La oposición apunta a Boudou y unifica sus propuestas para sanear al Indec

Los bloques de la UCR, la Coalición Cívica, el Pro y el peronismo disidente acordaron interpelar al ministro de Economía para que explique la lentitud de los cambios en el organismo
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30 de diciembre de 2009  • 19:41

La oposición presentó hoy un acuerdo conjunto para interpelar al ministro de Economía, Amado Boudou, respecto de la situación de intervención oficial que vive el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La causa común de los bloques de la UCR, Coalición Cívica, el PRO y el peronismo disidente implica, además, una unificación de los proyectos existentes para reformar el organismo acusado de manipular estadísticas desde 2007.

Las diputadas nacionales Gabriela Michetti (PRO), Patricia Bullrich (CC), Silvana Giudice (UCR) y Gustavo Ferrari (Peronismo disidente), fueron las encargadas de presentar el acuerdo, que establece, como tercer punto, invitar al Consejo Académico a exponer sus conclusiones y propuestas.

Ayer, los académicos habían calificado de "insatisfactoria" la respuesta del Indec a sus pedidos de información, que tienen como fin elaborar una propuesta superadora para devolver la institucionalidad al organismo.

Fuentes legislativas habían confirmado esta mañana a lanacion.com que acordaron llamar al ministro Boudou, quien se hizo cargo políticamente de la reforma del Indec desde agosto pasado, para que brinde explicaciones sobre la lentitud de los cambios en ese cuestionado instituto.

"Hemos coincidido en la necesidad de trabajar para presentar un único proyecto de recuperación del sistema estadístico argentino, confiando en que cada uno de estos pasos irá ayudando para mejorar la situación y las expectativas de todos", dijo Michetti.

Bullrich agregó: "Lo que se quería realizar en realidad era una parodia de control. Una sociedad democrática necesita un Sistema Estadístico Nacional (SEN) confiable en lugar de reflejar las fantasías del matrimonio presidencial Kirchner".

Respecto de la interpelación de Boudou, Giudici apuntó: "Es responsable del manoseo que sufre el Indec y debe venir al Congreso a dar explicaciones".

Mientras que el oficialismo apuesta al cumplimiento del decreto que dio origen al consejo académico y al consejo de observación -que nunca llegó a conformarse-, la oposición cree que cuenta con la fuerza como para interpelar al ministro y para legislar a favor de la autonomía y la reposición en sus cargos de los funcionarios desplazados desde 2007.

La UCR busca ahondar en detalles. Por el lado de la UCR, según el documento al que accedió lanacion.com, los senadores nacionales Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Luis Naidenoff y Ramón Mestre, exigieron a Boudou un listado con la composición de la planta de personal del Indec a diciembre de 2006, otro sobre los trabajadores contratados como monotributistas, un detalle de aquellos que fueron despedidos en los últimos dos años y la estructura administrativa del instituto.

También reclamaron un informe sobre el presupuesto total destinado a la realización del Censo Poblacional 2010 y los convenios celebrados con distintos organismos provinciales. Además, un detalle del presupuesto destinado a cada una de las etapas, el listado de personal afectado y los montos por horas censales extra que se les pagará, y los resultados de las pruebas piloto.

"Incluso, en relación con el estudio que las universidades llevan adelante sobre el organismo, los radicales solicitan conocer los informes, junto las causas que han impedido la entrega de esa documentación, según indican los académicos", se estimó.

Críticas. El pedido de informe de la UCR recordó que "durante el mes de enero de 2007, los técnicos y trabajadores del Indec denunciaron a través de los distintos medios de prensa, que por iniciativa del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se estaba desplazando arbitrariamente de su lugar de trabajo a técnicos de relevante trayectoria en el instituto estadístico" para "manipular el Indice de Precios del Consumidor y falsear los índices inflacionarios"

Por último, agregó que "de comprobarse su veracidad" este hecho puede considerarse "como un golpe institucional al derecho a recibir una información verídica sobre las condiciones socioeconómicas de un país".

Con la colaboración de Francisco Jueguen y Martín Kanenguiser

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