Festejos para los fracasos

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6 de enero de 2013  

El polémico asado del ministro Julio Alak en el museo de la ex ESMA es una muestra más del extraño concepto que el cristinismo aplica a ciertas celebraciones. Otro caso había sido la multitudinaria fiesta del 9D en Plaza de Mayo, organizada de antemano para celebrar el 7D como la victoria decisiva contra el Grupo Clarín, que finalmente quedó vacía de contenido por decisión judicial. Y esta semana habrá de sumarse el show artístico popular para recibir con fuegos artificiales a la Fragata Libertad en Mar del Plata, con la idea de transformar en un triunfo político lo que en realidad fue un papelón internacional, atribuible a la propia impericia del Gobierno en un caso verdaderamente absurdo.

La prometida presencia presidencial en el apostadero naval marplatense, en plena temporada veraniega repleta de turistas, no sólo revela el oportunismo político de Cristina Kirchner quien, en lo que va de su gestión, nunca se había ocupado de la partida ni del arribo del buque escuela de la Armada. Más bien apunta a dejar en el olvido el error de haber incluido a Ghana en el itinerario de la Fragata y que sólo le costó el cargo a una funcionaria de tercera línea del Ministerio de Defensa; además del jefe de la fuerza, pero por no convalidar el relevo de otro oficial que se atrevió a contar cómo se había gestado la gaffe oficial. También a borrar de la memoria aquella desafortunada frase de la Presidenta, cuando afirmó que los "fondos buitre" podrían quedarse con la fragata, "pero no con la libertad, la soberanía ni la dignidad" de la Argentina. En rigor, el buque escuela permaneció privado de su libertad de navegar durante dos meses y medio en ese país africano, donde la Argentina ni siquiera tiene representación diplomática ni hizo ningún trabajo jurídico previo para evitar el riesgo de estos embargos arbitrarios.

Más allá del episodio puntual, el caso revela otra tendencia preocupante: el Gobierno nunca admite sus errores y redobla la apuesta cuando debe enfrentar sus consecuencias, con lo cual genera nuevos problemas. Con el embargo de la Fragata, los "fondos buitre" lograron su cometido de llamar la atención mediática; pero el gobierno de CFK cayó en la trampa de endurecer su posición justo antes de que el juez neoyorquino Thomas Griesa debiera determinar cómo y cuánto debía pagarles, lo cual desembocó en un fallo aún más duro, finalmente suspendido por la corte de apelaciones de Nueva York hasta fines de febrero. Resultado: el Gobierno acaba de aceptar ahora la reapertura del canje para los holdouts a cambio de una sentencia más razonable, pero permanecerá hasta entonces con los dedos cruzados para evitar un nuevo problema en el sector externo de la economía.

La arbitraria transformación de fracasos en supuestos éxitos tiene ya una larga historia en el kirchnerismo. Cristina Kirchner suele exaltar el desendeudamiento externo del sector público, pero omite señalar que la deuda cambió de acreedor cuando debe pagar con reservas del Banco Central, que antes se "compraban" con superávit fiscal y ahora con pagarés de dudoso cumplimiento. Y desde la época en que sobraban reservas, mantiene pendiente la deuda en default con el Club de París (unos 9000 millones de dólares, incluyendo intereses y punitorios), así como en la nebulosa judicial una ristra de fallos del Ciadi (tribunal internacional de resolución de controversias del Banco Mundial) en contra de la Argentina. Esto deja al país sin acceso al crédito externo, justo en una época de bajísimas tasas de interés internacionales.

Es cierto que el endeudamiento en dólares para financiar gastos corrientes provocó desastres en el pasado. Pero esto no justifica renunciar al financiamiento de largo plazo y bajo costo para grandes inversiones en infraestructura, que actualmente deben ser atendidas con el presupuesto nacional de cada año; o bien con créditos de países emergentes que financian sus propias exportaciones de bienes de capital, lo cual reduce el abanico de opciones.

Este fue el caso de la compra de 45 coches chinos para reequipar la línea A de subtes, que el gobierno de CFK adjudicó cuando no planeaba transferir el servicio a la administración Macri. Como funcionan con un voltaje diferente (1500 volts) al de las centenarias formaciones que habrán de reemplazar (1100 volts), los nuevos y viejos trenes no pueden circular simultáneamente y es lo que obligará a suspender el servicio este verano. Aunque nadie explicó si son necesarios 60 o menos días para poner a punto el cambio, resulta insólito que la Casa Rosada le endose al gobierno porteño el costo político de la decisión, como si no hubiera tenido nada que ver con la compra de esos coches.

Otras situaciones inexplicables ocurren en el transporte de superficie. Por primera vez el gobierno kirchnerista acaba de disponer una tarifa social en trenes y colectivos para jubilados, empleadas domésticas, ex combatientes y beneficiarios de planes sociales, que debió haber aplicado hace varios años. En cambio, optó por hacerlo ahora luego de haber aumentado los boletos para contener los crecientes subsidios a las empresas concesionarias. Pero esto ocurre un año después de haber sometido a millones de pasajeros a torturantes colas en el verano pasado para entregar la tarjeta SUBE. Vista en perspectiva, la tarjeta encubrió la necesidad de ejercer un mayor control sobre el uso de los fondos estatales para el transporte, que ahora tiene tres precios diferentes para cada pasaje.

Valor simbólico

El fracaso de la política de subsidios masivos e indiscriminados -que costará años racionalizar- probablemente trate de ser camuflada con el probable anuncio de la reestatización de los trenes suburbanos, que sería motivo de otro show político en el año electoral para regocijo de los gremios ferroviarios que ya han pegado algunos afiches callejeros para apurar la decisión. Pero si se concretara esta idea, sólo tendría el valor simbólico de repintar los trenes con el logo "Transporte Público" y difícilmente haga olvidar la tragedia de Once. En la práctica, significará presentar de otra manera un servicio que hace tiempo es virtualmente estatal, funciona mal y cuyo déficit impide realizar imprescindibles inversiones en renovación de trenes con más de 50 años a cuestas. Sólo en 2012, el subsidio a las seis líneas suburbanas trepó a 4600 millones de pesos (unos 1000 millones de dólares). Casi lo mismo que el déficit récord de Aerolíneas Argentinas (976 millones), cuya reestatización CFK suele presentar como uno de los logros de su gestión.

Quizá por su menor costo económico inmediato, el Gobierno haya optado por confiscar por decreto el predio ferial de la Sociedad Rural, para ofrendar un supuesto éxito político a sus seguidores más ideologizados. Pero es difícil que coseche algún rédito en zonas de rurales. Allí las preocupaciones marchan de la mano de otras prioridades: después de diez años de boom sojero y recaudación multimillonaria de retenciones, el estado de la mayoría de los caminos rurales sigue siendo deplorable ante cualquier lluvia y complica el transporte de las cosechas hacia los puertos, que también el Gobierno necesita imperiosamente.

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