La promoción de inversiones se renovó

El Ejecutivo, y no Economía, la aplicará
Gustavo Ybarra
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13 de marzo de 2008  

El oficialismo debió soportar ayer el duro embate de la oposición en el Senado antes de poder sancionar la renovación del sistema de fomento a las inversiones en obras de infraestructura y compra de maquinaria, régimen vencido en septiembre último y que es motivo, como todas las iniciativas relacionadas con las obras públicas en la gestión kirchnerista, de severas sospechas acerca de su transparencia. El ataque de la oposición estuvo centrado en el cambio de rumbo adoptado por los senadores oficialistas, que ayer ratificaron la decisión del Ejecutivo de dejar librada a la futura reglamentación de la ley la definición de cuál será la autoridad de aplicación del régimen, que establece exenciones y diferimientos impositivos por más de $ 1000 millones.

Esta postura es opuesta a la adoptada por el mismo bloque conducido por el rionegrino Miguel Angel Pichetto, que hace un mes había aceptado cambiar el texto del Ejecutivo y fijar al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Pero ese acuerdo, sellado en el Senado con la presencia del ministro de Economía, Martín Lousteau, fue dejado sin efecto por la bancada oficialista de Diputados, que por orden de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió al texto original.

Ayer, el oficialista Roberto Urquía (PJ-Córdoba) intentó justificar el cambio de postura al señalar que, tras un análisis "en profundidad", el bloque oficialista había llegado a la conclusión de que el régimen implicará "la intervención de diferentes áreas" del Gobierno, razón por la cual "es el Poder Ejecutivo el que debe ejecutar esta política de incentivos y debe definir los mejores procedimientos y las carteras para hacerlo". Un mes atrás, había argumentado a favor de la inclusión del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación.

Lo que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda no dijo fue que la ley del régimen vencido sí especificaba la autoridad de aplicación, que había recaído en el Palacio de Hacienda. Tampoco que fue la Presidenta que obligó a dar marcha atrás.

Llamadas oficiales

El que se lo recordó fue el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, que aseguró que apenas terminada aquella sesión, en febrero, "los teléfonos empezaron a bramar desde la Casa Rosada pidiendo explicaciones". "Me imagino lo que debían decir del otro lado -siguió-: «Que a quién se le ocurre modificar una coma de un proyecto del Poder Ejecutivo, para colmo a pedido de los radicales». Me imagino cómo bramaría ese teléfono, después de años de oírlo en este recinto, aquí al lado. Faltó que hubiese dicho « it s too much »". Cualquier alusión a la ex senadora y vecina de banca de Sanz y hoy presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es pura coincidencia. "Esta ley maneja plata y cuando se trata de plata, para el Gobierno, los de afuera son de palo. La autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Planificación", remató.

María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) dijo que el régimen de promoción fue un fracaso porque "ha beneficiado a grandes empresas".

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