En materia de legislación laboral, desafiar las leyes económicas puede tener altos costos

La situación no va a mejorar con decretos que aumenten el nivel de los sueldos
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30 de diciembre de 2001  

La ley de la oferta y la demanda en la determinación de los precios fue descripta hace cientos de años. Fue la primera de las leyes económicas aceptadas que con el tiempo permitieron construir teorías que le dieron a la economía la forma de una disciplina específica. Menos precisa que la física por sus problemas de medición y la imposibilidad de constatación mediante experiencias programadas, la economía es más sólida que la historia o que otras disciplinas sociales que no proponen explicaciones susceptibles de la cuantificación y la comunicación formal o matemática de los mecanismos que describen.

Con la mejor intención y sin saberlo, varios filósofos propusieron ideas conducentes a la violación de las leyes económicas. San Agustín proponía prohibir el cobro de interés en los préstamos, con la hipótesis de que quien necesitara dinero debía ser provisto del metal en forma caritativa por aquél que lo dispusiera. Santo Tomás sugería que el precio de las cosas debía ser la retribución del costo del trabajo y materiales que contenían, despojado de la utilidad: el "precio justo". Ambos pensadores se oponían al concepto de ganancia obtenida al margen de la creación de los bienes materiales, establecían cual debía ser el precio moralmente apropiado del dinero o de los bienes, sin preocuparse por la manera en que los precios se forman y la forma en que contribuyen a asignar eficazmente cosas que son naturalmente escasas.

Por ejemplo, si se hubiera seguido el consejo de San Agustín y se hubiera prohibido cobrar intereses, aquellos que necesitaban préstamos se hubieran privado de los mismos, ya que nadie hubiera estado interesado en prestarles.

Si se hubiera practicado la prohibición de las ganancias de compraventa, como sugería Santo Tomás, la economía europea no hubiera crecido, ya que nadie hubiera tenido interés por desarrollar el comercio. Nadie duda de las buenas intenciones de esos grandes pensadores, pero su incursión en temas económicos no tenía un fundamento realista como para producir alternativas prácticas que condujeran al mejoramiento de los ingresos de la gente.

Cientos de años después, y a pesar de lo aprendido, esas ideas siguen teniendo seguidores que, con las mejores intenciones, propugnan medidas de control sobre los precios o sobre los mercados financieros sin pensar en las consecuencias que las mismas tendrán en la práctica.

Errores pasados

En la Argentina de hoy escasean las fuentes de trabajo. Los errores de la política económica de los últimos años, tanto por inacción como por decisiones llamativamente disparatadas de quienes mantuvieron el poder, nos han llevado a una situación tremenda en materia de salarios y de desempleo, castigando fundamentalmente a la clase trabajadora y las pequeñas empresas. Sin embargo, no mejorarán las cosas con decretos que aumenten los sueldos. Es lógico pensar que si se encarece el costo de la mano de obra, hay bienes que era rentable producir pero que dejarán de serlo, y a nadie le interesará producirlos bajo estas condiciones de la demanda. En consecuencia, en ese caso aumentaría el desempleo por el simple hecho de introducir limitaciones en el mercado laboral, que nadie discute que sean justas, pero que implican pérdidas para el empresario que los debe pagar y que por lo tanto despedirá gente o suspenderá la producción.

Nadie duda, tampoco, de las buenas intenciones de aquellos que proponen elevar el salario mínimo. Sin embargo, habiendo varios millones de desocupados y miles de empresas al borde de la quiebra, subir el salario mínimo a 450 pesos producirá una consecuencia inevitable y que se puede cuantificar: aquellos que lamentablemente ganan menos que $450 perderán el trabajo.

No debe confundirse esta predicción con una posición política o ideológica reaccionaria. Todo lo contrario. Nos parece realmente triste que mucha gente gane muy poco dinero, pero nos preocupa mucho más que esa gente se quede sin trabajo por una decisión equivocada, aun cuando se justifique en un propósito moral irreprochable.

De la misma manera, la posible revisión de la legislación laboral debe ser muy meditada, ya que cambios importantes en la libertad de contratación pueden aumentar los costos laborales, más allá de lo que los propios interesados en mantener la fuente de trabajo apoyarían si fueran consultados. Muchos países tienen una legislación laboral más restrictiva que la nuestra y les va bien, pero antes de adoptarla llegaron a una situación de pleno empleo, no de desocupación masiva.

Cualquier cambio que encarezca el costo laboral, en circunstancias críticas como las que vivimos, sólo puede conducir a una catástrofe mayor.

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