, además, la Argentina deberá cumplir con un vencimiento de US$ 3100 millones con el Fondo.

El excedente también servirá para evitar la emisión de nuevos bonos, tal como está prevista en el financiamiento de la ley de presupuesto 2004. En el primer trimestre se prevería la colocación de títulos por $ 1000 millones, pero Economía ya descarta la necesidad de hacerla. El año pasado, el superávit fiscal primario de la Nación resultó del 2,3% del producto bruto interno (PBI), en lugar del previsto 2,1%, y el Gobierno aprovechó entonces para cancelar la emisión de papeles por $ 3000 millones.

La Argentina acordó con el FMI en septiembre pasado una meta de ahorro fiscal total del 3% del PBI para 2004. Como se calculaba que el crecimiento alcanzaría un 4%, el compromiso concreto se fijó en $ 12.500 millones, de los cuales $ 10.000 millones deberán ser aportados por la Nación.

Las mejores perspectivas de expansión hacen suponer a los altos funcionarios de Economía que el FMI finalmente exigirá que se cumpla con la meta expresada como porcentaje, es decir, el 3% de un PBI que crecerá 5,5% según Lavagna y hasta un 7% según los analistas. La economía argentina iba a alcanzar a los $417.000 si se crecía al 4%, pero llegará a $ 430.000 si se cumple la nueva previsión oficial. El monto del ahorro deberá elevarse entonces en $ 400 millones, hasta $12.900 millones.

También se incrementaría el gasto primario si la economía crece más de lo esperado. "El gasto representa un 22% del PBI, cuando era del 25% en tiempos de la convertibilidad y después de haber bajado a menos del 20", justificó la alta fuente del Ministerio de Economía. De todos modos, comentó que esa cartera no ha recibido presiones para aumentar las jubilaciones ni las obras públicas, pero otros ministerios suelen preguntar qué se hacen con los recursos de más.

Rodríguez Diez alerta de que el gasto primario está acercándose a los niveles de la convertibilidad, como porcentaje del PBI, pero conserva su confianza en que, mientras Lavagna siga siendo ministro, el Gobierno no se volcará masivamente a gastar. El economista advierte: "Seguir inflando el gasto sería mal visto por los acreedores y alejaría la posibilidad de un acuerdo". Conjetura que quizá termina cediéndose a presiones por bajar impuestos, aumentar algún gasto o transferir más a las provincias.

El presidente Néstor Kirchner aprovechó los excedentes del año pasado para dar en diciembre un aumento de las jubilaciones mínimas de $ 220 a $ 240. En Economía reconocen que el nivel sigue bajo, como también la inversión en obras públicas.

Otro destino para los excedentes radicaría en compensar la caída de la recaudación que generará la eliminación gradual de la alícuota del impuesto al cheque, comprometida con el FMI para este año. Si bien Lavagna siempre vinculó la desaparición de este gravamen al aumento del tributo al cigarrillo, ahora en Economía admiten que lo comenzarán a reducir en el segundo semestre, si la economía sigue prosperando más que lo proyectado en un principio.

Marongiu considera que no sólo el crecimiento generará excedentes. El economista considera que la inflación terminará el año en el 6% o 7%, por debajo del 10,5% previsto y a partir del cual se calcularon todos los gastos.

"¿Qué hago: más gasto social, o hago un pago plus a los acreedores para cerrar un acuerdo, o saldo deudas atrasadas?", baraja Marongiu. La ley de presupuesto 2004 prevé la emisión de bonos de consolidación de deuda por $ 2900 millones para proveedores, provincias, jubilados y pensionados.

"Lo que debería hacerse es un mix de las tres opciones", opina Marongiu. Agrega una cuarta: la eliminación de impuestos distorsivos, comenzando por el que grava las transacciones financieras y siguiendo por las retenciones a las ventas externas. "Si querés crecer por exportaciones, podría darles un incentivo", observa el investigador del Cippec.

"Es miope comprometer el superávit primario para pagar más a los tenedores de bonos porque está basado en impuestos distorsivos", criticó Rodríguez Diez. "La Argentina nunca tuvo este nivel de superávit y las variables fiscales son volátiles. Este es un país volátil y jamás hemos tenido cinco años de crecimiento sucesivo", atacó a quienes proponen elevar a partir de este año o el próximo el ahorro fiscal al 3,5% o al 4,5% del PBI.

El economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Alfredo Gutiérrez Girault, admite que los fondos líquidos pueden dar un grado de libertad al Gobierno para que conceda un "endulzante adicional" a los tenedores a la hora de cerrar la oferta de pago final. Un incentivo similar, engrosado con ayuda multilateral, se ofreció en 1991 para reestructurar la deuda.

El economista jefe del IAEF prevé que el Gobierno conseguirá entre $ 500 millones y $ 600 millones de sobrantes y los utilizará para seguir saldando deudas pendientes, cumplir con los vencimientos de bonos regularizados, realizar algún gasto social puntual y elevar lo destinado a capital, es decir, infraestructura, porque es lo más fácil de recortar en tiempos difíciles, a diferencia de las partidas de salarios y jubilaciones.

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