Hay esqueletos fiscales en el armario kirchnerista

El "desendeudamiento" es quizás el último bastión de la retórica kirchnerista en el campo económico. Atrás quedaron las épocas en que el discurso oficial ofrecía un menú de logros más diversos, como el "crecimiento a tasas chinas", la vigencia de un tipo de cambio competitivo o los superávits gemelos.

Según números oficiales, la deuda pública de la Argentina suma hoy US$ 196.000 millones, equivalentes a 48% del PBI usando el tipo de cambio oficial. Si quitásemos a esa deuda la parte que está en manos del Banco Central y de la Anses, bajaría a US$ 80.000 millones y sería equivalente a apenas 20% del PBI. En ese proceso de neteo de la deuda intrasector público, el Banco Central se quedaría sin capital y el Fondo de Garantía de Solidaridad de la Anses desaparecería. No más plan Procrear ni netbooks para todos. Afortunadamente también, un Banco Central con capital negativo debería dejar de transferir sus utilidades al Tesoro para recomponer su patrimonio lo que pulverizaría rápidamente la inflación.

Pero asumamos por ahora que ese neteo se realiza y que la Argentina tiene efectivamente una deuda inferior a 20% del PBI. Esa cifra compararía con una de 80% para el promedio mundial de deuda en relación con el producto bruto, y de 35% para las economías emergentes. Un punto para el relato.

Sin embargo, la Argentina ha acumulado una serie de deudas que no figuran en la contabilidad oficial, pero que deberán ser afrontadas por el próximo gobierno. Como en el caso de una familia que deja de pagar la tarjeta de crédito, la obra social y el colegio de los chicos. No pagar no implica no endeudarse. Malas noticias, eso es lo que estuvimos haciendo. Las deudas que no son contabilizadas correctamente por los números oficiales –los "esqueletos fiscales"–tienen origen en múltiples frentes.

El caso de las deudas en el Ciadi es uno de los más importantes. La Argentina tiene 23 juicios pendientes de resolución en ese tribunal, la mayoría en etapa avanzada. Los litigios en general provienen de compañías que proveían servicios públicos básicos, como la distribución de agua, gas y electricidad y que fueron afectados por la ley de emergencia económica (25.561

02), que congeló las tarifas. El monto reclamado supera los US$ 50.000 millones, aunque estimamos que esos montos podrán ser reducidos en las sentencias o en negociaciones posteriores a menos de la mitad, unos US$ 18.000 millones, a los que se suman los US$ 6500 millones en bonos a valor nominal que serán pagados a Repsol por la estatización de su participación accionaria en YPF.

Otra deuda de urgente normalización es la que el Estado mantiene con los jubilados. Este pasivo surgió luego de que el gobierno nacional no actualizara correctamente las mensualidades entre 2002 y 2006, y la Corte Suprema fallara en favor de los pasivos (caso Badaro). A esto se sumó una desactualización en los salarios que condujo a una subestimación del haber jubilatorio, que llevó a otro fallo en contra del Gobierno (caso Elliff). La deuda que se acumula por estos conceptos alcanza unos $ 150.000 millones y ese monto podría ser más elevado si la Justicia exigiera que se aplique el 82% móvil de modo retroactivo, o incluso con una tasa de 70 por ciento. Actualmente, la relación entre haber jubilatorio y salario ronda el 60 por ciento.

En el caso del Club de París, las estadísticas públicas reconocen una deuda de US$ 6000 millones, que crecería hasta US$ 10.000 millones si se incluyen intereses. Y con respecto a los holdouts no hay cifra alguna en nuestras estadísticas, aunque sabemos que debemos entre US$ 11.000 millones y US$ 30.000 millones dependiendo del fallo de la justicia norteamericana y su acatamiento o no por parte del país. Entre ambos conceptos, una cifra a mitad de camino del monto no reconocido por el Gobierno arrojaría una deuda contingente de US$ 24.000 millones.

Finalmente, resta pagar en los próximos años unos US$ 39.000 millones en concepto de cupones de PBI, instrumentos de deuda contingente emitidos en los canjes de 2005 y 2010. Si bien esos pagos no figuran en nuestra deuda, deberían hacerlo, ya que de lo contrario se subestima el esfuerzo fiscal que deberá hacer la Argentina en los próximos años.

Un último punto: la infraestructura. Se necesita urgente renovar la infraestructura vial, ferroviaria, energética y de comunicaciones. También eso se financia con deuda. Sólo a modo de ejemplo: la generación de energía funciona al límite y se deben agregar de inmediato entre 3000 y 5000 megavatios de capacidad a un costo cercano a US$ 10.000 millones. Si se extiende esto al resto de los sectores la cifra resultará no menor a US$ 50.000 millones. Pero ése es otro capítulo.

Simplemente sumando los pagos por la deuda en el Ciadi, el arreglo con Repsol, la deuda con los jubilados, los holdouts y el Club de París, y los pagos futuros de cupones de PBI, se agregan a nuestra deuda con el sector privado unos US$ 110.000 millones. La deuda si se excluye al propio sector público más que se duplicaría entonces y treparía hasta US$ 190.000 millones o 47% del PBI, en vez del 20% que reporta el Gobierno. Y si el cómputo se hiciera midiendo el PBI en dólares a un tipo de cambio "celeste" –mitad blanco, mitad blue–, nuestra deuda subiría a 61% del PBI. Otra vez sopa, aun dejando sin dinero al Banco Central y la Anses. Así como la Argentina eligió no tener inflación simplemente no reportándola, lo mismo hicimos con la deuda. Pero está allí, vivita y coleando. Otra vez, después del desendeudamiento.

El autor es economista