Energía, la crisis menos pensada

El de Cristina Kirchner con su política energética es el fracaso menos pensado. Ella y su esposo llegaron a la Casa Rosada desde una provincia donde la explotación de hidrocarburos es la principal actividad. Al minuto de asumir, sólo les interesó capturar la Secretaría de Energía, dejando el resto de la economía en manos de Roberto Lavagna. Designaron a Daniel Cameron, eterno asesor de la actual Presidenta en el Congreso y ex director de YPF por la liga de provincias productoras de petróleo.

Todo en el kirchnerismo está ligado a la energía. Su entramado empresarial (Enrique Eskenazi, Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Luis Ferreyra) está radicado en ese negocio. Igual que el familiar. ¿O Alicia Kirchner no estuvo casada muchos años con el sindicalista petrolero Armando Mercado?

De los escándalos oficiales, casi todos estallaron en ese campo: desde el de la valija de Guido Antonini Wilson, que llegó junto a pasajeros de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en un viaje pagado por Enarsa, hasta el caso Skanska, ligado a la ampliación de gasoductos.

Hasta las relaciones huelen a petróleo: Venezuela, España, ahora Angola. Había que pensar que, en energía, los Kirchner estaban condenados al éxito.

Pero ellos cambiaron ese destino por varias frustraciones. La primera es la del sueño del gas y la electricidad baratos. A pesar de que los papeles de campaña de Néstor Kirchner proponían un aumento de tarifas, la política oficial ha sido mantenerlas en niveles anteriores a los de la devaluación de 2002.

Ricardo Arriazu recuerda a menudo que se pueden controlar los precios y también las cantidades, pero nunca las dos cosas a la vez. La decisión de ofrecer la energía siete veces más barata que lo que se paga en Brasil o en Uruguay desalentó la inversión, disminuyendo la oferta. Y disparó la demanda.

Los combustibles que no se producen en la Argentina deben importarse. Esa cuenta se ha vuelto imposible de pagar. En 2010 fue de 4500 millones de dólares; en 2011, de 9000 millones, y antes de que termine este semestre será de US$ 7000 millones. ¿Se habrá preguntado Cristina Kirchner cuál de sus colaboradores montó un negocio sobre estas compras? Lo relevante es que es para conseguir los dólares necesarios para estas importaciones que Guillermo Moreno ha debido cerrar la economía, y Mercedes Marcó del Pont liberar las reservas del Banco Central.

Moraleja, precios más caros

La restricción energética está detrás de la crisis cambiaria. Moraleja: el Gobierno terminará pagando los precios que pretendía evitar, con el agravante de que ya no contará con el gas y el petróleo que, con otra estrategia, se hubieran producido.

Las tensiones aumentan por la puja interna del funcionariado. El ministro Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, admiten ante los empresarios que los servicios se han vuelto impracticables sin un aumento de tarifas. Pero la Presidenta escucha de Moreno que esa tesis sólo expresa la complicidad de De Vido con los prestadores.

El congelamiento de tarifas se acaba de cruzar con la discusión salarial. Marcelo Mindlin, de Edenor, comunicó ayer a Oscar Lescano, el jefe de Luz y Fuerza, que no podrá conceder una mejora significativa de los sueldos. "Si no me autorizan a subir los precios, estoy al borde de la cesación de pagos", le explicó. Anteayer el sindicato resolvió un plan de acción directa, que amenaza el suministro de electricidad, en reclamo por un incremento salarial.

El Gobierno prefiere reducir el desequilibrio general a la ineficiencia de YPF. Culpa a la petrolera por una caída incesante de producción desde 1999. Recuerda que los 450.000 barriles que produjo aquel año hoy se reducen a 250.000.

Repsol, el accionista mayoritario de YPF, replica que la caída en la producción se debe a la disuasiva política energética. Alejandro Bulgheroni intentó refutar ese argumento delante del español José María Aznar, en la UADE, el jueves pasado, al explicar que su empresa, Panamerican Energy (PAE), viene extrayendo más y más petróleo en los últimos diez años.

Los dos, el Gobierno e YPF, tienen razón. La estrategia oficial desalienta la inversión. Y una demostración fue la intervención de Kirchner para introducir a Enrique Eskenazi en esa empresa.

El proyecto de "argentinizar" la petrolera nació en Enarsa en 2003. El socio local sería el Estado. En mayo de 2007, el presidente de Repsol, Antoni Brufau, y Julio De Vido pactaron que fuera un privado: Carlos Miguens. Pero Kirchner reemplazó a Miguens por sus amigos los Eskenazi.

La insólita fórmula por la cual esa familia pagaría el 15% de YPF con dividendos de YPF, que conspiraba de por sí contra la inversión, fue bendecida por el ex presidente. La receta impide suspender la distribución de dividendos. Ayer el directorio aprobó otro reparto, pero en acciones. De ese modo, los socios pueden cambiar esos títulos por dólares en el exterior, sin producir la "fuga de capitales" que denuncian los funcionarios.

El experimento Eskenazi es el otro fracaso del kirchnerismo energético. El conflicto con esa familia pone en crisis un axioma oficial: la creencia en que los empresarios nacionales ofrecen a la política económica más ventajas que los extranjeros. Esta idea fue desde las formulaciones teóricas de José Nun hasta los impulsos prácticos de Cristina Kirchner, quien confesó más de una vez que quería retirarse "dejando el 90 por ciento de la energía en manos argentinas".

Las razones de la ruptura entre el kirchnerismo y los Eskenazi son tan indescifrables como las de su afinidad. En el Gobierno circulan habladurías de alto atractivo literario pero dudosa verosimilitud: ¿existió la reunión en la que un antiguo y despechado abogado del grupo Petersen habría hecho revelaciones inquietantes a Máximo, el heredero?

Duda presidencial

Es más probable que el idilio se haya quebrado en aquella entrevista de diciembre pasado en la que la Presidenta pidió a Sebastián Eskenazi que absorbiera el costo del subsidio al gasoil. Eskenazi le contestó que sólo podría hacerlo con un aumento de precios a lo largo de catorce meses. Ella se negó. Un funcionario comentó después: "Si se llevaron gratis el 25 por ciento de YPF no era para pedir señales de precio cuando se los necesita". Cinco meses antes Cristina Kirchner y De Vido pedían que las inversiones de la empresa fueran "festejadas por todos los argentinos". Delicias del crony capitalism.

Hoy la Presidenta duda sobre qué hacer con YPF. Juan Manuel Abal Medina debió desdecirse de su declaración en contra de una estatización. El perspicaz Abal olvidó que el kirchnerismo odia dar precisiones sobre el futuro. Pero es verdad: su jefa todavía no está dispuesta a pagar el costo internacional de esa medida.

Para una intervención no se encuentra interventor, sobre todo por las amenazas penales de los abogados de la empresa.

Las provincias tampoco quieren ir más allá con la reversión de concesiones. Sobre todo las que dependen mucho de YPF. Además, el sindicato petrolero hizo saber su malestar: prefiere que los sueldos los siga pagando un privado y no convertirse en un gremio de empleados públicos.

Para advertir el límite de la política energética conviene dejar de lado estos detalles. Mejor atender a Lucas Llach, cuando repite: "El populismo no resiste el largo plazo". Y a Pablo Gerchunoff, que agrega: "El largo plazo ya llegó".