Empieza mañana otro canje de deuda

El Gobierno espera recibir desde mañana las cartas de intención mediante las que los bancos y aseguradoras locales que mantienen en sus carteras de inversión préstamos garantizados (PG) dejarán expresada su voluntad de canjearlos por un bono en pesos por vencer en cinco años.

Será en el marco de un nuevo canje de deuda que busca aliviar el calendario de pagos que el Estado debe honrar en los próximos tres años.

Su expectativa está basada en que hoy prevé hacer circular entre los potenciales interesados un dictamen en el que la AFIP asegura que la operación tendrá un impacto "neutro" desde el punto de vista impositivo.

La operación, que tuvo muchas idas y venidas en los últimos meses, se reactivó ante la necesidad que percibe el Gobierno de dar señales de fortaleza financiera para contrarrestar la desconfianza que supo ganarse por la manipulación de las estadísticas inflacionarias, un dato que tiene incidencia directa sobre el capital de los bonos de la deuda emitidos con cláusulas indexatorias.

Esa maniobra, que permitió al Estado un ahorro del orden de los $ 60.000 millones en los últimos dos años (según estimó la consultora Ecolatina), le provocó un perjuicio de la misma magnitud a los tenedores de bonos en pesos y con ajuste por el coeficiente CER, un universo variopinto que incluye inversores, pero también a jubilados (que cobraron con bonos juicios por la mala liquidación de haberes) y hasta familiares de desaparecidos.

Además hizo que el país perdiera credibilidad ante los mercados, lo que lo fue dejando sin chances de lograr financiamiento voluntario.

De qué se trata

Los préstamos garantizados constituyen el mayor vencimiento de deuda que el Gobierno debe afrontar en los próximos años. En el corriente implicarían pagar US$ 3900 millones en amortizaciones de capital e intereses, básicamente entre los meses de junio y diciembre.

Se trata de un colectivo de títulos pesificados con ajuste de capital por CER (de muy baja negociación en los mercados y, por lo mismo, ilíquidos) que fue creado a fin de 2001, cuando la Alianza hacía malabares para evitar una cesación de pagos y el colapso de la convertibilidad. De hecho, fueron creados para patear hacia adelante esas cancelaciones.

Lo que se busca ahora es otra refinanciación que reduciría en unos US$ 2200 millones los compromisos de pago en el año (11% del total). Para lograrla ofrece canjear los PG por vencer en los próximos tres años por un nuevo bono en pesos bullet (devuelve el capital a su vencimiento) a pagar en 2014 que retribuirá una tasa de interés fija del 15,4% anual, durante el primer año, y variable (Badlar+275 puntos básicos) de allí en más.

Pero pidió que los tenedores acepten una quita del 2% en el valor de los activos por entregar, un detalle que la Secretaría de Finanzas, que conduce Hernán Lorenzino, buscaba cómo presentar para cumplir con la ley de administración financiera y, a la vez, evitar que las calificadoras pudieran interpretar a la operación como "no voluntaria", lo que las habilitaría a hablar de un default selectivo.

La operación es factible, especialmente entre los bancos, porque le permitiría tomar un bono "incontaminado", disminuir el riesgo de descalces (sumarían un activo que paga tasa Badlar, la misma que ellos pagan al tomar plazos fijos mayoristas) y cambiar una parte de su cartera con CER que (por cuestiones normativas) hoy no les suma en la cuenta de resultados por otro activo que les dará algunos ingresos en un año que promete ser de "vacas flacas".