El retorno de antiguas imágenes en blanco y negro

Hace ya unos cuantos años que Guillermo Francella popularizó un gracioso personaje televisivo que vivía en el pasado (“Enrique el antiguo”), con el sencillo recurso de aparecer en blanco y negro dentro de un entorno multicolor y con un vocabulario totalmente pasado de moda. Salvando las distancias, el gobierno del Frente de Todos (FdT) hace ahora lo mismo en su desesperada carrera contrarreloj tras el incierto objetivo de revertir dentro de 22 días el resultado de las PASO. La diferencia es que, más que simpático, resulta patético.

Casi todas las medidas económicas populistas (“platita en los bolsillos”, controles de precios) y la forma demagógica de anunciarlas, tienen el deja vú y hasta el lenguaje de otras épocas peronistas. Algunas parecen extraídas de los noticieros de cine de la década del ‘50 y otras muestran la impronta de una elección presidencial más que legislativa de medio término. Sólo faltaría, 75 años después, condicionar algún aumento salarial al triunfo del oficialismo como ocurrió en 1946 con la entrada en vigencia del aguinaldo.

Sin embargo, trasladadas a la actualidad, implican un engañoso “viaje ahora y pague después”, cuyos costos macroeconómicos - en términos de mayor gasto público, emisión, brecha cambiaria, devaluación, inflación y escasez de inversiones-, se harán sentir durante el transcurso de 2022. El motivo es que muchas de ellas ya probaron su fracaso, porque atacan los efectos y no las causas de problemas crónicos, agravados por la pandemia. Y nada augura que esta vez vayan a dar resultado.

La reedición del congelamiento unilateral y retroactivo al 1° de octubre de los precios en góndola de 1432 productos de consumo masivo (y no tanto), muestra la vieja figura del resorte apretado. Apunta más a contener transitoriamente el índice minorista –dentro del cual esta canasta significa una parte minúscula-, que a bajar genuinamente la inflación desde su pedestal de 52% anual; la más alta de Latinoamérica detrás de la hiperinflacionaria Venezuela (casi 2000%).

Este Gobierno no puede alegar desconocimiento. Al disponer la cuarentena en 2020 impuso precios máximos, retroactivos al 6 de marzo, para 2000 rubros similares y cientos de variedades (incluso vinos de alta gama), que con el correr de los meses fueron ampliando la brecha entre controlados y libres hasta tornarlos insostenibles.

Según datos del Indec, el IPC núcleo había acumulado entre marzo y diciembre de 2020 una suba de 32,9%, con 9% en los regulados (incluye tarifas de energía y transporte) y 47,5% en los estacionales. Y en los primeros nueve meses de 2021, las alzas tendieron a aproximarse con 39,2%; 31,5% y 33,1% respectivamente.

A su vez, entre enero y septiembre de este año el costo de la canasta fija de 30 productos que monitorea esta columna en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados, pasó de $ 7920 a $ 11.219, con un incremento de 46,5%, cuando en los diez meses previos (marzo-diciembre de 2020) había sido de sólo 6,9% (de $ 6680 a $ 7143). En otras palabras, la inflación reprimida el año último volvió con más fuerza en 2021.

Y otro caso de resorte apretado –además del dólar oficial y las tarifas de energía- se está incubando ahora con los combustibles, cuyos precios fueron congelados en mayo hasta fin de este año, pese a que la cotización internacional del petróleo acumula hasta ahora una suba cercana a 50%.

Si la desconfianza del sector privado ante estas políticas ya venía in crescendo, la incorporación de Roberto Feletti al comité de campaña electoral del oficialismo acaba de incrementarla. Lo mismo ocurre con la consabida y promocionada participación de intendentes del FdT para controlar los precios máximos en el conurbano bonaerense, que ya comenzó en algunos distritos si bien su facultad se limita sólo a labrar actas. Y hace prever un retorno del “morenismo”, con shows mediáticos puntuales hasta el 14 de noviembre.

Por lo pronto, el debut del nuevo secretario de Comercio Interior fue poco auspicioso. No tanto por el número de la resolución que congela precios (1050, que trae malos recuerdos a mucha gente, salvo a la familia Kirchner), sino porque al duplicar el listado de Precios Cuidados anuló la que había dictado este mismo mes su antecesora Paula Español y autorizaba su actualización trimestral. Un tributo a la típica imprevisibilidad argentina, dedicado a fabricantes, distribuidores y supermercadistas. Para el funcionario (exviceministro de Amado Boudou), se trata de una “pequeña contribución” de esas empresas, impuesta de hecho sin acuerdo previo ni sacrificio fiscal con bajas de impuestos.

También debió reducir el listado inicial de 1650 productos de consumo masivo donde, por ejemplo, figuraba el whisky Chivas Regal que fue suprimido. Pero no se privó de incluir casi un centenar de marcas de bebidas alcohólicas, entre ellas dos de champán, una de fernet y otra de cognac, que en este caso rara vez se consume en verano. El médico Alberto Cormillot cuestionó por radio que el Gobierno controle el precio de las bebidas alcohólicas como forma de incentivar un consumo no saludable. Justo cuando simultáneamente promueve la ley de etiquetado frontal para visibilizar el contenido excesivo de grasas o azúcares en alimentos envasados y bebidas.

Por otro lado, varias empresas debieron advertirle que 30% de los productos incluidos en el primer listado estaban discontinuados. Es una forma de decir. Los fabricantes ya se habituaron a reemplazarlos para saltar el cerco. Cuando se congela un precio, enseguida aparecen variedades similares con el agregado de vitaminas o nutrientes o con envases de diferente tamaño que, obviamente, no figuran en el listado oficial.

Sin embargo, la cuestión de fondo es que Feletti comete el mismo error de Paula Español: tratar de controlar simultáneamente precios y cantidades. Una dualidad imposible para la teoría económica. La nueva resolución repite la misma fórmula que la 100/20 de Precios Máximos: intima a las empresas a producir al más alto nivel de capacidad, cuando nadie sabe qué pasará con los costos de reposición ni de los insumos importados después de las elecciones y el dólar blue trepó ahora a $ 195.

En voz baja, algunas compañías admiten que no van a producir más que el nivel promedio de los últimos dos años si no tienen seguridad de ajustar los precios en función de sus costos. No saben tampoco qué les deparará 2022, ni qué ocurrirá con el acuerdo con el FMI.

Entretanto, el eventual desabastecimiento de algunos productos, que el oficialismo pasó a usar como bandera política, puede surgir por dos vías: la mayor demanda de marcas con “precios cuidados”, más baratos que otros similares no incluidos; o por las restricciones a la de importación de insumos, que se aprueban en cuotas sólo si el volumen requerido es igual o inferior al de los últimos tres años recesivos, por más que la actividad económica se esté recuperando.

Nadie cree tampoco que este congelamiento de precios vaya a terminar el 7 de enero -cualquiera sea el resultado-, por el efecto del “día 91″. Sí, en cambio, que esta medida electoralista puede abortar un acuerdo de precios y salarios como parte de un plan económico para frenar la inercia inflacionaria, que sólo podría tener resultado si se alinearan los planetas fiscal, monetario, cambiario y se corrigieran las enormes distorsiones de precios relativos. Una hipótesis difícil si se considera que el FdT ni siquiera pudo ponerse de acuerdo para unificar la celebración peronista del 17 de octubre.