Juicio por YPF. La Argentina pidió una semana más para presentar su estrategia

Luego de que la semana pasada, la jueza Loretta Preska fallara a favor de mantener el juicio por la expropiación en YPF en Nueva York, la defensa argentina pidió hoy una semana más de tiempo para presentar su estrategia, ya que la magistrada había convocado a ambas partes a una audiencia mañana para analizar cómo seguir.

"La República Argentina pide a la jueza Preska una extensión de los plazos para presentar su estrategia en el caso por expropiación de YPF. Burford Capital acepta el pedido argentino. La nueva fecha de audiencia es el próximo 26 de junio", dijo en Twitter el analista financiero Sebastián Maril, director de Fin.Guru y quien sigue de cerca el caso.

El viernes pasado, la Corte del Distrito Sur de Nueva York determinó que el juicio multimillonario por la estatización de YPF se mantendrá en los Estados Unidos, pese al pedido de la Argentina de trasladar la controversia a los tribunales locales basada en la doctrina forum non conveniens.

La representación argentina está en manos de los estudios en Nueva York Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que fue contratado durante el gobierno de Mauricio Macri, y de Sullivan & Cromwell, que sumó el nuevo Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Este bufete, a su vez, ya había sido contratado por la administración de Macri para llevar la defensa del juicio por el pago del cupón atado al PBI. En representación de YPF sigue el estudio Cravath, Swaine & Moore.

La Argentina está siendo demanda por los fondos Eton Park y Burford Capital, quien compró el derecho a litigar en la quiebra de las empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. El Estado, como principal accionista de YPF, en caso de perder el juicio, deberá hacer frente a la indemnización, que podría costar al menos US$3000 millones, según cálculos de dos fuentes al tanto del caso.

Los fondos acusan al país de no haber cumplido con el estatuto de la empresa al momento de expropiar el 51% de las acciones, ya que, basado en ese reglamento, se debería haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas por el mismo precio.

El 25% de esas acciones las tenía en su momento las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que habían adquirido la participación a través de un crédito de Repsol y de préstamo sindicado que tenía como garantía el reparto de utilidades de las acciones.

Al producirse la expropiación, las empresas entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo mayorista accionario, el Estado argentino, había prohibido el reparto de utilidades. Fue entonces cuando Burford compró el derecho a demandar al país por 15 millones de euros más el 30% de la indemnización que se obtenga por el resultado del juicio.

Como nuevo argumento de defensa, la Argentina podría pedir que se haga un Discovery, para que la Justicia norteamericana investigue el origen de las empresas Petersen, que las creó la familia Eskenazi para adquirir el 25% de las acciones de YPF, en 2007.

La familia Eskenazi es dueña además del Banco de Santa Cruz, quien administró los US$600 millones que recibió la provincia cuando se privatizó YPF, en 1992. Zannini, el procurador del Tesoro que decide la estrategia legal de la Argentina, se desempeñaba hasta diciembre pasado como director titular de ese banco, designado por la gobernadora Alicia Kirchner.