Se acumulan 30.000 causas pendientes de liquidación y este año sólo habrá dinero para menos de 2000. Jubilados con sentencia deberán esperar

Economía asignó sólo $ 15 millones para el pago de juicios, cuando se preveían 769,7 millones

8 de noviembre de 2001

LA NACION

La política de déficit cero mete su cola por todos lados. Y los jubilados que tienen un juicio ganado al Estado por algún problema en la liquidación de sus haberes están entre los más fuertemente afectados por las restricciones fiscales. En consecuencia, la gran mayoría de los pasivos que tenían alguna esperanza de cobrar este año deberá esperar.

Lo concreto es que el Ministerio de Economía informó a la Anses que, para este año, dispondrá de tan sólo $ 13,15 millones en efectivo y de $ 1,85 millón en bonos para el pago de sentencias. A lo sumo, esa cifra podría ascender a unos $ 20 millones si hay asignación de cuota para diciembre, pero no mucho más.

Respecto del monto que estaba previsto poner para el pago de las obligaciones con los jubilados para este año, la cuota asignada es casi simbólica: representa alrededor de un 2 por ciento. El presupuesto incluía una asignación de hasta $ 272,8 millones en efectivo y de $ 496,9 millones en bonos, con un total de $ 769 millones.

Esos montos se traducen en el hecho de que, hasta fines de año, el dinero llegaría apenas para unos 1795 jubilados -a esa cifra se sumarían otros 1100 que deberían esperar a enero si la liquidación sale en diciembre-, mientras que existen más de 30.000 sentencias pendientes de pago.

Hasta el mes pasado, el organismo de la seguridad social no había recibido ninguna cuota. En octubre le fueron asignados $ 7 millones y otros $ 8 millones este mes. "Para diciembre aún no sabemos, pero podría haber algo menos", apuntó Douglas Lyall, que ayer dejó de ser el interventor de la Anses para transformarse en su director ejecutivo, un cargo con rango de secretario de Estado, luego de que el decreto 1440 dispusiera la normalización.

"Hay casos que tienen que esperar entre 3 y 4 años para su cobro", explicó a LA NACION el abogado Horacio Martínez, especialista en temas previsionales, que estimó que al Estado las demoras de este año le costarán entre 7 y 8 por ciento más por pago de intereses.

La mayor cantidad de juicios previsionales -existen unos 120.000 en trámite- proviene de la aplicación de mecanismos derogados luego de la reforma de 1994. De hecho, la antigüedad promedio de las causas es de 7 u 8 años. Pero también es cierto que las fallas en la ejecución de las sentencias se convierten en una de las causas de la litigiosidad del sistema previsional, concretamente, en la cuarta en orden de importancia.

En diálogo con LA NACION, Lyall anticipó que, en la discusión por el presupuesto para 2002, se propondrá una nueva modalidad del pago de las sentencias, con la intención de que parte del dinero llegue a más jubilados en plazos más breves.

Pago desdoblado

La iniciativa pretende que se desdoble el cumplimiento de la obligación por parte del Estado, de tal manera que la persona reciba mes tras mes su haber actualizado, aun cuando tenga que esperar más tiempo para el cobro del monto retroactivo que disponga el juez. Ocurre que, tal como están hoy las cosas, las demoras hacen que muchos pasivos pasen de un año a otro en la lista de espera.

La reducción de la litigiosidad es uno de los objetivos planteados en el plan que la Anses firmó con la Secretaría de Modernización del Estado. El propósito tiene sus limitaciones, por el origen mismo de muchas causas, basadas en la aplicación de normativas derogadas. El programa prevé el envío al Congreso de una serie de proyectos que, básicamente, se refieren a modificaciones en los procedimientos y en los plazos de caducidad para la presentación de demandas.

Lyall incluyó la redacción de esos proyectos entre las acciones de su gestión que llevaron a decretar ayer la normalización del organismo, tras varios meses de intervención.

Además, recordó que se redujo en 40% el número de las gerencias y se desvinculó a 200 contratados, a la vez que se estableció un tope de ingresos mensuales para los que quedaron, de $ 1700. "También hemos lanzado el concurso para diez cargos gerenciales, cuyos resultados esperamos para la próxima semana, y hemos propuesto varios cambios para evitar fraude en asignaciones familiares, que ahora quedarán sin efecto por la aprobación del nuevo sistema y la nueva modalidad de pago", dijo.

Cuadro de situación

Costos: entre 1992 y 2000, el Estado pagó $ 11358 millones en sentencias judiciales.

Desborde : la Anses señala que existen unos 1600 juicios por abogado, lo que no permite una correcta atención del tema.

Causas: las principales son la determinación del haber inicial; la movilidad o actualización; la discusión por la vigencia de topes, y la ejecución de sentencias.

En los últimos meses se sumó el recorte del 13% sobre los haberes como fuente de conflicto.

En carpeta : hay unos 120.000 juicios en trámite; 70.000 sentencias abonadas y otras 30.000 pendientes de pago.

Silvia Stang

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