La AFIP puso la mira en los casinos y bingos
Determinó la creación de un régimen de información sobre la explotación del sector; Cristóbal López, Codere, y Trilenium dominan la industria
La Administración de Ingresos Públicos (AFIP) puso la mira sobre las casas de juegos de azar, negocio que en la Argentina está repartido entre cuatro o cinco grandes jugadores, entre los que se destacan el empresario patagónico Cristóbal López, cercano a los Kirchner y dueño de Casino Club; la empresa española Codere, dedicada a la fabricación y explotación de tragamonedas, y Trilenium, la sociedad dueña del casino del Tigre, donde es intendente Sergio Massa.
A través de la Resolución 3510, publicada hoy en el Boletín Oficial , el organismo presidido por Ricardo Echegaray determinó la creación de un "registro y régimen de información respecto de la explotación de juegos de azar y apuestas" con el fin de "profundizar el control fiscal sobre las rentas o ingresos provenientes" de ese rubro.
"Como ya se ha efectuado en otros rubros de la economía, resulta propicio establecer un régimen que permita contar con la información de las operaciones realizadas por tales explotaciones, a través de sistemas informáticos definidos para ese fin", se indicó.
El incumplimiento de las obligaciones correspondientes al presente régimen podrá ser sancionado, incluso, con la suspensión temporal del Cuit. También se prevé encuadrar al responsable en una categoría creciente de riesgo a efectos de ser fiscalizado, y suspenderlo o excluirlo, según corresponda, de los Registros Especiales Tributarios de la AFIP en los que estuviera inscripto.
El monitoreo de las cuentas regirá para los bingos, casinos y para las apuestas de dinero que se realizan por internet, celulares o telefonía fija. No abarca, sin embargo, a las apuestas en hipódromos, los sorteros de las loterías, las quinielas, rifas y similares, y los concursos realizados a través de medios masivos de comunicación (gráfico, radial o televisivo).
Las casas de juego deberán -según se desprende de la resolución- enviar diariamente al fisco los siguientes datos:
a) Para máquinas electrónicas de juegos de azar y apuestas automatizadas y máquinas tragamonedas o slots: los ingresos "coin in" y los egresos "coin out", "jackpot", y el valor unitario equivalente en pesos, discriminado por cada una de las máquinas instaladas.
b) Para juegos de "mesas de paño" o "mesas vivas": la ganancia bruta obtenida de la explotación de las mismas por cada una de las mesas y tipo de juego.
c) Para juegos de Bingo: la cantidad y valor de cartones vendidos, detallando "desde y hasta" del número y serie de los cartones vendidos y los premios pagados por la explotación de este juego.
d) Para juegos por "Internet": el total de apuestas y premios pagados, discriminado por juego o tema.
e) Para juegos por telefonía fija o móvil: el total de apuestas y premios pagados discriminados por juego o tema.
Los empresarios del juego en la Argentina
Casino Club, propiedad de Cristobal López, nació en 1991, en Comodoro Rivadavia, Chubut, y abrió su primera sala allí en 1992. Pronto se expandió a Santa Cruz, donde abrió un casino en Río Gallegos, en 2003, inaugurado por Néstor Kirchner cuando era gobernador. Hoy son seis las salas de juego que funcionan en la provincia presidencial.
Desde allí creció hacia el resto de la Patagonia (excepto Neuquén y Río Negro) y se amplió a Misiones, La Pampa, La Rioja, Santa Fe y Mendoza.
En la ciudad de Buenos Aires, López figura como proveedor de las máquinas tragamonedas del hipódromo, cuya concesión está en manos de Hapsa, comandada por Federico de Achával. Allí fue favorecido por Néstor Kirchner con uno de sus últimos decretos firmados como presidente, con la ampliación de la concesión de las máquinas de azar hasta 2032.
En los barcos de Puerto Madero, Cristóbal López comparte el negocio con Cirsa, empresa española con 24 casinos y 95 bingos en todo el mundo.
El segundo operador más grande en la Argentina es Codere, otra empresa española dedicada a la fabricación y explotación de tragamonedas. Opera también en México, Colombia, Chile, República Dominicana, Panamá y Venezuela.