Impulsan cambios en la ley de tarjetas

La ley sancionada en octubre último para regular el mercado de las tarjetas de crédito podría sufrir modificaciones en el corto plazo si prosperara alguno de los ocho proyectos presentados en el Congreso por diputados y senadores del PJ y de la Alianza.

La norma que fijó un mecanismo para establecer un tope de alrededor del 38% anual para la financiación de los consumos en pesos ha merecido múltiples cuestionamientos desde su puesta en vigor. Mientras que los bancos se oponen a una política de precios fijos en una economía desregulada, legisladores y asociaciones de consumidores reclaman por una autoridad de aplicación que la haga cumplir.

Sostienen que las entidades introducen gastos y cargos para compensar la imposibilidad de cobrar tasas más altas. En Córdoba, por ejemplo, han denunciado a Tarjeta Naranja por pretender el cobro compulsivo de Aquí vivimos, una revista para usuarios.

El mayor foco de conflicto lo generan, precisamente, las tarjetas no bancarias, emitidas por cooperativas de consumo y financieras. Estos plásticos, que son utilizados por los consumidores de menores recursos, cobran hasta el 70% anual, en contra de lo que marca la ley. Los legisladores de la Alianza culpan por la falta de control a Pedro Pou, el titular del Banco Central, que debería velar por su cumplimiento. Así lo asegura el diputado Atilio Tazzioli, autor de un proyecto para establecer un control más férreo sobre las emisoras de dinero plástico.

Otro punto que genera controversias es el artículo 1°, que autoriza a los comercios a prestar dinero a los tenedores de tarjetas. Los bancos sostienen que promueve la proliferación de cuevas y prestamistas.

Diferencias en el Senado

El justicialista Mario Das Neves es el autor de un proyecto para -borrar- ese punto. Otros legisladores, como Antonio Cafiero y Ricardo Branda, en el Senado, y Nilda Garré, en Diputados, pugnan directamente por la derogación de toda la ley.

En diciembre, durante el inicio de su gestión, el equipo económico había acordado con los bancos la modificación de la ley, de modo que las entidades se comprometerían a reducir las tasas al 25 por ciento a cambio de que se les concediera una vía ejecutiva para acelerar el cobro a los morosos. Pero el proyecto, finalmente, quedó en vía muerta.

Según fuentes de ambas cámaras, el Poder Ejecutivo ya habría dado señales de su disposición para reflotar la iniciativa el mes próximo, a causa de la proliferación de proyectos