Fallo alemán contra el país por el default

Cuando la atención de los abogados argentinos estaba colocada en lo que ocurre en las causas por el default en EE.UU., la justicia alemana condenó ayer al Gobierno a pagarles a dos bonistas de ese país.

Así lo informó la agencia Bloomberg, que precisó que se trata de un caso de 6000 euros en intereses por bonos comprados en la década del 90 (1996 y 1997) en marcos alemanes por parte de dos inversores.

La Corte Federal rechazó el argumento de la Argentina de que la ley internacional les permite a los países en default retener pagos de todos sus bonos si tienen un acuerdo con la mayoría de sus acreedores, según dijo en una audiencia ayer el juez Hans-Ulrich Joeres.

La periodista Karin Matussek recordó que esos bonos fueron emitidos bajo ley alemana y no tenían las denominadas "collective action clauses" (CAC), que permiten evitar justamente que una minoría bloquee los acuerdos de una mayoría en las reestructuraciones de deuda soberana.

La audiencia se desarrolló en Karlsruhe y, según explicaron fuentes ligadas a la causa, se trató de la "última instancia en causas civiles", por lo que no habría una instancia de apelación posible.

Además, el magistrado opinó que "ni la crisis financiera de 2008 y 2009, ni las medidas de Euro-rescate para Grecia y Chipre establecieron una regla general de que los acreedores de un Estado en una angustia económica y financiera deben participar en una reestructuración". Se trata, según el abogado especialista en deuda soberana Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido, de una sentencia relativamente novedosa, porque "en los tribunales de Europa estaban priorizando la doctrina de la emergencia económica por encima de la importancia de los contratos".

Apelación por el desacato

Además, el Ministerio de Economía ratificó que mañana presentará "los argumentos que fundan la apelación que la Argentina ya realizó" por la declaración del desacato formulada por el juez de Nueva York Thomas Griesa. En un comunicado, dijo que espera que se revea "la absurda decisión de desacato de Griesa que resulta violatoria del derecho internacional y que, lejos de contribuir a solucionar el conflicto que el propio juez provocó, pretende ser un instrumento más de extorsión de los fondos buitre".