Goteo para un paciente en terapia intensiva
La situación de la economía argentina no está para aplicar medidas con cuentagotas, según la opinión unánime de los expertos, independientes o políticamente comprometidos. La altísima dosis de incertidumbre, en gran medida aportada por los fuertes debates políticos (especialmente en la interna oficialista), no lo aconseja, no ya para el mediano y largo plazo, sino también para las próximas semanas. Y aquella posología demasiado lenta parece ser aquella por la que optó el Gobierno, al menos hasta ahora.
Pocos días después de haber aumentado 10 puntos (de 35 a 45%) la percepción a cuenta de impuestos en las operaciones de gastos y compras en el exterior con el llamado dólar turista, con el objetivo de desalentar esa salida de divisas, el equipo económico atendió ayer la otra columna de ese balance: favorecer a los turistas extranjeros que gastan en el país la liquidación de sus dólares al tipo de cambio “financiero” del MEP.
El Banco Central busca así que esos dólares, en lugar de alimentar el mercado del blue, vayan a parar a sus reservas. ¿Esto podría frenar la disparada de las cotizaciones? Hay serias dudas: por lo pronto, eso haría disminuir la oferta de billetes en el mercado informal y podría producir un mayor aumento de esa cotización. ¿Bajaría el precio en el MEP? En el mercado creen que la mayor oferta en ese segmento no sería suficiente para conseguirlo, sobre todo, de nuevo, por la incertidumbre. Además, ¿estaría dispuesto el turista a ir hasta una sucursal bancaria a cambiar sus dólares con la obligación adicional de certificar su situación cuando puede cambiar sus billetes a pasos de su hotel?
El Gobierno calcula que en lo que va del año los turistas extranjeros que ingresaron al país (un poco menos que 600.000, según el último informe del Indec) gastaron US$1400 millones, pero solo el 16% de esa cifra (US$224 millones) entró en el mercado oficial y fue a parar a las reservas del BCRA. La diferencia, en el contexto de sequía de dólares en las arcas públicas, puede sonar apetecible, aunque no sea la solución definitiva de los problemas del atribulado mercado cambiario.
Desde el sector agropecuario, principal proveedor de divisas para el país, la situación se muestra complicada. La cosecha gruesa está llegando a su fin, y para que empiece la fina (con la reapertura de la canilla de dólares) hay que esperar a septiembre. Además, en el sector se calcula que aún quedan 29 millones de toneladas de soja sin vender, lo que equivale a unos US$14.000 millones. Es que la diferencia neta en contra de los productores/exportadores es muy marcada: descontadas las retenciones del valor del dólar oficial, la cotización para ellos queda en $91 por dólar.
De allí que circularan versiones sobre la posibilidad de establecer, al menos por un tiempo, una cotización especial para estos casos, en torno a los $180, luego desmentidas por el Ministerio de Economía y el Banco Central.
Hasta aquí las posibilidades que se analizan para aumentar la oferta de dólares, para frenar la escalada de las cotizaciones y aumentar las reservas del Banco Central.
Del lado de la demanda, la entidad monetaria viene dando atisbos de liberación de acceso al mercado a algunos sectores, también con cuentagotas. De hecho, ayer anunció que permitirá que compren para pagar importaciones (con algunas limitaciones, según el monto total) algunos “sectores estratégicos”, cuyos insumos hayan sido embarcados en origen hasta el 27 del mes pasado y tengan el permiso vigente a esa fecha.
Pero al mismo tiempo limitó el acceso al mercado de cambios a aquellas empresas que tengan en sus carteras de inversión Cedear (títulos de empresas extranjeras que cotizan en el mercado local) por más de US$100.000.
Una muestra más de cómo las distorsiones afectan los propios objetivos del Gobierno. Más allá de si la economía está “creciendo mucho” (como lo afirmó el presidente Alberto Fernández) o poco, los mismos datos oficiales empiezan a mostrar una desaceleración, que podría profundizarse por la restricción cambiaria.
En los últimos días se están sucediendo anuncios de empresas que advierten que podrían tener que parar su producción (e incluso suspender personal, o al menos adelantar vacaciones) ante la falta de insumos importados, por las restricciones que impone el Banco Central. La entidad que preside Miguel Pesce ha recibido varias notas de diversos sectores para pedirle una puerta de acceso más abierta, y sus autoridades se vienen reuniendo con directivos privados para analizar cada caso.
Con la situación que atraviesa la economía local, los proveedores del exterior se niegan a financiar al comprador argentino a 180 días, como exige el BCRA para liberar los dólares. El temor a futuro: que la desaceleración se transforme en caída.
El último informe del Ieral (Fundación Mediterránea) señala que las importaciones “no energéticas” promediaron los US$5800 millones por mes en el primer semestre, “pero el margen disponible para importaciones no energéticas sería del orden de los 4700 millones/mes de aquí a fin de año, bajo el actual esquema cambiario y teniendo en cuenta el resto de las demandas por divisas: energía y combustibles, turismo, ahorro, pagos netos de servicios financieros y reales del sector privado y una mínima cuota para recomposición de reservas”.
Con ese nivel de autorizaciones de compra de divisas para importaciones en el segundo semestre, “el impacto sobre la oferta agregada de la economía y la actividad sería severo, implicando un ajuste de 19% respecto del promedio del primer semestre y de 28% en relación a junio”, plantea. El estudio del economista Jorge Vasconcelos plantea dudas sobre la implementación de las últimas medidas cambiarias, y advierte sobre las dificultades para achicar la brecha: “Lo cierto es que, con un tipo de cambio oficial de 135 pesos, el equilibrio en el mercado cambiario no podrá ser alcanzado bajo el actual esquema”.