Giro del Gobierno: da beneficios en petróleo para atraer a Chevron

Por tercera vez en la historia argentina, para intentar salir del atolladero energético un gobierno acude a recetas que antes había criticado. Primero fue Juan Domingo Perón, en 1955, cuando, pese a sus críticas al capital internacional, cerró un contrato con la Standard Oil para buscar petróleo. Tres años más tarde le ocurrió a Arturo Frondizi, que había rechazado ese acuerdo en su libro Petróleo y política , pero cuando llegó al poder favoreció el ingreso de capital extranjero. La presidenta Cristina Kirchner se sumó ayer a esa lista: después de una década de criticar, presionar, amenazar con la quita de concesiones y hasta expropiar YPF, hizo reformas en el marco regulatorio del sector petrolero favorables a las empresas con el objetivo de atraer inversiones internacionales.

Le bastaron 20 artículos del decreto 929, publicado ayer en el Boletín Oficial, para dar un golpe de timón a la política de hidrocarburos que aplicó el kirchnerismo desde 2003. La norma da concesiones a las compañías impensadas hasta hace poco. Entre ellas, las autoriza a exportar una parte de su producción sin retenciones y les garantiza la libre disponibilidad de los fondos que esas operaciones generen.

Especialistas del sector criticaron que la norma esté hecha "a la medida de Chevron", la petrolera norteamericana con la que YPF firmaría hoy un acuerdo de inversión para producir gas y petróleo en Vaca Muerta, en Neuquén, la mayor reserva de hidrocarburos del país. Chevron es la sucesora de la Standard Oil.

Las petroleras locales celebraron la medida a través de un comunicado.

El decreto crea un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Podrán acceder a él las empresas que realicen "una inversión directa en moneda extranjera no inferior" a los 1000 millones de dólares en los primeros cinco años del proyecto. De manera que las petroleras que quieran suscribir a los beneficios deberán ingresar divisas. A cambio, podrán "comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos" en esos proyectos, con "una alícuota del 0% de derechos de exportación [retenciones], en caso de resultar éstos aplicables.

Las empresas, además, tendrán la libre disponibilidad de las divisas provenientes de esas exportaciones, por lo que no estarán obligadas a ingresarlas al país.

El decreto les da otro reaseguro: en caso de que la producción nacional no alcance a cubrir la demanda interna y el Gobierno deba disponer de las exportaciones para cubrir esas necesidades, las petroleras cobrarán por esa porción "un precio no inferior al precio de exportación de referencia", sin retenciones. Las empresas que deban ceder esos volúmenes, además, tendrán "derecho prioritario a obtener divisas de libre disponibilidad a través del Mercado Único y Libre de Cambios por hasta un 100% del precio" obtenido por la venta en el mercado interno.

La norma tiene el objetivo declarado de recuperar el autoabastecimiento energético, que la Argentina perdió durante el kirchnerismo. Sólo en el primer cuatrimestre del año, la extracción de petróleo cayó 5,6% y la de gas, el insumo más importante de la matriz energética doméstica, 7,4%. La menor oferta doméstica obligó a aumentar las importaciones, que superan los US$ 1000 millones mensuales y son una de los principales causas de las necesidades de dólares.

El decreto da marcha atrás con los principales lineamientos establecidos por el decreto 1277, por el que se intervino el mercado y que fue elaborado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en 2012. Llamativamente, pese a las diferencias entre ambas normas, ambos fueron elaborados bajo la consigna de la "soberanía hidrocarburífera".

A favor y en contra

En el sector petrolero repartieron críticas y elogios a la medida. Nicolás Gadano, investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), rescató la intención de reformular "reglas que desde hace tiempo se viene diciendo que van en contra de la inversión". Pero lamentó: "Uno se pregunta por qué no se empiezan a hacer cosas más generales, en lugar de algo tan discrecional, donde una empresa tiene que anotarse para recibir un beneficio".

El ex secretario de Energía Jorge Lapeña puso énfasis en otro punto: "Se trata de un decreto limitado en sus alcances y sin anuncio previo. Es un instrumento destinado a dar el mínimo de seguridad a un inversor que pueda invertir 1000 millones de dólares en los próximos cinco años. Tiene un destinatario claro: Chevron. A mi modo de ver, no despeja ninguna incógnita fundamental de las que podría tener un inversor internacional para decidir venir a la Argentina", sostuvo.

Fuentes oficiales que participaron en las discusiones de la norma rechazaron esa interpretación ante la consulta de LA NACION. "El decreto le abre la puerta a cualquier inversor importante. La idea es hacer atractiva la idea de poner plata en el país y tirar por la borda todos los argumentos por los cuales nos decían que no venían. Esto es lo que piden las empresas internacionales", explicaron.

El decreto estuvo en estudio en despachos oficiales durante seis meses. Contó con Cristina Kirchner como principal promotora, explicaron quienes participaron en las negociaciones finales. La decisión de la Presidenta estuvo motivada en parte por las sugerencias del CEO de YPF, Miguel Galuccio, que tiene entre sus principales objetivos cerrar acuerdos con empresas internacionales para que realicen inversiones en la Argentina.

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