En el futuro Correo el Estado se asociará con empresas privadas

Se elegirá al operador por su plan de negocios y no pagará canon por la concesión
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23 de abril de 2004  

El nuevo Correo Argentino será una empresa compuesta por empresarios privados y el Estado, que integrarán una sociedad de gerenciamiento. Mediante una licitación, el Gobierno definirá al futuro operador de la empresa postal por su plan de negocios y no por un canon: se quiere llevar la facturación anual, que ronda unos 500 millones de pesos al año, a $ 700 millones.

Así lo confirmó a La Nacion una alta fuente del Ministerio de Planificación. "No nos interesa el canon. Vamos a elegir el mejor plan de negocios para que el Correo sea eficiente y gane plata", afirmó un funcionario.

En el pliego de la licitación también se obliga al concesionario a colocar una parte del capital social en la Bolsa de Comercio, en un proceso que el Estado acompañará con un desprendimiento paulatino de las acciones en su poder. Además, se reservará la acción de oro, es decir, aquella que le permite vetar cualquier definición respecto de la operación.

El pliego de condiciones ya fue elevado por el Ministerio de Planificación al presidente Néstor Kirchner, que resolverá los tiempos de la nueva licitación.

La otra definición importante en el pliego está referida al Servicio Universal (SU): es decir, quién se hace cargo de aquellas zonas que no son rentables y en las que el correo de bandera tiene la obligación de recibir y entregar la correspondencia.

El Ministerio de Planificación precisó que el SU deberá ser subsidiado por medio del aporte de todas las empresas postales que operan en el país, con una tasa que se les cobrará en función de su facturación y participación en el mercado.

"Primero vamos a analizar la estructura de costos y se va a elegir entre quiénes pueden prestar el SU de manera más eficiente", dijo el informante. No será, entonces, una obligación exclusiva del Correo Argentino sino que podrá ser prestado por otros operadores.

En la Argentina, el SU está compuesto por las cartas de hasta 20 gramos, telegramas de 20 palabras y los giros de hasta 1000 pesos. Este servicio tiene tarifas reguladas y debe ser prestado en todo el país. Fuentes cercanas a la operación del Correo afirman que el costo del servicio ronda los 60 millones de pesos. Cuando el grupo Macri administraba el Correo, perdía 34 millones de pesos anuales por esa prestación. La idea del Gobierno es que no haya franjas de exclusividad en el servicio, lo cual podría ser otra de las formas de financiar el SU o hacer más atractivo el negocio para aquellos operadores interesados en invertir en la Argentina. En Europa, por ejemplo, los correos de bandera se reservan el envío de cartas de hasta 300 gramos, mientras que en Canadá mandar una carta por un correo privado cuesta 11 veces más que por el estatal: una forma de subsidio indirecto.

"Esa tasa tiene que disponerse por ley, como todo nuevo impuesto. Pero además se estarían modificando las licencias actuales", señaló un especialista del sector, al advertir sobre un tema que seguramente generará conflicto con los demás operadores.

El mercado postal presenta la particularidad de estar completamente desregulado y no poseer aún un marco regulatorio. "No habrá mayores cambios en el mercado postal tal como se conoce hoy", señaló la fuente.

En cuanto a los interesados, en los pasillos de Planificación se mencionan a varios correos extranjeros, como el de Nueva Zelanda (que en 1997 se asoció con La Caja, del grupo Werthein para competir y perdieron en la primera vuelta), y el Correo de Canadá.

En 1997, el grupo Macri ganó la concesión del Correo Argentino, con la asesoría técnica del British Post Office. La primera línea gerencial del Correo sigue siendo hoy la misma que durante la anterior administración, y tal situación continuaría hasta que se defina el nuevo concesionario.

A mediados del mes próximo vence el plazo de la intervención del Correo, a cargo de Eduardo Di Cola. Sin embargo, no se descarta que se prorrogue por otros 180 días.

Propuesta sindical

  • A nosotros nos parece bien que el Estado se quede con una participación del Correo. Imagínese si la hubiéramos conservado en YPF o en las telefónicas las utilidades que habríamos cobrado", dijo Ramón Baldassini, el veterano dirigente del sindicato postal. Más allá de que el Estado se quedó con participaciones en esas empresas (que luego vendió), el gremialista señaló que las opciones para el Correo serían crear una empresa estatal que licite al sector privado una participación accionaria y con ella el gerenciamiento. O directamente que quede en poder del Estado y se le pague a un privado por el gerenciamiento.
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