Moratoria previsional: una respuesta que esquiva un problema de fondo que persiste y se agrava

A mediados de la década pasada se reglamentó un régimen de regularización de deudas previsionales establecido por una ley, la 24.476, que había sido aprobada diez años antes. A partir de 2006, entonces, empezaron a otorgarse planes de moratoria por aportes impagos que correspondían, en esa primera versión de los planes, a períodos anteriores a octubre de 1994.

Hace un cuarto de siglo, según la estadística oficial, la tasa de informalidad entre los asalariados era algo superior al 30%. En el primer trimestre de este 2020, año de pandemia y cuarentena que amenazan con dejar una situación laboral con un deterioro acentuado, la falta de aportes alcanzaba al 35,8% de los trabajadores dependientes, según el dato de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Si se mira el universo total de ocupados, incluyendo a los asalariados y también a quienes trabajan por cuenta propia, entonces el 51,2% estaba en la informalidad a principios de este año, según un análisis de datos oficiales hecho por la Cátedra Unesco del Instituto Torcuato Di Tella.

Los números muestran una realidad persistente, la de millones de personas que, al llegar a la edad jubilatoria no pudieron, no pueden y no podrán cumplir con el requisito de 30 años de aportes exigido por la ley del actual sistema general de previsión social.

Las moratorias previsionales que se pusieron en marcha a partir de aquella reglamentación hecha 15 años -y que hoy siguen vigentes- atrás lograron que haya una alta tasa de cobertura de ingresos para la población de adultos mayores. Pero su punto débil es que no fueron acompañadas ni por estudios sobre sus costos ni por previsiones para su financiamiento. Tampoco hubo políticas que lograran mejorar efectivamente el problema de base, el del mercado laboral, que tuvo años con indicadores más negativos aun que los mencionados, para volver luego a estabilizarse en niveles que de por sí son elevados y que marcan desafíos presentes y futuros.

Según proyecciones hechas en 2017 por el actuario Carlos Grushka, mientras que en ese momento más de 80% de las personas de 65 años y más cobraban una prestación jubilatoria, para 2030 ese índice caería a 58,6% y para 2050, a 40,3% (si se consideran también las pensiones contributivas, la tasa de cobertura sería algo mayor en todos los casos). Para llegar a esos números se supuso un escenario sin cambios normativos, en el que las moratorias van perdieron progresivamente vigencia. El plan de pagos subsidiado previsto por la ley 24.476 no tiene fecha de vencimiento, pero como admite la declaración de deudas por aportes impagos solo hasta septiembre de 1993, va perdiendo validez por el paso del tiempo.

De todas maneras, si todo siguiera como hasta ahora, habría una parte de esa población excluida del beneficio jubilatorio que cobraría la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que fue creada por ley en 2016 y que equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo. La prestación está habilitada para quienes tienen 65 años o más (sin importar si se trata de varones o mujeres) y no alcanzan la cantidad exigida de aportes para acceder a la jubilación ordinaria. Para obtenerla, debe pasarse un examen socioeconómico, al igual que ocurre con las moratorias. Esto último no fue así durante los primeros años en que estuvieron vigentes los planes para jubilarse sin aportes; durante bastante tiempo, de hecho, no se contempló si , en el caso de las personas que accedían, realmente había una necesidad del subsidio estatal que implica una moratoria.

El hecho de que el 65% de las jubilaciones que paga hoy la Anses hayan sido otorgadas tras la adhesión de las personas beneficiarias a una moratoria, es reflejo de las debilidades del sistema laboral, más allá de lo que se le pueda atribuir al diseño del régimen previsional que, por ejemplo, no prevé prestaciones proporcionales según la cantidad de años con aportes, cuando una persona no llega a los 30 años exigidos pero sí reúne 20, por ejemplo. Las que incluyen moratoria son 3,34 millones de las 5,14 millones de prestaciones jubilatorias vigentes, según datos a junio de este año, incluidos en el boletín informativo de la Secretaría de Seguridad Social.

En la práctica, las moratorias no son un sistema simple (son, más bien, algo rebuscado) para acceder a un pago del Estado. Pero, sobre todo, no son una solución de fondo ni son un acompañamiento temporal a la respuesta debida a un problema que persiste: el de la alta fragmentación del mercado laboral, en el que muchos trabajadores hacen sus tareas sin aportes a la seguridad social y en el que hay un grupo creciente de personas que tienen contribuciones pero de montos bajos en relación con las promesas del sistema, como los monotributistas o quienes trabajan en casas particulares.

En todo caso, no solo representa un problema y un desafío el hecho de que gran parte de la economía y de los trabajadores están en la informalidad, sino también la realidad de que, muchos de quienes están registrados, lo están en subsistemas de bajas contribuciones. Son luces de alerta que llevan muchos años encendidas.