Hay distorsión de precios y el riesgo es que el ajuste lo haga el mercado

La existencia de una distorsión importante en materia de precios relativos resulta, a esta altura, innegable. Y, probablemente, constituye el principal desbalance a nivel macroeconómico, que se agrava por la presencia de una tasa de inflación instalada bien por encima del 20 por ciento anual. Podemos mencionar algunos ejemplos elocuentes:

*Hoy un kilo de pan cuesta lo mismo que un mes entero de servicio de luz en la Capital ($ 20 versus $ 18,90). Aunque hay que tener en cuenta que esta situación es bien distinta en el interior del país. De hecho, el costo del servicio eléctrico residencial en la ciudad de Santa Fe resulta casi siete veces mayor que el que se paga en la Capital.

*Un litro de leche cuesta cinco veces más que un boleto de colectivo en la Capital Federal, cuatro veces más que un boleto de tren y triplica el precio del subte (aún luego del último ajuste, este año, de 150 por ciento ).

En este sentido, hay algo que es claro: la corrección de precios relativos finalmente ocurrirá.

Aunque hay dos cuestiones clave: primero, quién será el encargado de administrar el costo y la magnitud del ajuste; y segundo, cuándo se hará la corrección.

En el primer caso, o lo hace la política económica (en el futuro cercano) o lo terminará haciendo el mercado. El problema es que este último no lo suele hacerlo en forma gradual y ordenada, ni evalúa la equidad en el reparto de pérdidas. Mientras que una política económica bien diseñada y coordinada sí lo puede hacer.

La segunda cuestión depende directamente de la primera, y su respuesta es más difícil.

Ahora bien, el Gobierno parece -finalmente- haber tomado nota de esta situación. De hecho, este año ha impulsado diversas medidas que en otro contexto resultarían impensadas en un año electoral, como limitar los incrementos salariales, acelerar la depreciación del dólar en el mercado oficial, incrementar las tasas de interés o permitir una importante suba en el precio de las naftas.

Pero estas iniciativas resultan insuficientes dada la magnitud de las distorsiones existentes, y especialmente teniendo en cuenta el inadecuado enfoque adoptado, el cual ha apuntado sólo a las consecuencias y no a las causas de los desequilibrios, adoptando medidas de una manera descoordinada y con los instrumentos menos recomendables, con una mala implementación y una peor comunicación.

Así, las distorsiones existentes requieren, a esta altura, mucho más que medidas aisladas.

En cambio, hace falta un replanteo general del esquema actual de política económica, que necesariamente deberá comenzar por diseñar una estrategia que contemple todos los factores que hoy explican el aumento sostenido de los precios.

Es que podría resultar infructuoso -e incluso bien riesgoso- intentar compensar la pérdida de competitividad por medio de una aceleración del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, si no se resuelven antes otras cuestiones como el creciente financiamiento del déficit fiscal con una mayor emisión monetaria.

Y lo mismo si no se lleva a cabo un ajuste de las tarifas energéticas, dado que en este caso se agravarían en lugar de mejorarse los desbalances, especialmente, el déficit fiscal, al encarecer las importaciones de combustibles, y con esto, requerir mayores subsidios. Obviamente, resulta impensado dar una solución al mercado cambiario paralelo si no se enfrentan antes los desequilibrios que dan lugar a su existencia.

Es claro que hasta octubre el Gobierno no modificará el rumbo de sus decisiones para conducir la economía. Pero, ¿qué podemos esperar después? A primera vista suena poco probable un escenario donde la actual gestión elija un sendero que signifique una importante corrección en el rumbo actual.

Primero, porque todas estas medidas implican costos (políticos y económicos) altos sin beneficios tangibles en el corto plazo, y máxime dada la baja credibilidad del Gobierno. A lo que se suma también el hecho de que su poder político (de confirmarse las encuestas que adelantan un resultado ajustado para el oficialismo) sería menor tras las elecciones, restando capacidad de maniobra para implementar los cambios necesarios.

En este contexto, lo más probable es que se observen algunas medidas, como un ajuste en las tarifas energéticas, o una depreciación más acelerada del peso (como sucedió en los últimos meses), pero siguiendo la regla de hacerlo sin una mirada integral. Y manteniendo un esquema de elevada intervención, tanto sobre la macro como sobre la micro.

Con estas iniciativas, las autoridades podrían "comprar" algo de tiempo, pero las correcciones no serán suficientes para resolver los desequilibrios existentes. Mientras tanto, el tiempo seguirá corriendo. Y cuánto más se demore la política económica, mayor el riesgo de que el ajuste se materialice de forma abrupta y desordenada.