El shock que aún no es un plan económico integral

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
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28 de diciembre de 2019  

Un shock impositivo sobre la clase media para arriba y redistributivo hacia los sectores de más bajos ingresos como antesala de la reestructuración de la deuda externa heredada de la gestión de Mauricio Macri.

Con estas 34 palabras podría definirse a grandes rasgos la ley ómnibus de emergencias múltiples que el gobierno de Alberto Fernández promulgó esta semana y todavía está lejos de ponerle números concretos al programa económico integral prometido por el ministro Martín Guzmán.

Su ampuloso título - "solidaridad social y reactivación productiva"- deja de lado que la amplia delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por un año consiste básicamente en un fuerte ajuste fiscal por el lado de los recursos tributarios y la desindexación del gasto en jubilaciones (salvo las mínimas) para encarar la renegociación de la deuda. De ahí que, además de haber logrado la sanción exprés de la ley como muestra de poder político, la Casa Rosada gestionó el respaldo de dirigentes empresarios, sindicales y de organizaciones sociales, con el documento firmado ayer como puntapié inicial del futuro Consejo Económico y Social.

En rigor, las prioridades oficiales son dos. En el frente interno, reactivar el consumo en la ancha base de la pirámide social con aumentos de suma fija en las jubilaciones mínimas ($5000 ya liquidados este mes y otro tanto en enero), salarios, planes sociales, tarjetas alimentarias, devolución del IVA y créditos subsidiados. Mientras tanto, se negocia individualmente con empresas líderes una nueva lista de Precios Cuidados, con más productos y presentaciones de primeras marcas, que sirvan de techo a otros similares y sin incluir por ahora controles ni congelamientos. El objetivo es frenar la caída de la actividad aprovechando la capacidad ociosa generada por dos años de recesión.

En el frente externo, es renegociar cuanto antes la deuda bajo legislación extranjera con la postergación por no menos de dos años del pago de intereses (que en 2019 equivalen a 3,5% del PBI), en simultáneo con la extensión de los plazos del crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos vencimientos se concentran en 2022/2023 (alrededor de US$40.000 millones). Aquí, el Gobierno busca exhibir previamente un sendero de ajuste fiscal que no dependa del FMI y mejore la sustentabilidad de la relación deuda/PBI, sin requerir al organismo el desembolso de los US$13.000 millones pendientes del acuerdo interrumpido en agosto.

Desde un enfoque macroeconómico, no deja de ser el mal menor. Con el gasto previsional indexado a la alta inflación de 2019 (55% anual) y el cuadro impositivo vigente hasta diciembre, el déficit fiscal primario (sin intereses de la deuda) apuntaba a cerca de 3% del PBI para 2020, anulaba cualquier posibilidad de negociación externa y colocaba al país a las puertas de un cuarto default en menos de 40 años. Según distintas estimaciones privadas, el nuevo paquete de medidas generará, en los papeles, ingresos extras equivalentes a 1,8%/2% del PBI, que ubicarían el desequilibrio en niveles similares al de este año (0,9%).

La favorable reacción de los mercados externos a la sanción de la ley, con el repunte de los bonos argentinos en dólares y la baja del riesgo país en más de 700 puntos básicos (a 1770) después de tres meses, revela una mayor predisposición a creer en la voluntad de pago. Por lo pronto, la ley autoriza al Tesoro a comprar reservas al Banco Central a cambio de letras a 10 años por un monto de US$4571 millones, que equivale a los vencimientos de 2020 con organismos internacionales de crédito (BM, BID, etc.), mientras no se descarta el pago de los vencimientos de bonos con ley extranjera (US$1400 millones en el primer semestre) para aceitar la negociación. Y a favor de la Casa Rosada juega que la Argentina pasó a ser desde 2018 el mayor deudor del FMI (65% de su cartera), con lo cual refuerza su posición negociadora de un "reperfilamiento" a la espera de que la economía vuelva a crecer y mejore las cuentas fiscales.

Hasta que no se arreglen la cuestión de la deuda y el alivio financiero, la emergencia económica prevalecerá sobre el plan integral que prevé el ministro Guzmán, quien no arriesga una pauta de inflación para alinear expectativas. Tampoco podrá elaborar el presupuesto para 2020. Por otro lado, todavía no está claro el impacto fiscal de otros gastos; entre ellos, los subsidios a las tarifas de energía y transporte, que en junio completarán un año de congelamiento.

La hormiga y la cigarra

Desde el punto de vista cualitativo, la orientación del shock impositivo y redistributivo es otra historia. La "solidaridad social" impuesta por ley significa invertir la moraleja de la fábula de la hormiga y la cigarra, en la medida en que la clase política no asuma su parte en el esfuerzo requerido a los contribuyentes.

De las 53 páginas de la nueva ley, más de la mitad corresponde a los capítulos tributarios. Así, la solidaridad debe interpretarse como un aumento unilateral de impuestos sobre los que ya venían pagando. La lista incluye a los derechos de exportación (con alícuotas de 5 a 33% en el caso de la soja), cuya recaudación se destinará en 67% a la Anses y el PAMI y la suba a 3% de la tasa de estadística sobre importaciones. También a Bienes Personales, con un mínimo no imponible en pesos equivalente a US$50.000 -excepto para vivienda única- y sin ajuste por inflación, pero con mayores alícuotas de 0,5% a 1,25%, duplicadas para bienes y activos declarados en el exterior (con el último blanqueo). En Ganancias se suspende por un año la rebaja de alícuota para empresas (queda en 30%) y aumentan los Impuestos Internos a 20% y 35% para la compra de autos, motos y embarcaciones de alto costo. La contracara es la amplia moratoria para micro y pequeñas empresas (MyPes) registradas, que podrán pagar sus deudas previsionales al 30 de noviembre en hasta 60 cuotas y hasta 120 las impositivas, con una tasa fija de 3% mensual en el primer año.

El "impuesto al dólar", bautizado PAIS ("Para una Argentina Inclusiva y Solidaria"), ya encarece en 30% (a $81,90), las compras y pagos con tarjeta en moneda extranjera para preservar las reservas del BCRA. Pero también ensanchó a 27% la brecha entre el dólar oficial y el blue, con lo cual se supone que quienes vendan billetes (incluso turistas extranjeros) lo harán en el mercado paralelo e incentivarán la economía "en negro".

A esto se suma que las provincias interrumpirán la baja de impuestos distorsivos (como Ingresos Brutos y Sellos), a la vez que aumentarán los inmobiliarios, incluso por encima de la inflación de este año. Es el caso del proyecto sin acuerdo en Buenos Aires y de la CABA, que indexará mensualmente la tasa de ABL con la inflación de los últimos cinco meses. Todo a contramano de la intención oficial de frenar la inercia inflacionaria en los salarios y jubilaciones.

Paralelamente, la suspensión por seis meses de la fórmula de movilidad automática para los jubilados y pensionados que cobran más de $19.600 mensuales y su reemplazo por aumentos de suma fija en marzo y junio, es incompatible con los regímenes especiales de 13 provincias, donde exfuncionarios y jueces perciben haberes de $200.000/$300.000 y parte del déficit de esas cajas es financiado por la Anses.

Otros regímenes especiales a nivel nacional (en su mayoría establecidos por decreto en el período 2004/2014) serán revisados por una comisión interministerial y legislativa creada por la ley de emergencia, que además deberá proponer en 180 días una nueva fórmula de movilidad para los haberes previsionales, "con principios de solidaridad y redistribución". Pero aquí los antecedentes no ayudan: cuando en 2016 se votó la "Reparación Histórica" (que aumentó el gasto previsional con un ingreso por única vez como el blanqueo) también se había creado una comisión similar para reformar el sistema que ni siquiera llegó a sesionar.

Mientras tanto, los aumentos de suma fija seguramente achatarán ahora la estructura de haberes (como ocurrió tras las moratorias de la era K, que incorporaron a 3 millones de beneficiarios, en su mayoría sin aportes previos) y en el mejor de los casos podrían recuperar una cuarta parte de la pérdida de 20% en los últimos dos años.

El tamaño del gasto previsional (que representa alrededor del 60% del presupuesto) suele ser usado como excusa por los políticos para crear oficinas públicas y designar parientes o afiliados, bajo el argumento de que no mueven el amperímetro del gasto total. Pero si el país está endeudado y ahora otra vez en emergencia (como en 16 de los últimos 18 años), la austeridad debería ser la regla y no la excepción en el manejo del gasto público. Al menos para dar el ejemplo.

Nestorscibona@gmail.com

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