-¿Cuál es la percepción que existe en el ámbito internacional de la corrupción en la Argentina?
-En el último ranking mundial de percepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional, la Argentina escaló del puesto 107° al 95° entre 176 países. El resultado sigue siendo deficiente, pero el dato positivo es que por primera vez desde 2012 se revirtió la tendencia negativa y se avanzó 12 posiciones. Uruguay y Chile figuran en ese ranking entre los 25 países con menor percepción de corrupción del mundo; mejorar es posible.
-¿Qué puede hacer el país para mejorar su percepciónde corrupción?
-La clave es sancionar leyes más modernas; que el Poder Judicial las aplique en plazos razonables, y que el sector privado apoye esas iniciativas. En octubre de 2016, la Oficina Anticorrupción presentó un proyecto de ley anticorrupción al Congreso que prevé la responsabilidad penal de las empresas por hechos de corrupción contra la administración pública. Ese proyecto de ley adopta varias herramientas eficaces para prevenir y sancionar hechos de corrupción, en línea con normas similares implementadas con éxito en otros países.
-¿Cómo hicieron otros países para combatir la corrupción?
-El método es simple: las empresas están obligadas a implementar programas de educación, entrenamiento y monitoreo de prácticas anticorrupción, e investigar y castigar los desvíos. Si detectan casos de soborno que involucren a su empresa deben autodenunciarse y colaborar activamente con la investigación estatal, aportando información e individualizando a los responsables. Si cumplen esos recaudos básicos, pueden acceder a un acuerdo con el Estado y quedar excluidas de sanciones económicas o reducir sustancialmente las multas previstas en la ley. Si no educan ni entrenan a sus gerentes y empleados en prácticas anticorrupción y no reportan sobornos, se exponen a recibir sanciones y multas millonarias. Para motivar a las empresas a tomar la iniciativa en la denuncia de sus propias inconductas, la ley les reconoce premios económicos muy tentadores a las personas que denuncien en forma fundada hechos de corrupción. Y en casos de corrupción en los que haya participado más de una empresa, la posibilidad de acceder a una reducción sustancial de las sanciones sólo está disponible para la primera compañía que se presente. Así hay un incentivo fuerte para evitar que directores, empleados, agentes o proveedores participen en hechos de corrupción. Si logramos que las empresas se rehúsen sistemáticamente a participar en actos corruptos, los hechos de corrupción van a ser cada vez más aislados y más fáciles de detectar y sancionar.
El autor es socio de Allende & Brea y se especializa en Compliance e Investigaciones Internas vinculadas a fraude y corrupción
