Entre los esquemas económicos de los candidatos hay una confrontación apenas retórica

Por Luciano Laspina Para LA NACION
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11 de mayo de 2003  

La carrera electoral llevó el debate sobre los dos modelos al centro de la escena. La discusión tiene más retórica que fundamentos. Cualquiera sea el ganador de la segunda vuelta electoral es improbable que los grandes trazos de la futura política económica difieran significativamente. La clave estará en la gestión de la ineludible agenda. Aunque la discusión es más semántica que política, no hay tal cosa como un nuevo modelo de crecimiento.

El modelo impulsado por Eduardo Duhalde y Roberto Lavagna, que siguió a la traumática salida de la convertibilidad, luce más como una construcción de la retórica oficial que como un esquema alternativo de crecimiento. La economía se ha estabilizado y 2003 podría concluir con un piso de recuperación del PBI de más del 5 por ciento. Pero el modelo, tal como hoy se presenta, tiene un carácter transitorio. La razón es simple: la recuperación está atada a dos factores que difícilmente se mantengan en el tiempo.

En primer lugar, un tipo de cambio real alto y la consiguiente sustitución de importaciones en sectores de baja productividad. Y debe quedar claro que el próximo gobierno no podrá decidir el nivel del tipo de cambio real, tan sólo la forma en que se acomodará la economía al nuevo y seguramente menor nivel de equilibrio. El tipo de cambio real es un precio relativo que el funcionario no puede manejar más allá del muy corto plazo e intentar fijar un objetivo alto se traduce -tarde o temprano- en una aceleración inflacionaria.

En segundo término, la performance de corto plazo está dominada por lo que hemos definido como la paradoja de la liquidez: la economía en su conjunto -bancos, corporaciones, familias- se encuentra sumamente líquida. La recomposición de la liquidez y de la cadena de pagos aceitó las transacciones económicas y la recuperación. Pero al mismo tiempo muchos de ellos son profundamente insolventes. Es difícil imaginar un proceso sostenido de crecimiento, inyectando liquidez, sin poner a la economía sobre un nuevo sendero de solvencia. De aquí al diseño de la futura agenda económica hay sólo un paso.

Gane quien gane el ballottage, el rumbo que deberá tomar el nuevo presidente no podrá variar en lo sustancial. No se trata de un determinismo caprichoso. Aunque no pueden descartarse otros escenarios existen tres buenas razones de carácter estructural y político que impedirán que la próxima administración pueda -racionalmente- patear el tablero: el peso político de algunos consensos básicos, la inercia de las reformas económicas de los años noventa y el inevitable acuerdo con el FMI.

Dosis de populismo

La sociedad ha alcanzado algunos consensos básicos en torno de la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal que son irrenunciables. La crisis hiperinflacionaria de los años 80 y más de 10 años de convertibilidad han afianzado el valor de la estabilidad. Y la crisis ha puesto en claro, de manera brutal, los costos de la vulnerabilidad fiscal. La clase dirigente también ha tomado nota de la catástrofe económica y los costos políticos que generan los desmanejos monetarios y fiscales. La búsqueda de mayor flexibilidad cambiaria es también un consenso creciente y los dos candidatos han dado señales en esta dirección.

A pesar de algunos retrocesos, muchas de las reformas económicas de la década pasada continúan en pie. A la espera de una renegociación de tarifas y regulaciones, las empresas de servicios públicos continuarán mayormente en manos privadas. Con importantes excepciones, la desregulación económica se mantiene en la mayoría de los sectores. Y la estructura arancelaria está lejos de los estándares del viejo modelo sustitutivo de importaciones.

Ninguno de los candidatos podrá distanciarse demasiado de la agenda que surgirá del indispensable acuerdo con el FMI. Es difícil imaginar una nueva administración gobernando cuatro años de espaldas a los organismos internacionales. Esa agenda con rumbo razonable que promueve la reinserción internacional, sustentabilidad fiscal -superávit primario de 3 o 4% del PBI-, las reformas bancaria, impositiva y de coparticipación y un nuevo cuadro regulatorio para las empresas de servicios públicos es inevitable.

Los grandes lineamientos parecen claros. Pero en ocasiones la diferencia descansa en los detalles. Es probable que la política económica se diferencie en tres aspectos relevantes: la dosis de gradualismo y la calidad de su implementación, la real convicción detrás de las reformas y las diferencias en la retórica.

Toda gestión tiene cierta dosis de populismo. Aunque es probable que no altere los principales temas de la agenda, sí es factible que afecte la calidad de las reformas y su velocidad de implementación. Una forzada convicción en las reformas y un discurso escéptico sobre las bondades del mercado frenarán la mejora en el clima de negocios. El costo siempre es el mismo: menor inversión y crecimiento. El modelo Lula y su estrategia de shock y consolidación fiscal deberían alejar a los candidatos de los cantos de sirena de la política de no innovar.

El desafío de avanzar en la agenda económica no es menor. Además de convicción, se requerirá gobernabilidad, que por distintas razones será un bien escaso para el próximo presidente. Pero el rédito político no será trivial. La economía ha realizado un enorme "sobreajuste". Alcanzados algunos equilibrios macroeconómicos básicos, es factible que con algunas de las postergadas reformas funcionando una parte significativa de la fuerte contracción del producto bruto de los últimos años se recupere rápidamente. Una gestión eficiente de las tareas pendientes podría catapultar, esta vez a la fama, al próximo presidente y su ministro de Economía.

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