La movilidad jubilatoria y las cuentas pendientes

9 de Septiembre de 2012

Tras la orden dada por la Corte Suprema en 2006, el Gobierno puso en vigor en marzo de 2009 un régimen de movilidad para las jubilaciones y pensiones del sistema gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Pero al mismo tiempo mantiene hoy una millonaria y creciente deuda con cientos de miles de jubilados que entre 2002 y 2006 recibieron una nula o insuficiente suba de haberes, deteriorados por la inflación. Esa falta de ajustes llevó a que, cuando comenzó a aplicarse la ley de movilidad, el grupo de pasivos que por aquellos años cobraban $ 1000 o más, tuvieran un poder de compra un 40% inferior al de 2001.

La ley respectiva dispone que deben darse dos aumentos por año, en marzo y en septiembre. El porcentaje se determina según una fórmula que considera la evolución de los salarios y de la recaudación de recursos del sistema.

El de las jubilaciones es el caso en que el Estado decidió reconocer los efectos de la inflación y atarse a un mecanismo para compensarlos. Este mes los haberes subirán 11,42%, que sumado al aumento de marzo da una mejora para este año de 31,05%. Desde 2009, el aumento acumulado llega a 172%, superando el alza general de precios, incluso según estimaciones privadas.

Pero, por otro lado, persiste una deuda estimada por la propia Anses en más de $ 12.000 millones. Es el costo que tendría adecuar los haberes de muchos pasivos a lo dicho por la Corte Suprema en el fallo Badaro: que todos los ingresos debieron haber subido, entre 2002 y 2006, según la evolución del salario promedio de los trabajadores activos.

No es la única deuda que surge de los reclamos que hacen colapsar el fuero previsional: entre otras razones, los litigios son también por el mal cálculo del haber inicial. Es que durante un tiempo no se actualizó el valor histórico de los sueldos tenidos en cuenta para calcular la jubilación, que son los últimos 120 previos al retiro.

La movilidad previsional determina también un aumento –en los mismos meses– de los aportes a la seguridad social hechos por los autónomos y del tope salarial para el cálculo de los descuentos para financiar las jubilaciones, el PAMI y la obra social del trabajador. Esas dos variables subieron, desde 2009, en los mismos porcentajes en que lo hicieron las jubilaciones.

Para los autónomos, ese sistema es fuente de una distorsión, porque se actualizan los aportes a ingresar en el fisco, pero no los topes de facturación para estar en una determinada categoría.

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