Intentos de subsanar el fracaso de la política

Adrián Ventura
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24 de septiembre de 2006  

“La tarea del juez no es obstaculizar al Gobierno, sino sólo la de evitar sus excesos”, dice uno de los ministros de la Corte Suprema a LA NACION. La definición, que proviene de alguien que conoce a fondo el mundo político y es, a la vez, un muy buen magistrado, es una excelente síntesis del problema de la judicialización de la economía.

Se podría traducir ese pensamiento diciendo que, en principio, los jueces no tienen por misión cogobernar y que sólo les corresponde frenar una medida de gobierno o torcer una decisión política si ésta viola los derechos de las personas o de las empresas.

Los jueces, claro, en ocasiones sorprenden con sus resoluciones: tuercen la distribución de la cuota Hilton; se inmiscuyen en medidas de racionamiento de gas, ordenan la clausura de la Rural, declaran inconstitucional la ley de aseguradoras de riesgo de trabajo y de los topes indemnizatorios; obligan a reabrir un teatro y restablecen la solidaridad de las empresas que tercerizan el empleo, por sólo citar algunos casos.

Es muy difícil para el juez saber dónde está el límite. Y esto ocurre por varios motivos.

En primer lugar, porque los poderes políticos tienen un margen de discrecionalidad para tomar decisiones, medidas que pueden no ser acertadas pero no por ello deben ser obstaculizadas. El pueblo votó a ciertos gobernantes y debe saber convivir con el resultado de su elección. La responsabilidad está en el voto. El problema surge porque, a veces, una medida de gobierno puede causar un grave perjuicio. Y la discrecionalidad política, con frecuencia, se transforma en arbitrariedad o en autoritarismo.

¿Puede discrecionalmente un gobierno restringir el suministro de energía a punto de hacer fracasar una inversión? ¿Puede el Gobierno negarse a cumplir con un decreto dictado por el propio Gobierno? ¿Puede un juez tolerar que un empleado cobre una indemnización recortada por un tope, cuando el monto que se le quiere pagar es diez veces inferior al que le hubiera correspondido y llega a ser ridículo? ¿Puede el Gobierno negarse arbitrariamente a que una empresa concesionaria cobre un aumento de tarifas que el propio Gobierno aprobó?

En esa evaluación, los jueces deberían hacer un análisis económico de la situación -incluso valiéndose de la ayuda de las partes y de peritos- para tener en cuenta el impacto que tendrá en la economía su sentencia y, por esa vía, sopesar si conviene hacer lugar al reclamo del particular o de la empresa o si el costo de hacer esto último es la destrucción de una política económica central.

El otro motivo que también provoca que los jueces queden atrapados en un laberinto del que es difícil salir responde a las graves fallas que muestra el poder político en las democracias actuales -y particularmente en algunos países- para satisfacer los reclamos ciudadanos.

Ante el fracaso de la política en dar soluciones; los altos costos que implican intentar que los políticos cambien de decisión y la sordera que se apoderó de muchos políticos, los ciudadanos recurren a la Justicia y reclama de los jueces decisiones que éstos no están en condiciones de brindar. Pero los ciudadanos y empresas le reclaman a la Justicia soluciones, sea porque es el único interlocutor que encuentran o porque es el más barato en términos de costos.

Por todos esos motivos, hay una tendencia creciente e inevitable a la judicialización de la economía.

El caso del Riachuelo

Tomemos un ejemplo muy actual: la Corte se metió de lleno en el problema de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, porque ningún político en el siglo XX se ocupó del asunto. Claro que es decisión del Gobierno decir cómo lo va a solucionar y la Corte, en ese punto, puede orientar y encauzar el proceso, pero no puede imponer criterios políticos sobre qué conviene hacer primero o qué es mejor dejar de hacer. Pero tampoco se puede pretender que la Justicia haga oídos sordos si hay particulares o empresas que sufren daños.

Volvamos a la definición del primer párrafo: la tarea del juez no es obstaculizar al Gobierno, sino evitar excesos. La formulación es simple y absolutamente correcta, pero no es tan fácil encontrar el punto de equilibrio, especialmente en un país donde la seguridad jurídica es una materia pendiente y donde la arbitrariedad política muchas veces menoscaba los derechos individuales.

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