La baja del riesgo país

El Estado debería conseguir antes de 2003 el equilibrio fiscal
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29 de octubre de 2000  

El gobierno incorporó como estrategia central atacar los desequilibrios fiscales y reducir el riesgo país, lo que debe ser enfáticamente apoyado. Pero para alcanzar la máxima efectividad es preciso reconocer que la deuda pública no es baja, entender que su nivel y dinámica han sido el elemento determinante de la evolución negativa del riesgo país, y revertir esa evolución a través de un programa profundo y acelerado de consolidación. Es necesario y posible.

La deuda pública bruta consolidada pasó de 36,9 a 50,1% del PBI entre 1994 y 1999. Los intereses pasaron de 1,2 a 3,3% del PBI .

La deuda del gobierno nacional alcanzó el 43% del PBI en 1999, comparada con -en 1998- 22,2% para México, 12,2% para República Checa, 28,5% para Hungría, 10,2% para Corea y 29,7% para Polonia.

Aun en términos del PBI la deuda pública argentina presenta una situación desfavorable.

La principal variable explicativa del riesgo país y de las tasas de interés que deben pagar los Estados es la relación deuda externa/exportaciones. Y la posición de la Argentina no es buena. Pasó de 329,3% en 1994 a 427,4% en 1999; 60% de ese total lo explica el sector público. Para el conjunto de países en desarrollo esa relación bajó de 158,2 a 136,6 por ciento.

El aumento de la deuda pública produjo un aumento sustancial de las necesidades brutas de financiamiento. Las colocaciones de títulos públicos de la Argentina en el primer semestre representaron un 11% del total emitido por países emergentes.

En convertibilidad, el Gobierno no puede acceder a divisas endeudándose con el Banco Central.

En comparación con otros países, la apertura comercial de la Argentina es mucho más baja, su tasa de ahorro global es menor y el mercado de capitales está subdesarrollado. Es inapropiado comparar a la Argentina con países avanzados, que la superan generosamente en los tres aspectos.

La mayor deuda se ha dirigido a financiar aumentos improductivos del gasto corriente. La propensión unitaria al gasto del sector público convierte en improbable la afirmación de que si no se hubiera hecho la reforma previsional el déficit habría sido menor.

La necesidad de volúmenes anuales significativos de financiamiento bruto mantiene la vulnerabilidad financiera externa de la Argentina, y los elevados spreads que debe pagar el sector público.

La situación fiscal de la Argentina implica una generación potencial de deuda del orden de US$ 10.000 millones anuales.

La ley de responsabilidad fiscal es una respuesta insuficiente a la magnitud de los problemas, e implicaría un aumento de la deuda no inferior a US$ 20.000 millones hasta 2003. Se requieren plazos más perentorios y un ataque frontal a la ineficiencia y el despilfarro del gasto público, a la incapacidad para proveer los bienes públicos con la calidad y costo adecuados, a la evasión y a los impuestos distorsivos.

Un programa acelerado de consolidación fiscal capaz de mejorar rápidamente el riesgo país debe acelerar considerablemente la obtención del equilibrio fiscal. También hacer recaer la eliminación del déficit fiscal en la reducción del gasto ineficiente, indicando expresamente los medios a través de los cuales ello se concretará.

Debe haber un compromiso oficial de mantener la evolución nominal del gasto con independencia de la suba de la recaudación, dirigiendo todo a reducir impuestos y deuda.

Hay que establecer metas de eficiencia y calidad de nivel internacional en todas las fuentes de oferta de bienes públicos.

Hay que cubrir todos los puestos relevantes de la administración pública a través de concursos abiertos, sumarios de oposición y antecedentes con jurados que incluyan el sector privado. Se debe complementar la privatización de la recaudación impositiva recientemente propuesta, con el establecimiento de auditorías privadas de la gestión y gasto de toda la administración pública.

Es necesario comprometer superávit fiscales no inferiores a 1% del PBI durante los 10 años siguientes a la obtención del equilibrio. Y hay que convertir este programa en ley.

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