Repite la estrategia aplicada con las petroleras. Evo Morales refuerza su plan estatizador
El gobierno boliviano anunció la nacionalización de compañías eléctricas, telefónicas y ferroviarias
LA PAZ (Bolivia).- El gobierno de Bolivia, que encabeza el presidente Evo Morales, anunció formalmente que retomará el control de seis empresas privatizadas en la década del 90, una lista que engrosan compañías de telecomunicaciones, de electricidad y de ferrocarriles.
Así lo hizo saber ayer el ministro de Planificación boliviano, Carlos Villegas, en diálogo con corresponsales de medios de prensa extranjeros acreditados ante el gobierno de La Paz.
Villegas dijo que, después de gestionar esos nuevos traspasos, el gobierno de Bolivia "no prevé más nacionalizaciones en el sentido clásico", por lo que se refirió a estas operaciones como parte de una "plan de reversión parcial de las privatizaciones". Según señaló, ese programa seguirá el modelo aplicado en las petroleras, en las que el fisco tomó el control mediante un traspaso por decreto de acciones y la compra concertada de más títulos.
Las empresas que volverían a control estatal son la de telecomunicaciones Entel, de Telecom Italia; las eléctricas Corani, Guaracachi y Valle Hermoso, manejadas por la estadounidense Duke y otros capitales de EE.UU. y Bolivia, y las ferroviarias Oriental y Andina, tuteladas por el grupo chileno Luksic y que fueron capitalizadas durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97).
Entel domina el mercado de la telefonía fija, móvil e Internet, mientras que las tres eléctricas abastecen al 75% del mercado boliviano. Oriental es imprescindible para el transporte de las exportaciones bolivianas a Brasil y la Argentina, y Andina cubre rutas locales hacia el occidente del país.
En esas empresas los bolivianos tienen una participación del 48% por medio de dos administradoras de fondos de pensiones, mientras que los socios privados controlan el 51%. La intención oficial es revertir esa proporción.
El Estado boliviano prevé traspasar gratuitamente a su favor las acciones de las empresas que manejan los fondos de pensiones Futuro, filial de Zurich Financial Service, y Previsión, del grupo financiero español BBVA, y negociar caso por caso la compraventa de acciones de los socios privados.
Primeras reacciones
En Santiago, el canciller chileno, Alejandro Foxley, descartó que su gobierno fuera a involucrarse en la decisión de Bolivia de nacionalizar Ferrocarril Andina, una empresa de la que Luksic posee el 50%. "Son las empresas las que invierten en el extranjero, asumiendo los riesgos en cada país. Por principio, el gobierno de Chile no debe involucrarse", dijo a una radio trasandina. Pero el vocero de la presidenta Michelle Bachelet, Ricardo Lagos Weber, advirtió que el gobierno chileno monitoreará la aplicación de la medida anunciada por Bolivia "para ver qué sucede en la legalidad de los contratos".
El plan de Morales, que busca retomar el control de empresas estratégicas en Bolivia, comenzó aplicarse hace poco más de un mes cuando el gobierno decidió por decreto gestionar tres petroleras mixtas que eran controladas por las transnacionales Repsol YPF, BP-Amoco, Shell y Ashmore.
"Lo importante es que queremos tener el 51% de las acciones a favor del Estado", dijo el ministro ante los corresponsales extranjeros. "Me imagino que [en el exterior] deben hacer relación a ese tipo de nacionalización entre comillas", apuntó. Villegas dijo que el plan anunciado no incluye a la aerolínea de bandera Lloyd Aéreo Boliviano, capitalizada inicialmente por la brasileña VASP y ahora controlada por el empresario local Ernesto Asbún, porque esta empresa está en crisis y tiene deudas por unos 170 millones de dólares.
El funcionario dijo también que no prevé nacionalizaciones en el sector minero, sino la reversión al Estado de yacimientos no desarrollados por privados. "Vamos a revertir algunas concesiones [...] pero no se plantea absolutamente nada de nacionalización de la minería", afirmó Villegas.
La idea es que la corporación estatal Comibol, que abandonó las actividades productivas hace años, se reincorpore a la producción minera, sin afectar a las empresas privadas que operan actualmente.