La Asignación Universal por Hijo pierde participación en el gasto del Gobierno para ayuda social
El año pasado la AUH insumió $285.737 millones, el 14,4% del gasto social oficial; en 2010 ese porcentaje era del 19%, según un informe de la consultora Idesa sobre datos oficiales; el atraso respecto de la inflación es una de las claves, pese a que ahora se sumó la Tarjeta Alimentar.
CÓRDOBA.- De los $2 billones gastados en políticas sociales el año pasado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) insumió el 14,4%. En 2010, con la misma base de cálculo (y siempre a precios de diciembre de 2021), había representado el 19%. Es decir que la que se presenta como la mayor política pública para protección a los más chicos, perdió 4,6 puntos porcentuales de peso en 11 años. La explicación oficial es que se complementó con la Tarjeta Alimentar y con el plan Potenciar Trabajo. Ahora, además, se reabrió la discusión de si el beneficio se debe extender a todos los asalariados o si sería más eficiente unificar la ayuda en un solo subsidio.
El dato va a contramano de lo que viene sucediendo con otros programas sociales -incluyendo los del Ministerio de Desarrollo Social, los de Trabajo y los que paga la Anses- que desde 2002 a diciembre pasado pasaron de representar el 0,1% del producto bruto interno (PBI) al 4,5%. A diciembre pasado -últimos dato consignado en la página oficial- se pagaron 4.473.554 beneficios (en el 2013 sumaban 3.405.410). En lo que hace a la Tarjeta Alimentar, a febrero último, había 3,3 millones de titulares (los destinatarios son más porque cada titular puede tener varios hijos).
Los cálculos toman como base un trabajo realizado por la consultora Idesa en función de las ejecuciones presupuestarias de los últimos 20 años. Su titular, Jorge Colina, ratifica la baja de la participación de la AUH y recuerda que, cuando se instrumentó la Tarjeta Alimentar -iniciativa del gobierno de Alberto Fernández aplicada a inicios de 2020 y que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre- se sugirió que esos recursos se usaran para aumentar la AUH y no para crear otro esquema paralelo, porque los beneficiarios eran, mayoritariamente, los mismos. Unificar podría hacer que bajaran los costos de administración del sistema, entre otras cosas.
Daniel Arroyo -exministro de Desarrollo Social y ahora diputado nacional, que impulsó la Tarjeta Alimentar- reconoce que la tarjeta fue una nueva inversión en protección social y que el Potenciar Trabajo tomó “otros planes que ya existían”. Repasa que la Alimentar fue por separado porque, en un comienzo, no permitía extraer dinero y era para la compra de alimentos (excepto bebidas alcohólicas).
Esos caminos separados se unieron a partir de noviembre de 2021, desde cuando Desarrollo Social deposita en las cuentas bancarias de las titulares de la AUH los montos de la tarjeta Alimentar. En el medio, para recibir la AUH durante varios meses durante la pandemia no fue necesario presentar certificados de vacunación ni de escolaridad, pero esa condición fue reestablecida, según indicaron voceros de la Anses. En el caso de la Alimentar, el dinero va directo a una caja de ahorro de los beneficiarios.
El director del área de Protección Social del Cippec, Rafael Rofman, califica de “confuso” el plantear que la AUH bajó su participación en el conjunto del gasto social: “Hasta 2020 subió en términos nominales, reales y como porcentaje del PBI. Después aparecieron otros programas, pero la plata subió todos los años. Sí perdió cuando se cambió la regla de la movilidad jubilatoria porque también está atada a ese esquema”.
Un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA) sobre la AUH marca que, a partir de 2018, perdió frente a la inflación. Santiago Poy, economista que integró el equipo, apunta que en diciembre de 2010 la AUH equivalía al 59% de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente, y en diciembre de 2020 la cobertura había bajado al 51%.
“El efecto sobre la indigencia se mantuvo estable en el tiempo, pero sobre la pobreza se redujo: pasó de provocar una reducción del 7% de la tasa de pobreza a una del 2%, por la menor capacidad de compra de los ingresos”, grafica, y resalta que, más allá de esta transferencia, los niveles de pobreza de los destinatarios son muy altos, estructurales. “Se complementó con la Tarjeta Alimentar, pero lo cierto es que no alcanza en el marco de lo estructural”, agregó Poy.
¿Para todos?
“Queremos que se universalice el pago de asignaciones familiares, que ayudaría al trabajador a aumentar parte de su salario”, pidió Pablo Moyano, cotitular de la CGT, el miércoles pasado. Agregó que, de 6 millones de trabajadores registrados, “solo 2 millones cobran asignaciones familiares”. Consultados los voceros de la Anses, no hicieron comentarios sobre si se analiza algún cambio. Moyano no aclaró cuántos de quienes no cobran asignaciones familiares no les correspondería por no tener hijos.
El actual esquema de asignaciones por hijos tiene tres segmentos: la AUH para los más vulnerables (informales y desempleados); la que cobran los trabajadores formales, cuyo monto decrece a medida que sube el ingreso, y, en el caso de los salarios más altos, las deducciones que se aplican en el impuesto a las Ganancias.
“Aunque es desprolijo y no del todo bien diseñado -advierte Rofman-, termina cubriendo a todos. Si hubiera que hacerlo de nuevo, lo mejor sería un esquema más directo. Puedo, incluso, tener un beneficio universal pero, a la vez, le doy más plata a los más vulnerables”.
Arroyo reconoce que hay que “repensar” el sistema de seguridad social en su conjunto y, a su criterio, de los distintos modelos que se discuten en el mundo, el de un salario básico universal es el más adecuado para América Latina y la Argentina. Los otros dos -reducción de la semana laboral y flexibilización para abrir posibilidades de más contratación- entiende que no se ajustan a la realidad local.
Colina se anota entre los que interpretan que hay que unificar todo: “No tiene sentido una asignación para informales y otra para formales; hay que hacer una sola y que se cobre solo por tener niños. La línea de corte podría ser, por ejemplo, cuando se empieza a pagar Ganancias”.
Respecto de la eliminación de las condicionalidades, Rofman sostiene que la exigencia de un certificado de escolaridad podría haber “destrabado” un problema si era de demanda. “Si hay oferta de escuelas y los chicos no iban, podía haber ayudado. Si el problema es la falta de oferta, no importa lo que se exija, no funciona. Tal vez podría ser para secundarios si están los establecimientos y si no expulsan a los chicos”.
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