En qué gastan dinero los Estados

1. Gasto público. La función de los gobiernos es proporcionar una variedad de bienes y servicios a las poblaciones. Algunos son de su exclusiva competencia, por ejemplo, el sistema judicial. Otros pueden ser proporcionados tanto por el gobierno como por otros actores, como la atención médica. Los gobiernos también se enfocan en redistribuir los ingresos en la sociedad, ya sea a través de subsidios o de beneficios sociales. Todo esto desde distintos niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Al ser un ente central, al actuar como recaudador y ejecutor de gastos, su rol es transferir recursos privados desde algún sector de la sociedad hacia otro. Entonces, surgen dos preguntas: cuánto gastamos y si gastamos bien.

2. Historia. En el siglo XIX las funciones del Estado estaban limitadas a la provisión de la defensa, seguridad, justicia y ciertas inversiones en infraestructura. En el siglo XX, el rol fue mutando, ampliando la gama de bienes y servicios y extendiendo la cobertura de los servicios sociales. En varios casos extendió su rol, a través de empresas públicas, a la producción de servicios residenciales, de energía y hasta de bienes industriales. Para darnos una idea en términos de magnitud, antes de la Primera Guerra Mundial eran contados los países con un gasto público superior al 20% del PBI. Ese gasto se aceleró particularmente entre 1945 y 1980, a partir del crecimiento del gasto social, convalidado también por una nueva estructura tributaria. A partir de los 80 el ritmo de crecimiento se desaceleró. Hoy los gastos del gobierno promedian el 40% del PBI en los países de la OCDE. En América Latina, el promedio ronda 31% del PBI.

3. Destinos. En 2017 los países de América Latina asignaron el 29,7% de sus gastos a prestaciones sociales, la partida más representativa. Ese concepto también lidera el ranking entre los países de la OCDE, aunque al tener una población de mayor edad y una mayor cobertura, el número alcanza 40% del gasto. En segundo lugar se ubicó el pago a los empleados estatales, a la cual se destinó 26% del gasto en el promedio de América Latina. El pago de intereses y capital de deuda se llevó 15%. Las transferencias a provincias, 10%; los gastos en inversión (de capital), 4,6% y los subsidios (por ejemplo, al combustible o la electricidad), 1,6%. El restante 15% se distribuyó entre distintos gastos de funcionamiento y compra de bienes.

4. En el país. En la Argentina algunos números están desfasados. El gasto público consolidado rondó el 28% entre 1970 y los años 2000. Desde entonces hubo subas y el máximo se alcanzó en 2015, cuando el gasto se acercó al 43% del PBI. En el ranking de la región, la Argentina quedó en primer lugar, escoltada por Brasil. La asignación del gasto está distorsionada. El mayor gasto está asociado a las jubilaciones y pensiones contributivas y a la principal transferencia condicionada (AUH) que se lleva 37,5% (versus el 29,7% regional). Las otras asignaciones se llevan 13,7% (versus 10% de la región). El pago de salarios y el funcionamiento se llevan 14,6% (26% en la región). Los subsidios concentran el 13,5% del gasto, mientras que en América Latina se llevan 1,6%. La inversión está en niveles similares a los de la región (alrededor de 5% de las erogaciones).

5. (In)eficiencia. La Argentina tiene un gasto comparativamente mayor y la ejecución está plagada de distorsiones. El problema es que cuanto más amplias son, mayores las dificultades para volver a la normalidad en la estructura de gastos. Gastar más no significa gastar bien.