Hay que construir consensos

La Sociedad Rural Argentina ha rechazado el aumento de cuatro puntos en las retenciones a la exportación de soja y se ha manifestado en contra de la aplicación de subsidios cruzados entre las distintas actividades agroindustriales. En virtud del incremento extraordinario de los ingresos por retenciones que ha tenido el Estado luego del aumento de los precios internacionales y los niveles récord de cosecha, no es necesario recargar nuevamente al productor sojero para llevar adelante el intrincado sistema ideado por el Gobierno para subsidiar el consumo.

No es lógico tampoco que un productor de soja de Santiago del Estero, con un elevado costo de fletes, deba subsidiar a un industrial pollero del Gran Buenos Aires. Los subsidios cruzados son de muy difícil instrumentación y su aplicación puede generar arbitrariedades y focos de corrupción.

Sin embargo, no podemos ignorar que en nuestro país existen dos realidades que se contraponen: por un lado, los bajos salarios, de cuyo nivel no somos, por cierto, responsables, que no pueden acceder a los precios que se pagan por los alimentos en otras partes del mundo. Por otro, es un acontecimiento más que auspicioso que los bienes que mejor se producen tengan una demanda sostenida y un precio internacional creciente.

Lejos de ser un problema, hay una oportunidad que no se da desde hace casi un siglo, y el país debe aprovecharla. La compatibilización entre la exportación y el abastecimiento interno a precios acordes a los salarios locales es un desafío que debe afrontarse con herramientas novedosas.

En rigor existen mecanismos para acceder los precios internacionales y que de ellos salga la suma necesaria para subsidiar el consumo de cada producto sin aumentar retenciones ni crear nuevos impuestos. El acuerdo logrado recientemente en el sector lácteo, así como la propuesta "Pan para los argentinos y trigo para el mundo", que le elevamos al Presidente a fines de diciembre pasado, son dos claros ejemplos. Allí están a la vista los resultados negativos de las políticas implementadas en 2006 para enfrentar el aumento de los precios de los productos de la canasta básica, que perjudicaron a los productores sin beneficiar a los consumidores.

Con todos los defectos que hemos señalado, creemos que las medidas anunciadas la semana pasada dan un paso en el sentido correcto: reconocen la necesidad del productor de lograr la rentabilidad que los nuevos precios generan, utilizando parte de ella para subsidiar los alimentos de la población. Ante este cambio, es imprescindible sentarse a construir consensos, dejando a un lado rencores, ideologías y prejuicios, y abandonando inútiles confrontaciones. Sólo así lograremos generar el despegue que el país necesita, sin tener que sacrificar el derecho de la población a una alimentación digna.