En la Argentina, los salarios del sector público nacional se llevan el 11% del presupuesto

Eficiencia, ahorro, productividad, presentismo, desempeño, movilidad, evaluación son los términos que se fueron "colando" dentro de la gestión de la administración del sector público a nivel nacional. Conscientes de que su estatus de empleados públicos tiene una connotación que hace falta modificar en la opinión pública, más relacionada con la empleada que personifica Antonio Gasalla que con la excelencia, quienes trabajan en el Estado vieron en 2017 con buenos ojos algunos cambios de base, a los que se están adaptando. El Ministerio de Modernización, comandado por Andrés Ibarra, exige mejoras en el desempeño pero también está dispuesto a reconocer logros.

"Vamos a hacer una transformación profunda del Estado", dice Ibarra en diálogo con LA NACION, después de la presentación de la Primera Jornada de Reconocimiento al empleado público llamada Gente con Valor (ver recuadro). Se trata de "un cambio cultural profundo. En los próximos dos años vamos a mostrar otra cara del empleo público", asegura, y confiesa que es importante que los ciudadanos lo visualicen, mientras hace un balance de 2017 y proyecciones para 2018.

Según los números que maneja el Ministerio de Modernización, en el Sector Público Nacional (SPN) trabajan 740.000 personas, cuya masa salarial se lleva el 11% del presupuesto nacional. Se trata de un sector en donde la cantidad de empleados y la inversión en salarios está claro.

Además, hay alrededor de 500.000 personas que trabajan en los municipios y 2.300.000 aproximadamenteque lo hace en organismos provinciales. Se contabilizan entonces, "más o menos", 3.500.000 empleados públicos, sin que exista un número fiable de cuánto le cuesta al erario público la cantidad de empleados estatales.

"En terminos de evolución del empleo público, en la Administración Pública Nacional, vamos a terminar el año con alrededor de menos 9%, aproximadamente, desde el inicio de la gestión". Son 22.000 personas menos que en diciembre de 2015. "Es una política austera dentro del Estado. Estamos ordenando las áreas, y cada sector trabaja con un concepto de planeamiento de las dotaciones. Pretendemos que a través de los compromisos federales las provincias sigan en este mismo lineamiento".

El sector público en general (incluyendo provincias y municipios) aumentó su nómina de septiembre de 2016 a septiembre 2017 en 42.000 personas, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. "Pero los datos presentan importantes faltantes de información, especialmente a nivel municipal. Esto se debe a que dichos organizamos no presentan la información al SIPA", dice el informe.

La provincia de Santa Cruz, por ejemplo, presentaba en diciembre de 2016 solo 3600 puestos de trabajo en el sector público, aunque de acuerdo con la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias, en 2016 ese número ascendía a 35.926 puestos.

"Queremos que sea obligatoria la generación y transparencia de la información en todos los niveles", dice Ibarra. "El problema es cuando hay información de relativa veracidad. Se requiere un Estado que tenga sistemas de gestión para saber cuántos empleados trabajan, cuánto cobran, cuántos días de licencias tienen, y qué tipo de licencias son, entre otras cuestiones. En el Estado nacional estamos bastante bien, pero después en las provincias y municipios hay de todo".

A pesar de la falta de cifras totales, asegura que "se redujo la inercia de crecimiento del empleo público en provincias y municipios. Todo el sector público nacional va a haber caído un poco menos del 1%, gracias a la contribución de la Administración Pública Nacional. Pero en las provincias va a haber un leve crecimiento, aunque la tendencia es a la baja.

Menos jerarquizados

"Estamos provocando un ahorro en la alta dirección pública y la conducción del orden del 20% entre cargos. La Administración Nacional tiene unos 3500 cargos jerárquicos, considerando ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales, coordinadores, etc. El 20% pueden ser 700. Cada ministerio tiene que armar el esquema para los próximos días, antes de fin de año. Fue un pedido del Presidente. Se trata de un gesto político y de ahorro para bajar el déficit del Estado".

¿Son los que entraron en esta gestión?, quiso saber LA NACION "No necesariamente. Lo que estamos buscando, más que un tema de personas, es bajar la cantidad de "ravioles" o cargos. Es un problema de organigrama. Cada uno de nosotros tiene que reordenar la cantidad de cargos", respondió Ibarra.

Así dadas las cosas, lo que se viene es el proyecto sobre el presentismo y las evaluaciones. A partir del último cuatrimestre de 2017 se premiaron a 4 de cada 10 trabajadores del Estado con $ 5200 por cuatrimestre, o $ 1300 por mes brutos. "Hoy prefieren no faltar", dice Ibarra.

En tanto, los contratados están en una zona más negra que gris. En el proyecto de ley de reforma laboral, actualmente en el Senado, no están incluidos los trabajadores del Estado en el llamado "blanqueo" laboral. "Es un problema el desmanejo que ha tenido el Estado. Por un lado, tenemos una planta permanente que se ha deteriorado porque no se la ha capacitado ni se le dieron las herramientas necesarias. Pero por el otro lado, se han cubierto esas falencias históricamente contratando gente: asistentes técnicos, gente de universidades, entre otros. Actualmente, los contratos estarán en el orden de los 65.000 aproximadamente en toda la Administración Pública Nacional". Un número al que hay que sumarle, claro está, el de la Administración Pública Provincial y Municipal.

¿Podrían hacer juicio al Estado? "Sí, por la antigüedad que tienen. Pero además esta situación les genera inestabilidad, porque esos contratos pueden ser discontinuados. También hay un problema de formación, porque se da normalmente a la planta permanente y no tanto a los contratados. Es toda una problemática que se va a ir corrigiendo, estamos viendo quiénes son aquellos que tienen cierta antigüedad y que pueden pasar a planta. Hay que generar movilidad interna para aquellos lugares en los que falta gente. Esto va a llevar unos años, pero el objetivo es que el Estado se maneje con un 10 o 15% como mucho de contratos variables, que son necesarios".

También es importante ver, en este escenario, en qué acompañan los sindicatos, en qué no lo hacen. "El sindicato que ha acompañado en muchos de estos desarrollos como presentismo y el cumplimiento de objetivos es UPCN. En la misma paritaria, se acordaron estas cosas", cuenta Ibarra. "En el área de capacitación, debo decir que el Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap), que está integrado por representantes del Estado y representantes de entidades sindicales (UPCN y ATE), se ha hecho un trabajo participativo con ATE también", agrega.

Expediente electrónico

Este año se relanzó el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). "Hemos capacitado a mas de 120.000 personas en expedientes electrónicos", afirma Ibarra. Se trata de un recurso que no existía en el Estado, aunque sí había algunos pequeños sistemas puntuales. Casi todas las transacciones en el Estado eran a través del papel. Esto ha sido un cambio fenomenal. Llevamos más de 2 millones y medio de expedientes electrónicos realizados en más de 2000 trámites".

Asimimso, el ministro agrega que gracias al expediente electrónico se han hecho mas de 1 millón de trámites a distancia, sobre todo registros de importación, con empresas y proveedores. "Empezamos a desarrollar todo esto para que la gente pueda hacer sus trámites por Internet", destaca.

Ante la pregunta sobre el recibo de sueldo en papel, el funcionario explica: "En la ciudad de Buenos Aires ya desterramos el recibo en papel, pasamos al digital, y vamos a incorporar este desarrollo en el Estado. Para que esto (y otras cosas) funcione el empleado tiene que estar aggiornado y capacitado. Hay que darle todas las herramientas. "Este año hubo un avance en términos de tecnología, de gestión, tramitación y triplicamos la oferta de capacitación", concluyó el ministro.