El debate previsional en la Argentina, por ahora postergado

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
El Gobierno lo había planteado en sus inicios; cuáles son los desafíos
Silvia Stang
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17 de febrero de 2019  

En sus primeros meses, el gobierno del presidente Mauricio Macri se propuso que, durante el último año de su gestión (es decir, ahora) terminara de definirse una reforma integral del sistema jubilatorio gestionado por la Anses, que es el que abarca a más personas entre los vigentes en el país.

A mediados de 2016 se aprobó por ley la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional. Y se dispuso que ese grupo de trabajo debería elaborar un proyecto para rediseñar el régimen previsional respetando seis características: debía ser "universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto". La normativa votada por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo estableció que el objetivo debía cumplirse "dentro de los tres años", con informes semestrales a una comisión del Congreso. Sin embargo, el Consejo fue creado solo dos años después, en 2018. Y hacia fin de ese año, desde el Gobierno se admitió que no se había avanzado y que no habrá reforma en este mandato.

Sí se aprobaron, durante esta gestión, dos normativas de temas puntuales. Una fue la ley de reparación histórica y, la otra, la modificación de la fórmula de movilidad de haberes.

Con condiciones distintas a las del brasileño -donde el presidente Jair Bolsonaro busca aprovechar el capital de haber sido recientemente elegido para ir por una reforma sensible-, el sistema previsional local enfrenta los desafíos de requerir cada vez más recursos en un escenario complicado en cuanto a las vías de financiamiento.

Entre los factores que definen ese escenario están las condiciones del mercado laboral, afectado por una alta informalidad y que contempla regímenes especiales, como los de trabajadores de casas particulares y monotributistas, por los cuales unas 2,3 millones de personas (uno de cada cuatro aportantes) contribuyen con montos bajos. Por otra parte, en los últimos años el sistema sumó obligaciones sin prever cambios en el esquema de obtención de recursos: de 6,9 millones de beneficiarios, unos 3,6 millones (según datos de la Secretaría de Seguridad Social) accedieron a su prestación por una moratoria.

Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Gómez

Más allá de esas cuestiones, un insumo fundamental para el debate es la cuestión demográfica. Es una preocupación de muchos países la referida a qué ocurrirá con los sistemas a medida que las sociedades envejezcan.

La Argentina atraviesa su período de "bono demográfico", que se extenderá hasta mediados de la década de 2030: para ese entonces comenzará a crecer la tasa de dependencia, por una mayor participación de los mayores de 65 años sobre la población total. La tasa de dependencia es la relación entre las personas que -por razones de edad- usualmente no generan ingresos económicos, y el número de quienes están en edad activa.

Hoy, por cada 100 personas en etapa de actividad hay 55 que son económicamente dependientes en nuestro país; se prevé que ese ratio seguirá sin cambios hasta 2035 o 2040. Entonces, comenzará la curva ascendente de la participación de los adultos mayores y eso hará que los económicamente dependientes lleguen a 72 por cada 100 activos en 2100, según proyecciones publicadas por Carlos Grushka, docente de la UBA, en el informe Los años no vienen solos, del Banco Mundial.

Si la mirada sobre el fenómeno se limita a los números, hay dos tipos de efectos: el fiscal y el económico. En lo fiscal, está el desafío de cómo financiar un sistema pensado en otro contexto. La mayor presencia de personas en edad pasiva y la expectativa de vida en alza hacen que se requieran más recursos. O, visto de otra forma, llevan en muchas partes a revisar las condiciones de los regímenes.

En cuanto al efecto económico, si se reduce la proporción de personas activas, habrá menor generación de recursos; esto es algo que, de todas formas, se conjugará con las consecuencias de una mayor automatización.

En todo caso, ambos fenómenos (el envejecimiento y la tecnologización) empujan a un necesario debate sobre cómo promover empleos con mayor nivel de productividad y, principalmente, sobre cómo lograr la meta de que las personas estén preparadas para las tareas que habrá que hacer.

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