Expropiar el despojo, una decisión tomada

Lo que el Gobierno estaba esperando del Congreso en el conflicto de Aerolíneas Argentinas era exactamente lo que ocurrió ayer: un rechazo explícito a la postura del grupo Marsans para concretar la expropiación, que en realidad tiene decidida desde hace varios meses. Es además el paso que aguardaban los españoles para reclamar en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial.

Anoche, ambas partes estaban seguras del desenlace, cantado también para cualquier buen observador de la trama aérea de los últimos años.

La casualidad es fácilmente descartable cuando el involucrado es un Gobierno que no tiene la sutileza entre sus hábitos. En el peor momento de la historia de la aviación internacional, las aerolíneas de cabotaje del país tuvieron las tarifas más bajas de América latina y el Caribe durante cinco años, paros casi mensuales de los gremios y un accionista que no invertía.

Algo de todo esto cambió mágicamente en julio pasado, con la decisión de la vuelta del Estado: pocas semanas antes hubo un aumento de tarifas y se terminaron las medidas de protesta.

Pero las inquietudes están más bien hacia el futuro. Casi todos los medios de transporte del país -trenes, subterráneos, colectivos y aviones- están en peores condiciones que hace seis años. LA NACION le transmitió esta inquietud al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, el 21 de julio, día en que se anunciaba en la Casa Rosada la estatización, con fuerte apoyo gremial. "¿Qué le hace pensar que un negocio tan complejo como el aeronáutico va a funcionar?", se le preguntó. "No es un problema de pensar nada -contestó-. Hay que ponerle mucho trabajo. Y yo no digo que los trenes funcionen bien, pero funcionan mejor que cuando se rescindieron los contratos."

Jaime no se ha subido a un tren en décadas, pero maneja en subsidios más de US$ 2000 millones por año. Una cifra que le permitiría al Estado comprar TAM y Gol juntas, dos aerolíneas brasileñas bastante más exitosas que el despojo que ahora pretende recuperar.