La Corte de EE.UU. empieza a tratar el caso argentino y el Gobierno busca ganar tiempo

La Corte Suprema de Estados Unidos empezará a tratar hoy el caso que la Argentina perdió en dos instancias contra un grupo de holdouts , con bajas probabilidades de que lo resuelva en forma inmediata, por lo que el Gobierno podría ganar tiempo mientras no se ejecuta el fallo.

Los demandantes, los fondos buitre NML y Aurelius y 13 inversores minoristas argentinos, creen que, antes o después, el alto tribunal desestimará el planteo argentino por la contundencia de los fallos previos sobre el criterio del pari passu.

Sin embargo, admiten que, con las diferentes apelaciones y la probable intervención del gobierno norteamericano, la Argentina puede ganar hasta un año. Por esta razón, siguen abiertos a escuchar una oferta intermedia entre el canje ofrecido por el Gobierno y el 100% que la justicia ordenó pagarles, pero que no pueden cobrar por las dificultades que tienen para embargar activos soberanos.

La actitud de escucha, según pudo saber LA NACION, incluye la posibilidad de que se haga un acuerdo a través de un tercero, como los fondos Gramercy o Fintech, que les compren la deuda a un precio "razonable", a cambio de obtener algún favor adicional del Gobierno, como lo dio a entender hace pocos días el dueño del segundo fondo mencionado, David Martínez.

Para los fondos buitre, el Gobierno debería aprovechar esta ventana temporal para negociar hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos decida si toma el caso o no, porque creen -como la mayoría de los abogados que siguen el caso- que finalmente ratificará el fallo en contra del país. Si espera hasta ese momento, deberá pagar sí o sí el 100%, como lo ordenó Griesa y lo ratificó la Cámara de Apelaciones de Nueva York, afirman. LA NACION quiso saber la postura del Ministerio de Economía sobre esta cuestión, pero no obtuvo respuesta.

El abogado Marco Schnabl, socio del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, dijo desde Nueva York que el trámite de hoy "será una anécdota burocrática, porque la Argentina explícitamente pidió que no hicieran nada hasta que no llegue el resto del expediente", que sigue en la Cámara de Apelaciones. Este cuerpo debe resolver el pedido de revisión que formuló la Argentina; posiblemente lo rechazará y a partir de ese momento el país tiene 90 días para volver a apelar ante la Corte Suprema. "Si la política es estirar los plazos para dejarle el tema al próximo gobierno, lo va a poder lograr, porque el caso recién se definiría en 2015", opinó Schnabl. El abogado argentino dijo que es improbable que la Corte rechace en forma tajante hoy tomar el caso.

"La variable más significativa para saber la estrategia de la Corte es si le piden opinión al procurador general, que tiene hasta 6 meses para expedirse. El alto tribunal lo pide en muy pocas ocasiones", sostuvo.

En tanto, Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell Oro Maini, también opinó que seguramente hoy "no va a pasar nada", y ratificó que "es altamente improbable que rechace el caso en forma rápida".

"Es posible que la Cámara de Apelaciones rechace el en banc cerca de fin de año; en marzo el Gobierno apelará nuevamente a la Corte y en septiembre ese cuerpo decidirá si analiza el caso o no", explicó.

El abogado consideró que, para recuperarse de los golpes jurídicos previos y lograr que la Corte tome el caso y, además, haya chances de ganarlo, el Gobierno debería basarse en la carta de la OEA para demostrar que "hay un caso federal". Recordó que por ahora para la justicia norteamericana no hay caso federal -y por lo tanto no debería intervenir la Corte- porque la cuestión del pari passu es un tema de derecho estadual de Nueva York. Tanto Schnabl como Etchebarne indicaron que seguramente la Argentina no concretará su amenaza de cambiar el lugar de pago de los bonos, porque eso implicaría la posibilidad cierta de que se levante el suspenso sobre la ejecución de la sentencia.