La ley paraguaya traba la marcha de Yacyretá

Frenaría inversiones por US$ 900 millones
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3 de diciembre de 2001  

POSADAS.- Una ley sancionada recientemente por el Congreso paraguayo, que modificó una anterior -también reglamentaba las expropiaciones de Yacyretá en territorio del ese país-, sería una traba para la continuidad del proyecto y afectaría la terminación de las obras.

El tema fue evaluado recientemente en Estados Unidos durante una reunión entre representantes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y autoridades de ambos países con directivos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La EBY argentina depende ahora del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El embajador argentino en Washington, Guillermo González, sostuvo que la norma paraguaya generó incertidumbre jurídica y que, de aplicarse en sus actuales términos, frenaría la finalización del proyecto, privando a la región donde se encuentra la represa de energía incremental y de inversiones por US$ 900 millones.

Más de 40 técnicos, funcionarios y diplomáticos analizaron en conjunto las posibilidades de seguir avanzando con Yacyretá, donde el Tesoro argentino es garante de los 10.000 millones de dólares gastados. El director ejecutivo de la EBY, Rafael Martínez Raymonda, dijo que la intención de elevar el embalse para producir más energía, prevista para febrero de 2002, quedó postergada por la situación financiera de los dos gobiernos. Entonces, se plantea la conveniencia de tercerizar labores, incorporando un contratista privado.

"Inaceptable"

El director de la EBY se manifestó preocupado por la promulgación de la ley de expropiaciones en Paraguay, por sus consecuencias sobre el escenario de previsibilidad y seguridad jurídica que requiere la participación privada en el proceso final del emprendimiento. A su vez, el ministro paraguayo de Obras Públicas y Comunicaciones, Alcides Jiménez, expresó la decisión de su gobierno de cooperar en la solución de los problemas y abogó por la actualización del tratado, especialmente de un anexo que data de 1992.

En cuanto a la norma expropiatoria, opinó: "No impedirá la terminación de Yacyretá, ya que las tasaciones estarán a cargo de una comisión binacional. Si el costo supera montos fijados en los pliegos, será pagado por la EBY. Si surgieran sobrecostos adicionales porque interviene la Justicia, deberán pagarlos los gobiernos en sus respectivas márgenes".

Para la representación argentina, la solución ofrecida por los socios paraguayos es "inaceptable".

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