Estudian una nueva ley para las tarjetas de crédito

El Gobierno diseña un nuevo proyecto de ley para regular el funcionamiento de las tarjetas de crédito, uno de cuyos ejes principales es la habilitación de la vía ejecutiva que permitirá cobrar, sin necesidad de recurrir a la Justicia, los saldos impagos de clientes morosos. Con esta herramienta, el Ejecutivo estima lograr una rebaja en las tasas de interés de entre cinco y ocho puntos.

El proyecto, que se elabora en la Secretaría de Defensa de la Competencia y Consumidor, a cargo de Carlos Winograd, fue ideado para derogar la aprobada por el Congreso hace dos años. Esta norma había suscitado numerosas protestas por parte de las administradoras y de los bancos emisores, que exigían, entre otras cosas, la incorporación de la cláusula de la vía ejecutiva. Argumentaban que este mecanismo permitirá reducir el riesgo de incobrabilidad, con la consecuente baja en las tasas de interés que cobran a los titulares de tarjetas.

El Gobierno, al menos en el borrador de su iniciativa (al que tuvo acceso La Nación ), atendió este reclamo. "No lo vamos a aceptar -sentencia el diputado justicialista Mario Das Neves (Chubut), impulsor de la ley sobre tarjetas de crédito hoy vigente-. El problema de la alta morosidad no es del cliente que no paga, sino del banco, que es ineficaz en el cobro. No se le puede cargar la responsabilidad de esto al usuario."

En un intento por equilibrar la balanza en favor del cliente de tarjetas de crédito, la iniciativa contempla el mecanismo de impugnaciones, por el cual el titular podrá objetar la liquidación dentro de los 60 días de recibida si observa en ella algún error. Esta acción anula, hasta la comprobación definitiva, toda medida que pueda adoptar el banco para cobrar la liquidación cuestionada.

"En otras palabras, el mecanismo de la vía ejecutiva sólo podrá impulsarse en los casos en que el titular de la tarjeta reconozca su deuda. Nunca antes. En este tema, la palabra del usuario es santa", aclaró Verónica Rappoport, funcionaria de la Secretaría de Defensa y Consumidor.

El proyecto añade que el emisor, dentro de los 120 días de recibida la impugnación, deberá expresarse en forma definitiva sobre el caso. Si en ese plazo no se expide, se aceptan las impugnaciones.

El plazo dispuesto fue objetado por Das Neves. "Es una barbaridad de tiempo que demuestra la ineficacia de los bancos para efectuar el cobro. Además, no se contempla resarcimiento alguno a los usuarios damnificados", sostuvo.

Tope a los intereses

Algunos aspectos permanecerán sin cambios. Entre ellos, que las tasas de interés para la financiación con tarjeta de crédito no podrán superar en un 25% lo que cada banco cobra por préstamos personales. También se establece que la máxima retención sobre ventas a los comercios minoristas debe ser del 5%. Como novedad, incorpora fuertes sanciones a los bancos que incurrieren en medidas abusivas, como la de exigir el cobro de un importe nunca realizado por el titular de la tarjeta. "Según la gravedad de la falta o su reiteración, se podrán aplicar multas de hasta 40 veces el importe de la operación en cuestión", destaca Rappoport.