La recesión enciende luces de alerta en las cuentas públicas de las provincias

En los gobiernos locales hay preocupación por una caída de los recursos propios; tras un 2018 en el que el ajuste jugó su rol, la cuestión salarial será fundamental
Gabriela Origlia
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17 de febrero de 2019  

CÓRDOBA–. La recesión empezó a golpear la recaudación propia de las provincias ya en el último trimestre de 2018. Y ese efecto de la caída del nivel de actividad se profundizó en enero. El mayor impacto se da en los distritos grandes que dependen en menor medida que otros de la coparticipación de impuestos de recaudación nacional.

La baja de ingresos por menor actividad y por la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos (en algunos casos) a la que obligó el Consenso Fiscal, de la mano de los mayores compromisos asumidos por las jurisdicciones para compensar el recorte de subsidios nacionales al transporte y la energía, podrían complicarles el primer trimestre del año a las administraciones de nivel provincial.

Ingresos Brutos –el impuesto que tiene mayor participación en la recaudación propia de las provincias, con niveles que se mueven entre 70% y 73%– registró en el último bimestre de 2018 una caída real de 3,3% en la comparación interanual, con un comportamiento heterogéneo entre jurisdicciones y según datos del Iaraf. En enero y en Córdoba, por ejemplo, la caída interanual real de los recursos obtenidos por ese impuesto fue de 18%. Y, según sondeos hechos por LA NACION, en las otras "grandes" jurisdicciones, el comportamiento fue similar.

Las fuentes consultadas aclararon que todavía no se puede definir que lo recaudado en enero sea el piso, porque todavía no se está viendo plenamente la baja de alícuotas de este año (las declaraciones juradas del cobro del primer mes del año corresponden aún a 2018).

A partir de los últimos meses de 2018, por la caída de la actividad económica y su impacto en la recaudación, el Iaraf modificó sus proyecciones de baja del gasto en el consolidado provincial hasta 2022: "Las circunstancias son otras; nos preguntamos si con una caída real de la recaudación en 2018 de 1,8% se podría sostener la coparticipación extra que, en parte, explica el cambio de resultados; es probable que la actividad siga cayendo hasta iniciado el segundo semestre", señalaron en ese centro de estudios.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción que menos depende de la recaudación de impuestos nacionales, que viene bajando menos que las provinciales. En la capital del país, solo 25% de los ingresos provienen de la coparticipación. En los otros distritos que están entre los cinco más grandes –Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe–, ese porcentaje ronda el 55%. Y en el resto del país promedia el 75%.

La caída de las recaudaciones propias es una señal de alerta que los ministros provinciales siguen muy de cerca. Fuentes de Hacienda de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan coincidieron, al ser consultadas por LA NACION, en que la recesión debería ceder a partir de abril, especialmente por el impulso de la cosecha. En el caso de los distritos con más actividad industrial que agropecuaria, también se audita de manera permanente lo que ocurre con el nivel de actividad en Brasil, porque una reactivación allí es un factor que podría empujar aquí.

"Será un año malo, eso está fuera de discusión –graficó un funcionario santafesino–. El punto es cuánto menos malo de lo que arrancó. En definitiva, todos esperamos que se cumplan las proyecciones y que el segundo semestre levante".

Un tema que por ahora es una incógnita y cuya definición será fundamental para la evolución de las cuentas provinciales este año es la discusión salarial. La brecha promedio de diez puntos de 2018 entre inflación y subas nominales de los ingresos de quienes están en las dotaciones estatales tuvo un rol importante en la mejora del frente fiscal. El gasto en personal representa la mitad de los ingresos totales, en el promedio.

La provincia de Santa Cruz grafica plenamente la situación: después de 15 años de rojo, en 2018 logró superávit fiscal gracias a la inflación y al ajuste salarial. El de la gobernadora Alicia Kirchner es un caso extremo, ya que en 2017 no otorgó incrementos y en 2016 y 2018 las subas fueron de 15% y 20%, muy por debajo de la inflación. Para este año, la pauta salarial es cero.

Los mandatarios provinciales coinciden en que después de una inflación de casi 48% el año pasado, las presiones por la inclusión de una cláusula gatillo en las paritarias es "creciente". La consultora Econométrica analizó que la mejora del resultado fiscal de las provincias en 2018 se explica porque que la aceleración de la inflación se traslada con mayor velocidad a los ingresos que a los gastos, lo cual generó un ahorro temporal.

Para el año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que en el dato consolidado de las provincias se alcanzó un superávit fiscal primario de 0,2% del PBI; considerando el pago de intereses de la deuda, el déficit financiero rondaría 0,2% del producto.

La ley de Responsabilidad Fiscal impide que el empleo estatal aumente por encima del crecimiento de la población y que el gasto público corriente primario se eleve más allá de lo que marque la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. El incumplimiento de estos puntos podría desembocar en que la administración nacional no autorice endeudamientos a los gobernadores que, en muchos casos, analizan dar ese paso para continuar planes de obra pública. Hoy hay diálogo con el gobierno central para consensuar los parámetros que se aplicarán en esos casos.

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