La guerra de las patentes, otra grieta que Alberto Fernández tendrá que cerrar

Hace menos de un mes, el 28 de agosto, un grupo de empresarios argentinos seguía el anuncio del entonces recién asumido ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, como si fuera un partido de fútbol. Miraban las pantallas de sus celulares de reojo, se levantaban de sus sillas para salir unos minutos del salón en el que estaban reunidos, en la Bolsa de Comercio, y cuchichear en los pasillos o para preguntar las novedades a los que recién entraban de la calle.

El inesperado "reperfilamiento" o reprogramación de parte de los pagos de la deuda pública había sorprendido a dueños y altos ejecutivos de los principales laboratorios nacionales en medio de un seminario sobre patentes y propiedad intelectual. Un tema de fondo que, a esa altura de la tarde, con el riesgo país en 2100 puntos, ya había quedado como un debate demasiado sofisticado para un país que se mueve al compás de la cotización del dólar y una fragilidad institucional que convierte en un tembladeral todas las eventuales transiciones de gobierno.

Pero que no fuera urgente no significa que no fuera importante para definir el futuro de cuestiones sensibles para el común de la gente, como, por ejemplo, la accesibilidad y el precio de los medicamentos, y de otras estructurales, como la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

Con el resultado de las PASO todavía fresco, los representantes de los laboratorios locales no podían ocultar su alegría por lo que las primarias parecían anticipar: el final de un gobierno, el de Mauricio Macri, con el que tuvieron una pésima relación y la posible llegada de otro, el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, al que intuyen mucho más amigable con la industria nacional y, por lo tanto, con una visión más afín a sus intereses. Sin ir más lejos, en la temática que los había convocado aquella tarde de miércoles.

El señorial edificio de 25 de Mayo y Sarmiento había sido el inusual escenario de un seminario organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) en el que distintos especialistas habían coincidido en el rechazo a una eventual adhesión del país al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Proyecto dormido

El proyecto de ley que permitiría dar ese paso duerme desde hace décadas en el Congreso con una sanción favorable del Senado y actualmente está varado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que preside la oficialista Cornelia Schmidt Liermann. Esta legisladora de Pro fue invitada a exponer en el encuentro, pero se excusó con los organizadores mediante una carta en la que dijo que estaba a favor del PCT.

Sorpresa, pero no tanto: sí había participado, a principios de julio, en otro seminario, este a favor de la adhesión argentina al tratado, organizado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el organismo que es el gran promotor global del PCT, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Allí también habían sido oradores otros funcionarios, como el secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción, Mariano Mayer; el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe, y el presidente del INPI, Dámaso Pardo. Mayer resumió el espíritu del encuentro en una frase: "Es una picardía que no tengamos el PCT aprobado".

Quienes pretenden que la Argentina se sume a la lista de 152 países que ya firmaron este convenio multilateral de protección de todo tipo de patentes, incluyendo las medicinales, dicen que, entre sus principales ventajas, se facilitaría la presentación de solicitudes en forma simultánea en varios países (la protección que otorgan las patentes no es global, sino territorial), abaratando costos y fomentando así la generación y exportación de nuevos inventos locales a todo el mundo, ya no solo por parte de grandes empresas, sino también de inventores individuales y pymes.

Quienes, en cambio, rechazan que la Argentina ingrese en el PCT dicen que habrá un aumento de patentamiento extranjero en el país, extensión de los plazos de patentamiento, un control del mercado local por parte de productos importados con desaliento a la producción nacional y que el patentamiento argentino en el exterior será limitado por otros costos asociados, como, por ejemplo, la defensa legal de posibles objeciones por parte de productores de los países en los que se presenten los inventos. Según el especialista Carlos Correa, director de South Centre, una organización intergubernamental con sede en Suiza, "los sectores farmacéutico y agroquímico argentinos se van a ver perjudicados" en la competencia con sus pares extranjeros, firmes defensores del PCT.

Promesa de revisión

El debate se reavivó a partir de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Gobierno festejó como un gol en medio de las penurias económicas y que habla de que "las partes harán los mejores esfuerzos para adherir al PCT".

El socio mayor del bloque, Brasil, ya está adherido, pero aún no lo han hecho la Argentina, Uruguay y Paraguay. Para algunos, un compromiso demasiado light; para otros, una amenaza.

Alberto Fernández dijo que el país estaba yendo "debilitado y a ciegas" hacia el acuerdo UE-Mercosur y no descartó revisarlo en caso de ser presidente. Tampoco pasó inadvertido el fuerte gesto del candidato opositor de mostrarse junto al presidente de la UIA, Miguel Acevedo, en el polémico agasajo que le organizó en Tucumán el gobernador de esa provincia y exministro de Salud de Cristina Kirchner Juan Manzur, de excelente relación con algunos popes de la industria farmacéutica local, como Hugo Sigman, accionista de Elea y Biogénesis Bagó, y Eduardo Macchiavello, presidente de Cilfa y número uno de Roemmers. Estos dos laboratorios, junto a los también nacionales Casasco, Gador y Bagó, conformaron el top 5 del ranking de ventas de 2018, que totalizaron US$5600 millones, según datos de FIEL y de la consultora especializada Iqvia.

El presidente de Gador es Alberto Álvarez Saavedra, actual secretario de la UIA y uno de los anfitriones del seminario en la Bolsa porteña. Algunos de ellos fueron denunciados el año pasado por la diputada oficialista Elisa Carrió, que los acusó de querer desestabilizar al gobierno de Macri.

En una Argentina sin políticas de Estado, todo es cuestión de paciencia. Hay que saber esperar cuatro, ocho o 12 años, pero a la larga el conductor termina cruzando de carril y tomando la dirección contraria por la que venía circulando hasta el momento. Puede ser en materia política, económica, financiera o de relaciones internacionales. Los industriales argentinos presienten que la historia podría repetirse y, al menos en la cuestión que los atañe, lo ven con buenos ojos.