En 20 años, sólo un tercio de los mayores podría jubilarse

Durante una década en la que de cada 100 empleos creados 80 fueron sin aportes, en la que se bajaron las tasas de contribución y se creó el régimen de capitalización, la parte estatal de la seguridad social dejó de percibir ingresos por $ 80.000 millones. Esa es la estimación realizada, para el período de 1994 a la actualidad, por el Ministerio de Trabajo, según un informe publicado en el "libro blanco de la previsión social".

El escrito refleja las consecuencias que la informalidad laboral tendrá en las tasas de cobertura del régimen previsional, ya que menos personas podrán jubilarse. Mientras que hoy de la población con edad para el retiro (65 años los hombres, 60 las mujeres), el 65% tiene prestación previsional, se estima que en 2025 esa tasa será de tan sólo el 36% y que se recuperaría un poco hacia 2050.

Con esos datos se justifica la necesidad de prever en la legislación prestaciones proporcionales que puedan cobrar quienes tengan menos de los 30 años de aportes hoy requeridos, pero que al menos hayan contribuido durante 5 años. Este tipo de prestaciones está incluido en la propuesta de reforma previsional elaborada por la Secretaría de Seguridad Social.

Crítica a los 90

El informe contiene una severa crítica a las políticas de reducción de las tasas de contribución de los empleadores que se dispusieron, principalmente, durante los primeros años de la década del 90. Según cálculos de la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, entre 1994 y el año pasado se dejaron de recaudar $ 28.000 millones por esas reducciones.

Y, aunque esas bajas de tasas fueron justificadas en su momento en la necesidad de crear incentivos al empleo, el trabajo de Seguridad Social refiere que, paradójicamente, la generación de puestos de trabajo fue mucho más alta en la economía informal; mientras que entre 1990 y 2000, según se describe, el empleo asalariado creció un 63%, el informal se ha más que duplicado. Un dato elocuente es que en 1980 el empleo protegido era del 70% sobre el total, en tanto que en 2000 ese índice había caído al 53 por ciento.

Esa falta de previsión genera tasas de pobreza e indigencia muy elevadas para la población mayor. Entre quienes tienen más de 60 años y cobran haberes, en 1994 la pobreza era del 9,2%, y hoy es del 21,6 por ciento. En cambio, entre quienes no perciben ingresos, los pobres eran el 26,6% nueve años atrás, en tanto que hoy representan poco más de la mitad del segmento social integrado por los adultos mayores.

En ese grupo de los no protegidos, la indigencia alcanza al 16,2%, mientras que es del 3,1% entre los que cobran una jubilación o pensión. El informe también señala que la creación de modalidades de trabajo sin contribuciones ayudó al aumento de la población en riesgo de quedarse sin cobertura.

La estimación sobre los ingresos no percibidos incluye los $ 27.000 millones que los trabajadores decidieron derivar a cuentas de capitalización de las AFJP. Del total de lo aportado como descuento salarial de todos los trabajadores formales, hoy el 85 por ciento va a esas cuentas y sólo el 15 por ciento, a reparto. En la nueva propuesta de Trabajo, todos los aportantes derivarían dinero a capitalización, pero una parte del aporte se destinaría al Estado.

Los recursos con los que hoy se afrontan las erogaciones del Estado para los pasivos, según el trabajo, provienen en un 37,9% del propio sistema de la seguridad social, en tanto que el 61,8% es de fuente tributaria y el 0,3%, de otras asignaciones específicas.