Hegemonizar para solucionar las distorsiones

Ha generado entusiasmo el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de encarar, en su próxima gestión, soluciones a las "distorsiones" económicas. Sin embargo, compartir la percepción sobre los problemas existentes no implica coincidir en las soluciones necesarias.

Para hacer un análisis, si no se cuenta con las propuestas concretas (incluyo a la oposición) para saber lo que alguien va a hacer, primero hay que tratar de entender cómo razona, ya que puede ser distinto a la propia visión. Si se interpreta el pensamiento dominante en el Gobierno, se lee que el "modelo redistribucionista" implementado desde 2003 ha sido exitoso. Si bien sus protagonistas admiten que hay algunas "distorsiones", insisten en que éstas no se deben a las actuales políticas, sino a que existen algunos sectores demasiado influyentes (empresarios, medios de comunicación u otras corporaciones) que se resisten a alinearse con el "modelo" y terminan generando estos problemas. Por ello, la solución es buscar una mayor hegemonía del poder que les permita alinear a los rebeldes o hacer que les vendan sus negocios a aquellos que sí estén consustanciados con la actual estrategia.

Si se toma esta hipótesis de pensamiento oficial, se pueden diagnosticar algunas de las "distorsiones", prever la "medicina" oficial y, también, sus resultados:

a) Las "tensiones" de precios se deben a que el éxito del "modelo" gestó un fuerte incremento de la demanda interna, al que ciertos empresarios codiciosos respondieron con subas de precios en vez de incrementar la oferta. Por lo tanto, lo esperable es que busquen instrumentos, como restablecer la ley de abastecimiento, para encarrilar a estas empresas insaciables. Esto sólo provocará desabastecimiento y merma de la inversión, ya que el Banco Central seguirá emitiendo excesivamente para darle recursos al Gobierno, mantener un alto tipo de cambio y dar financiamiento al "modelo productivo", cobrándonos un alto "impuesto inflacionario".

Política agrícola

b) Cuando se anuncia el plan estratégico agropecuario, se plantean muchos objetivos deseables, pero ninguna solución a los problemas que tiene el sector. Por ejemplo, las diferencias entre el precio que surgiría de deducir al valor internacional las retenciones y el que efectivamente cobran los productores de maíz y trigo. El Gobierno no considera que esta distorsión tenga que ver con las restricciones que ponen a la exportación de esos productos. El problema sería que las aprovechadas comercializadoras se hacen de una ganancia mayor, por lo que la solución debe pasar por la nacionalización del comercio exterior. Así el Gobierno se apropiaría de toda la renta que el campo hoy cede por las restricciones e impuestos a las exportaciones, pudiéndola redistribuir a su antojo. Los resultados serán un mayor desincentivo a la inversión agropecuaria, lo que derivará en una peor evolución de la oferta de estos productos para la mesa de los argentinos y la de los extranjeros.

c) Las transferencias a las empresas de servicios públicos para controlar las tarifas y subsidiar el consumo se están volviendo una pesada carga presupuestaria. Además, desincentiva la inversión y está generando escasez de oferta de esos servicios; por ejemplo, la creciente necesidad de importar gas carísimo, cuando la Argentina tiene la capacidad de autoabastecerse. Es el resultado de las pésimas políticas oficiales que desincentivaron la inversión, lo mismo que en otros sectores como el de combustibles o la producción y distribución de electricidad. La solución oficial sería habilitar subas discrecionales de las tarifas a los consumos más altos, reduciendo el subsidio. "Incentivar" a las empresas a invertir o, si sus accionistas no ceden, forzar su reemplazo por otros más flexibles. También intentarán una mayor participación del Estado en la inversión en estos sectores, con las consabidas consecuencias en términos de ineficiencias y riesgos de corrupción. Será recomendable recordar lo vivido a finales de los 80 para estar preparados para lo que vendrá.

d) El sistema financiero es un instrumento vital para dirigir los recursos hacia donde el "modelo" lo requiere. El crédito que da es poco y no va adonde el Gobierno preferiría. Por ende, se buscará aprobar una ley que dé más poder al Estado para determinar a quién se le otorga y a qué tasas, y buscar incrementar los préstamos. Lamentablemente, estos últimos dependen de los depósitos y de ahorristas que están cada vez más cansados de que los gobiernos los usen como si fueran propios e incluso se los confisquen para redistribuirlos, como en 1989 y 2002. Por ende, menos gente confiará sus ahorros al sistema financiero local, por lo que el crédito será menor.

Muestren propuestas

Estas son sólo algunas de las soluciones que se puede deducir que están en la cabeza de los funcionarios del Gobierno. Sin embargo, como ciudadanos deberíamos exigir a todos los candidatos ( www.ciudadanosporeldebate.com ) que hagan explícitas sus propuestas de políticas públicas para el próximo período presidencial.

El autor es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso