Es excesivo el subsidio al gas en la Patagonia

Rebajarlo no afectará la equidad
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22 de octubre de 2000  

Mucho se ha dicho y escrito en las últimas semanas, a veces con fundamentos y muchas sin ellos, sobre las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo.

En particular, han tomado gran trascendencia algunas medidas de ahorros de gastos relacionadas con subsidios y exenciones impositivas que afectan algunas regiones y actividades económicas.

Creemos necesario explicar a la opinión pública los fundamentos en que se basan estas medidas, que surgen de un profundo análisis de cada situación.

Cuando se analiza cualquier subsidio hay que tener en cuenta que los recursos provienen de los impuestos que paga el conjunto de la sociedad. Un subsidio debe ser entendido como una transferencia de recursos para atender una necesidad.

En el caso del subsidio al gas, se trata de una transferencia neta del resto de los habitantes a los de la Patagonia, para reducir la tarifa.

¿Es justo que exista? ¿Por qué no destinar los recursos a otras necesidades o simplemente a reducir impuestos? Dadas las duras condiciones climáticas de la Patagonia, que hacen del gas un insumo imprescindible, pueden encontrarse argumentos para subsidiar en alguna medida el consumo residencial.

Si bien estas provincias tienen naturalmente un menor precio del gas por su cercanía a las fuentes de producción, puede ser necesario reducir aún más las tarifas para compensar el alto consumo, fundamentalmente en invierno.

El subsidio debe seguir principios de equidad. Pero tal como está, resulta altamente injusto para los habitantes del resto del país.

Las familias de San Luis, Mendoza, San Juan o Gran Buenos Aires gastan por el consumo de gas entre un 20% y un 60% más que las familias de la Patagonia, pese a que su consumo es muy inferior.

Quienes con sus aportes permiten financiar el subsidio terminan pagando más que quienes reciben el beneficio. El subsidio actual es excesivo, compensa en demasía el mayor consumo en la región.

La estructura del subsidio no sigue criterios de progresividad. En la mayoría de las provincias beneficiarias se aplican las mismas tarifas para prácticamente todos los usuarios, independientemente de su nivel de ingresos.

Las familias de menores recursos consumen una menor cantidad de gas. El subsidio debería estar concentrado en los primeros tramos de consumo. Excepto en Neuquén y La Pampa, esto no ocurre. Las familias de mayores ingresos perciben un monto de subsidio mayor.

La distribución actual entre las provincias depende más de las presiones y logros de cada provincia para bajar sus tarifas que de un criterio específico de distribución equitativa.

Esto genera importantes desigualdades entre los habitantes de una y otra provincia patagónicas.

La propuesta presentada en el proyecto de presupuesto no elimina el subsidio al gas patagónico, sino que lo dota de mayor equidad, progresividad y racionalidad.

Se propone reducir el monto total de $ 90 millones en 2000 a $ 60 millones en 2001. La reducción no es caprichosa. Surge del análisis de los cuadros tarifarios y consumos de todo el país.

El monto propuesto para 2001 permite eliminar la inequidad actual respecto del resto de las provincias, y simultáneamente mantener las actuales tarifas para las familias de menores ingresos en la medida en que se adopte un criterio más progresivo de distribución.

Se promueve establecer criterios fundamentados de distribución del subsidio siguiendo los principios de progresividad, igualdad, uso racional de la energía y contemplando las diferencias climáticas entre las provincias.

Es natural que una medida de este tipo sea resistida por las provincias beneficiarias, aunque es importante que se distinga que sólo una parte de sus habitantes (los de mayores ingresos) será la afectada. El Estado nacional tiene que propiciar medidas beneficiosas y justas para el conjunto de la sociedad y no sólo para una región o sector.

Estamos convencidos de que el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo es la mejor de las alternativas posibles.

Estamos abiertos a discutir y analizar otras propuestas, siempre y cuando se basen en la racionalidad del uso de los recursos públicos, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, la razonabilidad del cálculo de los ingresos, y la búsqueda del beneficio para el conjunto de la población.

El autor es subsecretario de Presupuesto de la Nación.

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