La reforma judicial K empeora las perspectivas laborales

La reforma judicial, aprobada este jueves en un marco escandaloso, podría ser vista bajo la estrecha lupa del empleo. Pero el paquete de normas impulsado por el kirchnerismo es mucho más. Además de modificar algunas condiciones laborales en el Poder Judicial, especialistas consultados por LA NACION estiman que la supuesta democratización de la Justicia atentará contra la inversión y, por ende, contra la creación del empleo privado, ya congelado desde 2007.

Además, los seis proyectos enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo (reforma al Consejo de la Magistratura, creación de cámaras de casación, limitación de cautelares, concursos para los judiciales, publicidad de las decisiones de la Justicia, y transparencia de las declaraciones juradas) aumentará los costos y dilatará los tiempos de la administración de Justicia para trabajadores y jubilados, y lo que podría ser aún peor pondría a estos últimos en una mayor desigualdad frente al Estado.

"La reforma judicial es importante porque condiciona la inversión. Estos cambios en el Poder Judicial son un desincentivo a la inversión privada y, por lo tanto, a la creación de empleo", alerta Ernesto Kritz, director de Poliarquía.

Con otra interpretación sobre las causas, cerca del oficialismo coinciden sobre el impacto de los cambios. "Por supuesto que se le hace mucho daño a la inversión y si ésta cae, afecta al empleo. Pero no es por la reforma, sino por las expectativas que generan los operadores", afirma el economista Pablo Tigani,

La inversión ya venía estancada desde antes de la reforma judicial propuesta por el Gobierno. Según el índice elaborado por Orlando Ferreres y Asociados, el primer trimestre de este año terminó con una caída de 1,8% en la medida interanual.

"Esta reforma es de enorme gravedad porque una justicia adicta y politizada como la que pretende atenta contra la inversión y el empleo", afirmó días atrás Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Según el ranking Doing Business del Banco Mundial, que busca establecer una correlación entre la calidad institucional y el desarrollo económico, la Argentina aparece en el escuadrón del fondo de la tabla (puesto 124) por delante de Brasil (130), Ecuador (139), Bolivia (155) y Venezuela (180). En los mejores lugares surgen Chile (35), Perú (43), Colombia (45), y México (48).

Un informe de Idesa recuerda, en sintonía, que una investigación realizada en el Banco Mundial (Regulaciones y crecimiento, 2006) señala que si los países que están en las últimas posiciones, como la Argentina, lograran acercarse a las 30 primeros lugares, la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía aumentaría en 2,3 puntos porcentuales. "Un crecimiento de 2% anual alcanzaría para generar los puestos de trabajo necesarios para dar empleos a quienes ingresan cada año al mercado laboral."

Entre los cambios propuestos, el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura buscaba quitar a la Corte Suprema el manejo de los fondos del Poder Judicial y de decidir sobre aumentos de sueldos, nombramientos y contratos. Tal idea quedó trunca en la semana luego de que una carta firmada por todos los camaristas del país alertara sobre la posibilidad de la "paralización del Poder Judicial". El Gobierno decidió entonces que la administración de los fondos y de los concursos públicos para el ingreso a la Justicia se manejaran en la Corte.

El sindicato de los judiciales, que dirige Julio Piumato, también planteó dudas sobre el proyecto de concursos públicos. "Omite en la integración del órgano encargado de tomar el examen al representante de la Unión de Empleados de la Nación, impidiendo su transparencia y además oficializa como categoría la modalidad de locación de servicios, una forma de precarización laboral".

Otro de los proyectos oficialistas prevé la creación de tres nuevas cámaras de casación, entre ellas la Cámara Federal y Nacional del Trabajo y la Seguridad Social. "No sólo será una instancia previa al acceso a la Corte Suprema, sino que además será obligatorio el paso por la misma", dice una abogada que pidió mantener en reserva su nombre.

"Los trabajadores y jubilados, para obtener una sentencia judicial que resguarde los derechos por los que velan, los que tienen netamente carácter alimentario, deberán en el futuro pasar por una nueva revisión judicial, lo que implica una obtención de la justicia más lenta, más burocrática, más costosa y que, en definitiva, desalienta el acceso a la misma", explica la letrada, que entiende que esta medida hará más lenta la llegada de los expedientes a la Corte, tribunal que ejerce el control de constitucionalidad.

La Justicia en números

• $ 7126
  
  Son los millones de pesos que manejaría la Corte Suprema durante este año como presupuesto del Poder Judicial.
• 23.075
  
  Es la cantidad de trabajadores judiciales contando empleados comunes, funcionarios, maestranza y obreros.