Fernández sucumbe a la tentación del intervencionismo

Gobernar yendo en contra de las leyes del mercado puede resultar una tarea tan infructuosa como la de Don Quijote con los molinos de viento. Por momentos, el gobierno de Alberto Fernández parece, de todas formas, dispuesto a intentarlo.

La decisión de congelar tarifas, imponer precios máximos y ahora intervenir en el negocio de las compañías de telefonía celular, internet y la televisión por cable difícilmente redunde en un incremento del empleo, de la inversión o de la calidad de los servicios. Podrá ser que, en el corto plazo, sirva para mantener la foto de la economía en plena pandemia, pero no faltará mucho para que empiecen a aflorar las inconsistencias de la estrategia. No se trata de una cuestión de ideología, sino solo de conocer las leyes del mercado.

Intervenir el negocio de las "telcos" podría tener un impacto que excede al Grupo Clarín, el objetivo no explicitado del decreto. Por lo pronto, perjudica a otros tres hasta ahora aliados del gobierno. David Martínez, del fondo Fintech y accionista de Telecom, y el mexicano Carlos Slim, dueño de Claro, son dos de ellos. El primero jugó a favor de la Argentina en Wall Street, para destrabar el canje de deuda. El segundo, el hombre más rico de América Latina y de histórica buena relación con el kirchnerismo, es quien está asumiendo el riesgo económico de la fabricación local de la vacuna contra el Covid-19 que desarrollaron la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Tampoco parece descabellado pensar que el gobierno español de Pedro Sánchez, otro aliado de Fernández, busque explicaciones por el impacto de la medida sobre Telefónica. ¿Habrá calculado el Gobierno el impacto internacional de su decisión?

En un momento en el que el principal objetivo del Gobierno debería ser conseguir dólares, no pareciera la medida más adecuada. De haber habido problemas de competencia en el sector, se podría haber apelado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un órgano que en el mundo desarrollado genera el mayor respeto aun entre los grupos económicos más grandes, pero que aquí nunca termina de despegar. En la Argentina la política económica parece inmersa en un círculo vicioso: el Estado interviene para corregir el mercado, pero solo logra magros resultados y un capitalismo cada vez más mediocre, lo cual lo lleva a intervenir aún más. Tal vez habría que probar solucionar los problemas del mercado valiéndose de sus propias reglas, fomentando la competencia con un Estado empoderado que vele por ella.

Mientras, el mundo intenta lidiar con la pandemia y los responsables de las grandes compañías internacionales no tienen tiempo para seguir el minuto a minuto de la Argentina. El "clima de negocios" para ellos no tiene matices y se resume en pocas premisas: hay cepo cambiario (o no hay libertad para el ingreso y egreso de capitales), hay controles de precios generalizados, y una intervención creciente del Estado en el sector privado. ¿Ejemplos? Sobran. Edesur, Vicentin y ahora las empresas de telefonía móvil, internet y TV paga.

Son premisas que no suelen ir de la mano de los manuales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero en el Gobierno no tienen previsto apurar demasiado las negociaciones con el organismo internacional. La idea es mandar formalmente la primera misiva en septiembre, pero no habrá negociación formal hasta octubre, que es cuando podrían iniciarse las conversaciones cara a cara. "Estamos viendo si viajamos o si hay una misión del FMI acá. La pandemia es una traba. Pero no nos convienen estas conversaciones por Zoom. El Zoom es como Facebook, exacerba las diferencias entre conocidos", confió una fuente oficial. Tampoco los burócratas del FMI tendrían demasiado apuro en avanzar hasta no conocer el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en noviembre.

Dos miradas sobre los precios

La gestión de la política de precios empieza a desconcertar a algunos empresarios. La moderación que encuentran en el ministro Matías Kulfas que dijo a LA NACION hace apenas nueve días que Precios Máximos "no es una política para aplicar hacia adelante" no se replica en las reuniones que luego mantienen con la secretaria de Comercio, Paula Español. Lo comprobaron el martes pasado los empresarios del negocio de electrodomésticos, cuando, en una reunión, Español consideró "escandalosa" la suba de precios de algunos ítems como las notebooks, que durante la pandemia duplicaron su valor de venta al público, y hasta amenazó con retirar a los retailers del Ahora 12, su principal respirador. El diálogo, aseguran, fue áspero. Hay quienes temen que Kulfas pierda influencia en las decisiones económicas. El traslado de la Secretaría de Energía a la órbita del Ministerio de Economía encendió luces de alerta.

Pese a recibir subas del orden del 4% en julio, las empresas de alimentos volverán a insistir esta semana ante el ministro Kulfas en que se les habiliten nuevos retoques. Muchas ya vienen solicitándolo de forma independiente. En esta ocasión insistirán vía la cámara que las agrupa, la Copal. Los argumentos son varios: el encarecimiento de costos dolarizados, como los empaques; las subas de algunos insumos; los incrementos en los costos logísticos y de los procesos de producción producto de los protocolos Covid-19, además de las paritarias.

"Hoy es más negocio sacar productos de la góndola admitió un ejecutivo de una multinacional. A estos precios el negocio no cierra. Y además hay otro debate sobre la mesa, y es que sobra la capacidad instalada, y eso incluye gente. Es un ajuste que tarde o temprano se va a hacer", anticipó. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, deslizó en charlas con empresarios que la prórroga de la prohibición de despidos, que vence en septiembre, es casi un hecho.

Aunque sabe que la modificación de la matriz no se hará de un día para el otro, el Gobierno ya tendría a la firma un decreto para sustituir la importación de notebooks con producción nacional. Rebajaría a 0% los aranceles para la importación de partes, y elevaría a 20% el impuesto para la compra en el exterior de computadoras terminadas. Un nuevo cambio en las reglas del juego, para un mercado que hace tan solo tres años, en 2017, se reconvirtió luego de que la gestión Macri bajara a cero los aranceles para las computadoras.

Las trabas para conseguir licencias de importación ("SIMI", en la jerga) encienden luces de alarma en la industria. La Cámara de Importadores informó que existen al menos 46 empresas que irán a la Justicia por las demoras en la emisión de SIMI. Otras tantas revisan sus planes de negocios para ver qué pueden empezar a exportar, y así mejorar su matriz de cara al Gobierno. Cualquier similitud con el pasado no es coincidencia.

El equipo económico está ansioso por lanzar medidas que ayuden a fomentar el consumo y mejorar la sensación de bienestar de una población agobiada por la pandemia y la malaria económica. Trabaja en un "plan canje" de heladeras y lavarropas, y en esa línea, desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) conversan con la industria aseguradora para poder financiar proyectos de construcción. Aunque aquí también el Gobierno se encuentra con una limitante económica: las aseguradoras le explicaron al regulador que el plan no podrá hacerse con fondos nuevos, sino con los que ya tienen asignados para inversiones en la economía real. Si las obligaran a vender más activos para volcar a la construcción, eso terminaría reflejándose en fuertes pérdidas contables, ya que muchos de los instrumentos en los que hoy están invertidas las carteras ya están valuados a valor técnico y no de mercado. Minucias, para algunos, pero todo un problema para las compañías.