La Unión Europea demandó al país por las trabas al comercio

PARIS.– La Unión Europea (UE) inició ayer ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el proceso que podría culminar con la aplicación de sanciones internacionales contra la Argentina, al denunciar las "restricciones" a las importaciones impuestas por el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, que provocan un "daño real" a la economía europea.

La demanda europea fue presentada ante el Organo de Solución de Disputas (OSD), la instancia de arbitraje comercial de la OMC. Según el código de procedimientos de la organización con sede en Ginebra, éste es el primer paso de un procedimiento que podría tomar cerca de dos años. "Las restricciones argentinas a la importación violan las normas comerciales internacionales y es necesario eliminarlas. Esas medidas provocan un daño real a las empresas de la UE y perjudican el empleo y toda nuestra economía", declaró el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht.

El gobierno de Cristina Kirchner tiene ahora diez días para responder al pedido de consultas de la UE, que deben hacerse en un plazo de dos meses. En caso de ausencia de acuerdo entre las partes o de falta de respuesta de parte de la Argentina, la OMC nombrará un panel arbitral.

La UE acusa a la Argentina de violar las reglas de la OMC que promueven un comercio transparente, justo y equilibrado. En otras palabras, la responsabiliza de practicar una política proteccionista prohibida expresamente por la organización.

El bloque denuncia la imposición por parte del gobierno argentino de una preinscripción y una autorización previa para poder importar todo tipo de producto, y la obligación de contar incluso con una licencia de importación para muchos de ellos.

Plazos que se exceden

Las licencias no automáticas son el paso legal necesario para la importación de productos al país y, según las reglas de la OMC, el procedimiento administrativo para conseguirlas debe ser transparente, sencillo y predecible, incluso facilitando su concesión rápida y hasta automática en determinados casos.

Las normas de la OMC que regulan la emisión de licencias no obligatorias establecen que se deben procesar en un plazo de 60 días, pero los países afectados señalan que, en la práctica, ese período se supera con creces, con demoras de hasta seis meses.

Los productos más afectados por las restricciones argentinas, según los denunciantes, son neumáticos, tractores, computadoras portátiles, electrodomésticos, químicos, automóviles, maquinarias, textiles y papelería, entre otros.

La acción europea contra la Argentina se produce un día después de la reunión en París del canciller Héctor Timerman con el director de la OMC, Pascal Lamy, en el contexto de la conferencia del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en esta capital.

En esa entrevista, el ministro pidió a la OMC que "se aboque a la eliminación de nuevas barreras al comercio impulsadas por los países desarrollados bajo la excusa de protección al medio ambiente, bienestar animal, fitosanitarias y exigencias sin fundamentos científicos". En ningún momento Timerman se refirió, sin embargo, a las políticas argentinas de importación.

Aunque la seriedad de la acusación es mayor, el reclamo europeo de ayer no es el primero. Durante los últimos tres meses, la misma denuncia fue presentada en tres ocasiones por más de 40 países ante diferentes organismos de la OMC. El 4 de mayo pasado, a la protesta de los 27 miembros de la Unión Europea, se habían sumado Australia, Turquía, Noruega, Tailandia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Costa Rica, Colombia, Perú, Taiwan, Japón, Corea del Sur y Canadá.

Esta es, sin embargo, la primera vez que uno de los socios comerciales de la Argentina lanza un procedimiento oficial que podría concluir en la adopción de sanciones. A pesar de la irritación general contra la política comercial y las restricciones a la importación practicadas por el gobierno argentino, ningún país había decidido hasta ahora llevar el diferendo al Organo de Solución de Disputas (OSD).

La Argentina siempre ha rechazado las acusaciones considerándolas carentes de objetividad y políticamente motivadas. Los representantes argentinos ante la organización afirman invariablemente que la actual reglamentación sobre importaciones en vigor en el país respeta rigurosamente las reglas de la OMC.

La dura acción europea se produce pocas semanas después de la decisión del gobierno argentino de nacionalizar YPF. Diversas fuentes europeas consultadas en Bruselas coinciden, no obstante, en que la marginación de la empresa española Repsol no influyó para nada en la decisión de la Unión Europea.

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