Investigan delitos en el negocio de los warrants

Una cadena de fraudes e incumplimientos en los contratos preocupa a los funcionarios del Banco Central

15 de diciembre de 1998

Redactor LA NACION

Los créditos garantizados contra la entrega de mercadería -conocidos como warrants-, que en los últimos años lograron una fuerte expansión, ingresaron en zona de riesgo. Una cadena de fraudes e incumplimientos comenzó a sembrar dudas sobre la confiabilidad de este instrumento vital para la financiación al sector productivo.

En la actualidad, de esta forma se canaliza casi un tercio de la financiación que recibe la producción. Este año los agricultores y fabricantes locales obtuvieron de los bancos unos 2000 millones en préstamos, según datos preliminares.

Sin embargo, los desembolsos comenzaron a paralizarse en las últimas semanas, no sólo por las condiciones financieras internacionales, sino por la crisis de confianza que afecta a estos certificados.

La situación derivó de la suma de conductas delictivas por parte de algunos dueños de los depósitos donde se acopia la mercadería y los incumplimientos de empresas warranteras . Al menos son ya seis los casos que investiga la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, encargada del registro y control de este tipo de operaciones y más de 30 las empresas y bancos que no pueden cobrar sus acreencias.

"Lo que puedo decir es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender el buen uso del warrants porque somos conscientes de la importancia que tiene este instrumento para acercar financiación a la producción", señaló Arturo Vierheller, subsecretario de Alimentación y Mercado.

Las actuaciones administrativas están en manos de abogados de Economía. La legislación vigente faculta a las autoridades a quitarles la licencia a las empresas que incurran en faltas graves. A los expedientes abiertos se suman una cantidad de causas judiciales iniciadas por los damnificados.

Si bien los perjuicios ocasionados son menores respecto del volumen total de warrants pactados (se estima que el total comprometido por irregularidades es apenas un 2% de lo negociado) su efecto sobre el conjunto del mercado puede ser devastador. Pero la sucesión de anomalías sembró dudas sobre la seguridad de este título que, a priori, tenía muy bajo riesgo por el beneficio de un cobro ejecutivo.

El simple repaso de los casos permite individualizar un modus operandi delictivo. "La cadena se inicia con el robo de la mercadería warranteada (en la mayoría de los casos las investigaciones tienen en la mira a los propios dueños de los depósitos) y sigue con el incumplimiento que hacen las empresas que libran los certificados de sus obligaciones como depositarias que no sólo emergen de la propia ley de warrants, sino que también establece el Código de Comercio", dijo a La Nación uno de los inversores afectados, que pidió mantener el anonimato porque aún negocia con una de las firmas el cobro de la deuda.

En muchos casos, los depósitos son compartidos por las warranteras y le toca a la Justicia decidir sobre la propiedad de la mercadería. Mientras tanto, los seguros no pagan y los plazos se alargan.

De esta manera, el título crediticio que al momento de su confección aparecía como un activo seguro por su privilegio de pago extrajudicial pasa a revelarse como un mero comprobante por cuyo cobro hay que litigar fatigosamente en la justicia ordinaria. Si bien la ley de warrants data de principios de siglo, su utilidad fue redescubierta en 1991, con la estabilidad como aliada. Fue entonces cuando este instrumento demostró su valor para acercar financiamiento a sectores que por su comprometida situación patrimonial sólo podían ofrecer a cambio de los créditos la garantía del producto de su trabajo.

"El desaparecido Banco Afín lo rescató para poder dar créditos a los productores azucareros de Tucumán", recuerdan en el mercado. Luego su uso se masificó: de los poco más de tres millones que se negociaron hace siete años en un sólo producto, hoy se pasó a un mercado de 2000 millones de créditos garantizados contra el depósito de telas, papel, granos o automóviles.

Los casos involucran al menos a tres de las ocho warranteras que cuentan con autorización para operar en el mercado. Se trata de Almade (una empresa cuya propiedad comparten el Banco Río, la Bolsa de Cereales y una firma chilena), Almacenadora Sudamericana (de la familia Pino) y Goranín (perteneciente a la familia Goltoski). En ningún caso honraron sus deudas, por lo que las actuaciones pasaron a la Justicia.

También se investiga a los depositantes del Molino San Vicente (en la provincia de Buenos Aires), la Arrocera San Salvador (Entre Ríos) y la firma Herbert Beherens (Córdoba).

La seguidilla de fraudes revela al menos puntos débiles en la normativa que regula la actividad y pone en tela de juicio la efectividad de los controles.

El BCRA preocupado

La situación irregular en que se encuentran algunos warrants podría llevar a que el Banco Central (BCRA) obligue a las entidades a tomar más previsiones para pactar este tipo de préstamos. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias ya mostró su preocupación: durante el último mes envió a los bancos una planilla en la que deberán volcar los datos de las financiaciones otorgadas que estén garantizadas con warrants para ser girados a consideración del ente monetario. Las entidades deberán detallar el nombre del deudor, el saldo de lo adeudado, el monto de las garantías, el tipo de warrant y el nombre de la compañía actuante.

Los warrant son créditos de hasta 180 días de plazo que se pactan contra la entrega de mercadería en custodia como garantía, pero pueden renovarse sin límite por acuerdo de partes. El monto del préstamo puede llegar hasta el 80% del valor del producto entregado. El mecanismo es simple. El productor envía la mercadería a la custodia de una empresa que la acopia en un depósito propio o alquilado. Esta firma emite un certificado con el que está en condiciones de tramitar el préstamo. Vencido el plazo y en caso de incumplimiento, el banco que dio la financiación puede pedir que la mercadería sea rematada sólo diez días después para recuperar los fondos.

Este carácter ejecutivo hizo que el BCRA considere a determinados warrants como créditos preferenciales, como las hipotecas y prendas. Por esta razón demanda a los bancos una baja previsionalidad, una medida que ahora podría llegar a revisar. De tomar una decisión en este sentido se afectaría la capacidad prestable de los bancos, lo que contraería la oferta de estos préstamos.

"Por el momento no estamos estudiando ningún cambio normativo, pero no puedo descartarlo en caso de que la calidad de este tipo de carteras muestre un deterioro", admitió un directivo consultado por La Nación .

Javier Blanco

lanacionar

Conforme a los criterios de

Más información