PARANA.- El gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, decidirá en las próximas horas si promulga o veta una ley de emergencia sancionada por la Legislatura, que impide la ejecución de hipotecas por 180 días en todo el territorio provincial. La ley obligará a las empresas de servicios a recibir bonos federales hasta el 50 % de las deudas y les prohibirá suspender las prestaciones a los abonados que sufran atrasos en sus sueldos.
El fiscal de Estado de la provincia, Sergio Avero, relativizó los efectos de la norma y opinó que las declaraciones de emergencia "históricamente no han servido para nada", pero Montiel reconoció que aún no tenía en claro si a la comunidad le convenía o no el texto. Legisladores radicales y justicialistas, que votaron a favor, admitieron que algunos artículos podrían originar litigios contra el Estado.
En su artículo tercero, la norma suspende por 180 días el secuestro de bienes y los remates, judiciales o administrativos, dispuestos por el Poder Judicial. No quedan comprendidas las acciones de amparo, las alimentarias, las derivadas de responsabilidad civil y con carácter excepcional los créditos laborales hasta la suma de $ 5000.
Dispone, también, que las empresas prestatarias de servicios públicos no efectuarán cortes o suspensiones de la prestación a los titulares que resulten empleados en tanto exista atraso en la percepción de sus haberes. Los vencimientos de facturas se prorrogarán automáticamente, con eximición de intereses o recargos.
Prioridades
Los legisladores detallaron un orden de prioridades para aplicar los recursos del Tesoro provincial: primero los sueldos y haberes previsionales en todas las reparticiones de los tres poderes, hasta $1000; luego los centros de atención de la salud y comedores dependientes de la administración pública provincial, posteriormente los aportes y contribuciones a la obra social y a los proveedores de medicamentos e insumos hospitalarios, comedores y programas nutricionales, y finalmente los fondos a los municipios.
La provincia debe haberes de octubre y noviembre pasados y, en algunos casos, parte de los sueldos de septiembre en el personal estatal, mientras que algunos proveedores registran atrasos de hasta 6 meses por servicios. Entre las instituciones más afectadas por la crisis figuran las municipalidades y la obra social, que ya quitó el 80 por ciento de sus prestaciones a raíz de la interrupción del flujo de fondos provinciales.
El texto de la ley fue aplaudido por trabajadores estatales, y particularmente por pequeños y medianos comerciantes que recibieron bonos federales pero no pueden hacerlos circular con agilidad, porque las grandes empresas de servicios reciben un porcentaje de esas letras a los tenedores primarios, solamente, y algunas directamente rechazan estos papeles.
La ley, aún no promulgada, establece que podrá pagarse con bonos federales, y en paridad con el peso, hasta el 50% de las deudas. Además, se podrán cancelar préstamos bancarios, hipotecarios, personales y prendarios; tarjetas de créditos y de débitos. La medida comprende servicios de agua, luz, teléfonos, gas, educación, salud y seguridad, entre otros.
