En América no son tan amables

La pregunta fue específica, pero Felipe Solá no terminó de contestar. Estaba en la segunda de las cuatro reuniones, almuerzo incluido, que tuvo el miércoles en Brasilia y alguien del equipo de Ernesto Araújo, su par brasileño, quiso saber: "¿Van a acompañarnos con la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur?". Solá no habló de más. Se limitó a recordar que esa era, en todo caso, una decisión que oportunamente tendría que tomar Alberto Fernández. Y esa elipsis no impidió que la visita cumpliera con el objetivo que se había propuesto: iniciar una relación después de los múltiples reproches que, en los últimos meses, se hicieron mutuamente el actual presidente argentino y Jair Bolsonaro. Por la tarde, en un gesto infrecuente porque en general se reúne con funcionarios extranjeros de su mismo rango, el líder brasileño recibió a la comitiva en el Palacio del Planalto.

Las urgencias de Brasil divergen de las argentinas. Brasil necesita el aval de la Casa Rosada para negociar con la Unión Europea porque, según explicaron allí sus diplomáticos, ese tratado no solo será beneficioso para ambas economías sudamericanas sino que ya le ha devuelto, con la sola posibilidad de la firma, vigor internacional al Mercosur, devaluado en los últimos años bajo la sombra de la Alianza del Pacífico. Y eso que los europeos tienen múltiples reparos. Deben, por lo pronto, vencer la resistencia de Francia, el país más reticente, que viene además de desencuentros con Bolsonaro por los incendios del Amazonas. La desconfianza es infinita: un informe del Ejército brasileño incluye a los franceses como primera hipótesis de conflicto en esa zona sensible del planeta.

Son fantasmas que, si se avanza, estarán presentes en la negociación final. Antes, Brasil deberá obtener la aprobación argentina, paso legal que lo facultaría a empezar a entenderse de manera bilateral con la Unión Europea. El trámite requiere la aprobación parlamentaria de ambos países. La Argentina está entonces frente a varias encrucijadas. ¿Podría negarse a firmarlo y enemistarse con Bolsonaro? ¿Cómo reaccionarían industriales propios que, al igual que los de San Pablo, se oponen al acuerdo? ¿Estará dispuesto Alberto Fernández a dar ese aval y posibilitar, por lo tanto, inmediatas conversaciones bilaterales entre su socio del Mercosur y Europa de las que no participará y que incidirán en el arancel externo común del bloque? Ni siquiera en ese punto están de acuerdo: mientras los brasileños hablan de "reducirlo", la Argentina plantea "revisarlo". La semántica hace a la diplomacia.

Son asuntos que deberá atender el embajador Daniel Scioli, que prevé mudarse a Brasilia el 2 de marzo y que, hasta ahora, como dicen en la Cancillería, viene ejerciendo en la relación la "ambigüedad constructiva". Una especialidad del exgobernador. Pero Bolsonaro es como Trump: rotundo para las definiciones. Y es inevitable que aparezcan temas regionales escabrosos. En esas reuniones en el Palacio de Itamaraty, por ejemplo, se habló de la situación de Venezuela. Uno de los desvelos del presidente norteamericano, con quien el gobierno argentino debe al menos entenderse para que apuntale la renegociación de la deuda.

Hasta ahora, la Casa Blanca respaldó públicamente al Gobierno. Fueron todas señales positivas no exentas, sin embargo, de alguna advertencia en voz baja sobre inquietudes que han desplazado incluso a Maduro en la lista de prioridades. Entre ellas, la situación de Bolivia. Desde la asunción de Alberto Fernández, los norteamericanos vienen preguntándose por el rol que tiene pensado cumplir Evo Morales desde la Argentina. Lo planteó Michael Kozak, subsecretario de Asuntos Hemisféricos, el 11 de diciembre en un almuerzo en la Casa Rosada, donde se buscaba atenuar la tensión que había provocado 24 horas antes el faltazo de Mauricio Claver, asesor de Trump y director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, a la ceremonia del traspaso. Claver no había querido compartir un acto oficial con el funcionario venezolano Jorge Rodríguez y decidió irse casi sin deshacer la valija. Al día siguiente, en el encuentro que pretendía distender, Kozak expuso su duda: ¿sería la Argentina el lugar desde donde Evo Morales haría campaña para regresar al poder? El Gobierno volvió a escuchar esa perturbación hace algunos días, antes de que el ex presidente boliviano viajara a Cuba para hacerse estudios médicos.

Esos movimientos cobraron últimamente mayor interés norteamericano que los de Maduro, a quien el mundo diplomático supone en una larga senda de deterioro y desprestigio. No es el caso de Morales, que pretende competir como senador en las elecciones del 3 de mayo, candidatura sobre la que debe expedirse el Tribunal Supremo Electoral pasado mañana.

La mirada del Departamento de Estado al respecto es indirecta. Informes de especialistas en seguridad internacional consignan la existencia de células de Hezbollah que se corrieron en los últimos años de la Triple Frontera hacia zonas de Bolivia a las que la DEA ha vuelto a prestarles atención. Dicen que el control ahí es más sencillo desde la salida de Evo Morales, que acaba de elegir para atender su salud el destino regional más incómodo: La Habana. Es el punto de contacto que norteamericanos propensos a ver conspiraciones encuentran con Cristina Kirchner, sobre quien desde hace rato dejan volar la imaginación: ¿tantas horas acompañando a su hija Florencia entre custodios cubanos deberían tomarse con inocencia geopolítica?

Es imposible que Trump desoiga estas advertencias. Pero su apoyo resulta imprescindible para el programa de Alberto Fernández, que empieza en la normalización del crédito. Cuatro préstamos de unos 1000 millones de dólares para empresas argentinas a cargo de la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo (DFC, en inglés), agencia que depende del gobierno de Estados Unidos, aguardan autorización para el desembolso definitivo al que, el mes pasado, la Casa Blanca les agregó condicionamientos de tinte político. Una nueva cláusula, fundada en la seguridad nacional, establece criterios de evaluación que exceden la capacidad de pago de las compañías, entre las que están YPF y Vistas: se adentra en cuestiones de políticas públicas como las tarifas, el acceso a las divisas o el reparto de dividendos. Y es difícil, por otra parte, que cualquier entendimiento con el Departamento de Estado excluya la ley de góndolas, que viene del gobierno de Macri, tiene media sanción y, según afirmaron en multinacionales que ya empezaron a meter presión en el Congreso, podría significar un aumento de entre el 8 y el 12% en los costos y comprometer de 5000 a 7000 puestos de trabajo.

Alberto Fernández viene de definirse en París como "europeísta convencido". Su desafío es ahora replicar el éxito de esa gira en el propio continente, que tiene otros modos y prioridades, y donde, por las características personales de sus líderes, la ambigüedad no siempre parece un rasgo constructivo. Merkel y Macron son más amables que Trump y Bolsonaro.