La Corte Suprema de EE.UU. se expedirá el lunes sobre el juicio a YPF

El comienzo de la semana no será uno más para el Gobierno, que tendrá su atención puesta en lo que ocurra en Estados Unidos . Pasado mañana, la Corte Suprema de ese país se expedirá sobre si el juicio en contra de la expropiación de YPF se debe desarrollar en Estados Unidos-como quiere Burford Capital Limited, el fondo de inversión que promueve el caso- o en la Argentina, como pidieron los abogados defensores de la petrolera y como pretende el gobierno de Macri.

Para ello, el procurador del Tesoro nacional, Bernardo Saravia Frías, viajará a Nueva York para seguir de cerca la sentencia.

Las primeras impresiones que llegan desde Estados Unidos no son muy positivas. La Corte Suprema le había pedido al procurador general de Estados Unidos, Noel Francisco -el abogado de la Casa Blanca-, una opinión no vinculante sobre si se debía aceptar o rechazar el intento del Gobierno para aislar la demanda en la Argentina.

Pese a las gestiones diplomáticas y legales del gobierno argentino en Washington para que la administración de Donald Trump diera su apoyo, Francisco desechó los argumentos esgrimidos por el país y respaldó los fallos de los tribunales inferiores a favor de Burford Capital.

El Gobierno busca desestimar la demanda amparado en el argumento de que la expropiación de YPF es un acto soberano y, por lo tanto, está amparado por la ley de inmunidad soberana extranjera (FSIA, según sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Esta opción obligaría a Burford Capital a recurrir a los tribunales argentinos. Pero la Justicia norteamericana ya rechazó ese argumento en dos ocasiones: en primera y en segunda instancia, por una decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Quien está a cargo de este proceso es la jueza Loretta Preska (sucesora del fallecido juez Thomas Griesa).

Preska considera que la demanda de Burford está basada en la violación de los estatutos de YPF, y no en "los actos soberanos de intervención y expropiación de la Argentina". Los demandantes sostienen que al momento de la estatización no se cumplió con los estatutos de la compañía, según los cuales quien se quedara con el 51% debía hacerle una oferta al resto de los socios. Un resultado adverso a YPF podría costarle al Estado unos US$3000 millones.

Burford es un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho un tiempo después. Adquirió a la Justicia española la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, compañías que la familia Eskenazi creó en ese país para esquivar el riesgo jurídico doméstico antes de comprar una parte de YPF.

Otra causa que tiene en sus manos Preska involucra el juicio por el cupón PBI, que por ahora representa una demanda menor, pero con un daño potencial altísimo contra las cuentas públicas. Estimado por la defensa, ronda los US$3000 millones, porque ese primer paso podría abrirles la puerta a otras demandas.

En este caso, el fondo Aurelius presentó una demanda contra el país por US$83,7 millones en los tribunales de Nueva York por el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI). Al nivel de actividad está atado el pago del bono denominado cupón PBI. En 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía, anunció que el crecimiento del año anterior había sido del 3%, por debajo del 3,22% que establecían esos títulos para pagar. El Gobierno cree que podrían llegar más demandas por ese lado.

Preska además está a cargo de un tercer juicio contra la Argentina. Se trata del porcentaje de holdouts (tenedores de deuda argentina en default) que no entraron en el acuerdo al que llegó el país con los fondos buitre en abril de 2016. Meses después del cambio de mando, el Gobierno les transfirió US$9300 millones para cancelar los acuerdos cerrados con bonistas minoristas, incluido NML Capital, de Paul Singer, líder del litigio contra la Argentina. Si bien quedó un porcentaje residual de bonistas díscolos, sus reclamos se cuentan en millones.