Tarifas. Confirman que no se extenderá el congelamiento tarifario más allá de diciembre

Aumentar tarifas siempre es una decisión complicada para los gobiernos, y sobre todo para el actual, si se toma la experiencia de las gestiones anteriores del kirchnerismo, cuando se mantuvieron los precios del gas y la electricidad congelados por más de 10 años. Ayer, el secretario de Energía, Darío Martínez, indicó que, cuando finalice el DNU que prohíbe aumentar el valor de los servicios, a fin de año, se irá a "un esquema que está relacionado con el proceso inflacionario".

De forma tímida, el secretario dijo que las tarifas "no estarán congeladas", en una entrevista con el programa radial Vos a Diario, de Río Negro, pero aclaró rápidamente que "no se irán a valores internacionales de manera directa".

El tema tarifas es muy sensible dentro de la coalición gobernante. El sector más vinculado con la vicepresidenta Cristina Kirchner considera que no se deben aumentar tarifas en año electoral: "capítulo uno del manual peronista", dicen con ironía.

Pero la realidad económica impone otro visión, que es liderada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Sobre todo porque es él quién debe negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo programa, en el cual se exigirá bajar el gasto.

Mantener las tarifas congeladas no es gratis para el Gobierno. Según el último informe de Tendencias Energéticas del Instituto Argentino de Energía (IAE), los subsidios energéticos acumulados a julio fueron $218.000 millones; esto equivale aproximadamente a US$3300 millones, un aumento de 100,5% respecto de igual periodo de 2019.

El nivel de subsidios hasta podría haber sido mayor si no se hubiera derrumbado el precio del gas a valores históricos, lo que permitió pagar mucho más barato las importaciones de GNL. ¿Qué ocurriría si en el invierno que viene los precios se vuelven a normalizar?

Es por eso que el presidente Alberto Fernández anunció anteayer un nuevo programa de estímulos a la producción de gas, para reactivar los pozos gasíferos que desde hace un año están en declinación, y de esta forma evitar aumentar las importaciones de gas el año que viene. En eso coinciden todos los funcionarios del Gobierno: no habría una imagen política peor en año electoral que tener que volver a traer el buque regasificador a Bahía Blanca.

Pero lanzar el nuevo Plan Gas tampoco es gratis. Según los propios cálculos oficiales, solo en el 2021 implicará un costo fiscal de US$1490 millones.

Adicionalmente, en el Gobierno no se descarta darle subsidios también a las empresas distribuidoras y transportistas -Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS, entre otras-, que también tienen sus ingresos congelados desde abril de 2019. Esto ya generó problemas el mes pasado, cuando Metrogas, la mayor distribuidora del país, dijo públicamente que no podía pagar su deuda de $7500 millones a los productores. Las petroleras respondieron con el envío de cartas documento intimándola a pagar.

En el sector eléctrico, la situación es de menor tensión porque Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía, funciona como amortiguador entre las distribuidoras -Edenor y Edesur, por ejemplo- y las generadoras -Enel, Central Puerto, AES, Genneia, entre otras-.

Cammesa se encarga de comprar la electricidad a las generadoras y le vende a las distribuidoras a mitad de precio. El resto es cubierto con transferencias fiscales, lo que implica que la factura esté un 50% subsidiada. Pero además, el Tesoro debe aportar dinero extra cuando las distribuidoras no le pagan el total facturado. En lo que va del año, las empresas ya acumulan una deuda de $123.000 millones. En un sector dolarizado, esto se agrava a medida que se devalúa la moneda.