Pros y contras de un acuerdo social y político

Marcos Buscaglia
Marcos Buscaglia PARA LA NACION
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13 de octubre de 2019  

Hay pocos temas que dividan tanto a la profesión vernácula de economista como la utilidad de los pactos sociales y económicos. Hay desde quienes ven en ellos una panacea hasta quienes los ven solo como acuerdos de grupos de poder para mantener sus privilegios. Dado que la firma de un pacto social y económico parece ser parte esencial del programa del candidato presidencial más votado en las PASO, analizaremos en este texto sus ventajas y desventajas.

En primer lugar, definamos qué entendemos por "pacto social y económico": se trata de un acuerdo entre el gobierno, cámaras empresariales, dirigentes sindicales, gobernadores y quizás algún otro grupo, sobre variables como salarios, tarifas y precios, en un lapso de tiempo determinado. En términos más generales, podemos pensarlo como un instrumento no monetario para intentar romper la inercia inflacionaria.

Un problema muy importante al que se enfrenta la Argentina, como aprendimos a los ponchazos en estos últimos cuatro años, es cómo bajar la inflación. La inflación es siempre un fenómeno monetario y, si se observa más profundamente, tiene un origen fiscal (el financiamiento monetario de déficit). Es decir, reduciendo la tasa de expansión de la cantidad de dinero, la inflación debería, con el tiempo, bajar. El problema, como se vio claramente con el programa del FMI desde 2018, es que intentar controlar la inflación solamente sobre la base de restringir la cantidad de dinero tiene consecuencias muy malas para la economía. La tasa de interés sube mucho, el crédito cae y la demanda se contrae. Aquí es donde un pacto económico-social puede ayudar, temporalmente, a bajar la inflación: como un mecanismo para hacer que este proceso sea menos costoso en términos de actividad.

El problema que presentan inflaciones como la argentina es que se desarrollan mecanismos de indexación formales e informales, atados al aumento de precios que hubo en el pasado. Si el Banco Central tuviera credibilidad, podría anunciar una tasa de inflación objetivo más baja, y los precios se acomodarían a esa nueva tasa de inflación. Pero, como también experimentamos en estos cuatro años, eso no funciona: el banco central no tiene credibilidad. Un acuerdo social y económico podría entonces ayudar a coordinar expectativas sobre la tasa de inflación futura. Debería incluir, antes que nada, un compromiso del Gobierno y del Banco Central de que harán sus deberes fiscales (por ejemplo, en cuanto al aumento de tarifas y al control del déficit fiscal) y monetarios (no imprimir de más), como para poder llegar a la inflación buscada.

Un ejemplo inicialmente exitoso de un plan diseñado para romper la inercia inflacionaria es el plan Austral de 1985. El programa tenía componentes que apuntaban a reducir la inercia inflacionaria, como un tipo de cambio fijo, el congelamiento de precios y salarios y el llamado desagio, que apuntaba a reducir la inercia de precios implícita en contratos plurianuales. El plan también tenía componentes ortodoxos, como medidas para reducir el déficit fiscal y evitar el financiamiento inflacionario. La baja de la inflación fue impresionante: se redujo de 30% mensual en junio a cerca de 3% mensual promedio en los nueve períodos siguientes. La mejora de expectativas fue fuerte y la economía se reactivó al tiempo que la inflación bajaba.

Sin embargo, incluso en su mejor versión, los acuerdos sociales y económicos, o más genéricamente los planes que tienen como objetivo principal romper la inercia inflacionaria, tienen varios problemas.

El primero es que, ante su inminencia, los empresarios se anticipan y suben precios antes. Quizás veamos algo de esto en noviembre. El segundo es que suelen involucrar alguna injerencia del Estado en contratos entre privados, como por ejemplo los congelamientos de precios o el desagio, lo cual nunca es bueno en el mediano plazo (dado que aumenta la incertidumbre regulatoria para potenciales inversores). El tercer problema, el que hizo que los acuerdos socio-económicos nunca funcionaran, es que las autoridades terminan confundiendo un instrumento que solo compra tiempo y reduce los costos de la desinflación, con un fin en sí mismo.

El plan Austral duró pocos meses porque los desequilibrios fiscales nunca fueron eliminados de cuajo; para el segundo trimestre de 1986 el programa requirió retoques, y para 1987 ya estaba moribundo. Peor fue la suerte del Plan Gelbard de junio de 1973. Se firmó un pacto social y se congelaron precios y tarifas, pero al mismo tiempo se aumentaron salarios y se dictaron varias leyes con un fuerte contenido intervencionista. El desequilibrio fiscal siguió galopante y todo explotó cuando, dos años más tarde, el ministro Celestino Rodrigo "sinceró" las tarifas, con aumentos del 100% en servicios públicos y del 180% en combustibles, entre otros. El estallido social que causó todavía perdura en la memoria colectiva de la Argentina.

Es decir, un acuerdo social solo puede servir de algo si se aprovecha el tiempo ganado para hacer reformas de fondo. Por reformas me refiero a las urgentes y a las estructurales. Lo urgente, en la Argentina, es siempre el déficit fiscal, ya que todas nuestras crisis tienen un origen fiscal. Sin finanzas sanas, tenemos recurrentes crisis cambiarias, de deuda y/o inflacionarias que impactan en el crecimiento y en la pobreza. El problema es cuando sobre la mesa de negociación de estos acuerdos sociales se sientan algunos de los que deberían llevar el mayor peso de una consolidación fiscal, como es el caso de los gobernadores provinciales. En las provincias es donde el despilfarro público es más fuerte, pero dudo que cedan mucho en la mesa de negociación. Consumidores y jubilados, ausentes en la mesa del pacto social, probablemente sí terminemos perdiendo, con más impuestos y con una modificación de la indexación de las jubilaciones.

Las reformas estructurales son las que necesita la economía para crecer fuertemente en forma sostenida. El mayor problema de mediano plazo de los pactos sociales es que incluyen a muchos intereses que mantienen a la economía anquilosada. Estos seguramente pedirán algo a cambio de lo que supuestamente ceden en la mesa de negociación. "Si me congelan precios, que aumente la protección a la competencia externa y que bajen las tasas", etcétera. El llamado problema de la acción colectiva hace que los que perdemos en estos acuerdos somos los que no estamos representados: consumidores, contribuyentes, jubilados, desempleados y emprendedores.

Mancur Olson, uno de los economistas más destacados del siglo XX, parece que hubiera basado sus contribuciones pensando en la Argentina. Dos libros suyos tuvieron una influencia fundamental no solo en la disciplina de la economía, sino también en la ciencia política. El primero, donde sienta las bases de su teoría, se llama La Lógica de la Acción Colectiva (1965). En el segundo, Auge y Decadencia de las Naciones (1982) aplica la lógica de la acción colectiva a temas como el desarrollo económico.

El argumento de Olson es que los sindicatos, las asociaciones profesionales, las organizaciones empresariales, etcétera, tienen incentivos para conseguir beneficios para el grupo -como puede ser un salario más alto, una regulación monopólica o un arancel-, porque los beneficios van a un grupo relativamente reducido de personas físicas o jurídicas sobre las cuales se pueden ejercer "incentivos selectivos", y porque perciben un beneficio concreto importante de la medida.

Del otro lado, los costos y perjuicios que ocasionan estas regulaciones e incentivos especiales están repartidos en toda la sociedad y representan generalmente un costo menor para cada individuo, con lo cual no tienen el incentivo para combatirlo. La protección a la producción de teléfonos celulares, solo a modo de ejemplo, nos perjudica un poco a todos, pero no tanto como para ir a marchar al Congreso para que terminen con ella. Para los productores de celulares esa protección es fundamental y seguramente gastan mucho tiempo en hacer lobby para que el gobierno no la elimine.

Sería ideal convertir el acuerdo económico-social en un foro donde se pueda ir negociando desarmar este entramado de regulaciones, protección y prebendas que contribuyen al mal desempeño de nuestra economía. Lo más probable, lamentablemente, es que ocurra lo contrario.

El autor es economista, PhD (Universidad de Pensivlania); fue economista jefe para América Latina de Bank of America Merrrill Lynch. Coautor de ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? c/S.Berensztein

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