La Argentina le pidió a la Corte de Apelaciones ratificar la orden de Griesa que la habilita a pagarle a los holdouts

Fue en un escrito presentado esta madrugada en el que destacó su actitud de negociar de buena fe con los acreedores que siguen en default y la necesidad de poder volver al mercado de capitales para pagarles en el plazo establecido para el 14 del mes próximo
Martín Kanenguiser
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22 de marzo de 2016  • 09:43

El Gobierno presentó esta madrugada ante la Corte de Apelaciones de Nueva York el pedido para ratificar la orden del juez Thomas Griesa que permite el levantamiento de las medidas cautelares para poder cerrar en forma definitiva el acuerdo con los holdouts.

En un escrito de 62 páginas firmado por el abogado Michael Paskin del estudio Cravath, Swaine & Moore, se indicó que, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de dejar en suspenso el levantamiento de las mencionadas cautelares, se debería ratificar la decisión de Griesa cuando se cumpla con los requisitos de aprobar en el Congreso la norma que deroga las leyes de pago soberano y cerrojo, además de habilitar el pago a los bonistas que siguen en default.

El principal argumento del documento es que las circunstancias que dieron lugar a la restricción para que la Argentina le pague a sus bonistas han cambiado en forma radical, ya que, como lo expresó el propio Griesa, "el país volvió a la mesa de negociación de buena fe" para negociar y, por lo tanto, "mantener la cautelar no solo es innecesario sino también contraproducente".

En este sentido, advirtió que, con las cautelares vigente, no se puede acceder a los mercados de capitales para captar el dinero necesario para pagarles a los demandantes que tienen sus bonos en default, en la fecha prevista para el 14 del mes próximo. Tampoco se puede regularizar el pago a los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010 y que no cobran desde 2014.

Además, indicó que si las cautelares no se levantan, "unos pocos holdouts" que queden tendrían la posibilidad de hacer fracasar el acuerdo alcanzado con más del 85% de los bonistas que todavía siguen en default.

Al respecto, se aclaró que así como el juzgado de Griesa tuvo el poder discrecional para imponer esta sanción cuando el país se comportaba como un "deudor recalcitrante" -según las palabras de la justicia norteamericana- ahora se debe respetar la decisión del magistrado de levantarla ya que la actitud del país cambió en forma radical desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri.

De inmediato, se recordó que el Gobierno no pidió el levantamiento inmediato de la cautelar, sino que lo hizo sujeto a la derogación de las mencionadas leyes y a acordar con los holdouts en base a la propuesta presentada a principios del mes pasado.

El escrito contiene un detallado resumen de la historia del default y el cambio de circunstancias registrado a partir del cambio de gobierno en la Argentina en diciembre pasado, subrayando la rapidez con la que, desde entonces, se avanzó en las negociaciones para solucionar este problema luego de 15 años.

Este viernes los demandantes, entre ellos los principales fondos buitre, presentarán su descargo y ambas partes ya pidieron que la Corte de Apelaciones realice una audiencia entre el 5 y el 6 de abril para decidir sobre esta cuestión, a pocos días del plazo establecido para pagar la deuda por unos 12.000 millones de dólares.

El editor de Inversor Global, Sebastián Maril, dijo a LA NACION que "tras la anulación de acuerdos firmados por Argentina con tres fondos (VR Global Partners, Procella Holdings y Red Pines LLC), está claro que Argentina tarde o temprano saldrá del "default" con un número de acreedores sin llegar a un acuerdo final. Es decir, algunos litigios continuarán desfilando por las cortes neoyorquinas pero no tendrán impacto en la capacidad de que nuestro país tendrá para obtener financiamiento en los mercados internacionales".

La decisión de anular estos acuerdos, por un total de US$ 358 millones, se debe a que el Gobierno consideró que los reclamos de estos demandantes habían prescripto.

Entre sus principales argumentos, el Gobierno subrayó que:

"La agria disputa ha tardado demasiado y el tiempo apropiado para aliviarla es ahora. Afirmar la orden del juzgado es necesario para las reformas legislativas requeridas por el Congreso y para el financiamiento del mercado de capitales que se necesita para pagar estos acuerdos. Sin esta ratificación, no puede haber acuerdos y el gran progreso de los últimos meses se habrá desperdiciado".

"Después de más de una década de litigios entre la Argentina y los bonistas en default –al punto tal de que esta corte calificó a la república como deudor recalcitrante- un punto de quiebre tuvo luego en el camino a un acuerdo"

"El nuevo gobierno de la República se comprometió a resolver esta disputa de una vez para todos, como una parte esencial de su paquete de reformas. El dramático cambio de curso en la Argentina resultó en un acuerdo con la mayoría de los bonistas y una propuesta de negociación de buena fe para los restantes. Lo que se probaba como imposible por años se puede alcanzar ahora: una solución amigable para la disputa hostil que siguió al default argentino del 2001".

"Sin embargo, una precondición crítica para esta resolución es que la Corte de Apelaciones ratifique la orden de la corte de distrito levantando las restricciones extraordinarias de noviembre del 2012 y octubre del 2015".

"Las restricciones impiden a la Argentina acceder a los mercados globales de capitales para captar dinero para completar los acuerdos, porque los inversores globales no podrán contar con la posibilidad de que la Argentina les repague".

"Reafirmar la orden del juzgado es la única manera de prevenir que unos pocos holdouts exploten las restricciones a expensas del resto de los demandantes, el resto de los acreedores de la Argentina y de los 40 millones de argentinos que necesitan en forma desesperada cerrar este problemático capítulo en su historia"

"Algunos acreedores que todavía no alcanzaron un acuerdo con la Argentina sostienen que la cláusula pari passu en sí requiere mantener las restricciones. Esta posición está basada en una mala interpretación de la cláusula y de las restricciones. Como esta Corte explicó, las restricciones brindan un remedio ante la extensa negativa de la Argentina de comprometerse con sus acreedores, pero no significan darle fuera en sí mismas a la cláusula pari passu".

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